Solo es superada por Navarra, Castilla y León y La Rioja
08 sep 2023 . Actualizado a las 14:45 h.Asturias es la cuarta comunidad autónoma con mayor desarrollo de su sistema de servicios sociales, según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 (Índice DEC). El Principado, al que solo superan Navarra, Castilla y León y La Rioja, ha mejorado su índice al pasar del 5,67 en 2021 al 6,25 el año pasado.
Según el estudio, a nivel global la calificación de Asturias registra una mejora tras dos años de retroceso, y queda solo a una décima de su mejor registro, que ha sido de 6,35 puntos en los años 2013, 2014 y 2018. La mejora se registra especialmente en la ordenación del sistema, y en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, mientras que sigue descendiendo la relevancia económica.
Los servicios sociales mejoraron en 2022 en doce autonomías, aunque las administraciones han ralentizado el gasto que dedican a estas prestaciones y siete comunidades lo hacen de manera «débil» o incluso «irrelevante».
Esta evaluación, que realiza cada año la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre el sistema público de protección social, se ha presentado este viernes en Madrid.
El análisis muestra que las autonomías que empeoraron sus servicios sociales en 2022 fueron Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña pero que, a nivel estatal, se produjo una mejora en los servicios sociales, sobre todo gracias a los avances en la legislación.
Sin embargo, aunque las comunidades registraron la nota media más alta (5,35) desde que se elabora el estudio (2012), el análisis muestra que el «escaso incremento» presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía.
El «escaso desarrollo» de los servicios sociales para personas mayores y el «desmantelamiento» de los recursos destinados a la inserción social muestran lo que el coordinador del estudio, Gustavo García, ha tildado de «derechos de papel».
«A nivel nacional hablamos de derechos de papel. La normativa está muy bien pero la práctica no va acompasada. Es decir, los ciudadanos pueden pensar que serán atendidos ante una situación de dependencia, pero en muchos casos no es así. Miles de personas fallecen sin ver ese derecho reconocido porque pasan meses y a veces años hasta que lo reciben, lo cual es inhumano. Hay que reducir la retórica y aumentar la práctica», ha subrayado García.
Según este informe, Andalucía, Cantabria y Murcia disponen de unas prestaciones «irrelevantes» en esta materia; en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son «débiles»; en Baleares, Aragón, Galicia y Canarias son «medio bajas» y en Navarra, Castilla y León, La Rioja, Asturias, País Vasco y Extremadura, son «medias».
Además, los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registraron un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia. Así, el análisis refleja que las plazas residenciales públicas apenas han aumentado desde 2019 -seis centésimas- y que es en los servicios domiciliarios, en la ayuda a domicilio, en teleasistencia y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado.
«Esto hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las administraciones públicas», subraya el informe, que destaca también que desde 2014 los centros de día reducen poco a poco su «escasa cobertura», ya que han pasado del 1,10 % en 2014 al 1,05 % en 2021, infforma Efe.