La Sindicatura de Cuentas llama a agilizar la gestión del salario social con una «plantilla de personal estable»
ASTURIAS
El órgano fiscalizador también recomienda al Gobierno asturiano abordar «con urgencia» el problema del espacio físico en el que se desarrolla esta labor
28 sep 2023 . Actualizado a las 11:28 h.La Sindicatura de Cuentas del Principado considera que el salario social básico implantado en Asturias «contribuye de forma significativa a que las personas que carecen de recursos económicos suficientes tengan garantizado un nivel mínimo de renta», si bien señala la necesidad de «agilizar la gestión reduciendo los tiempos de tramitación» y de «intensificar el alcance de los trabajos de revisión de los expedientes». Según el órgano fiscalizador, a ello contribuiría disponer de «una plantilla de personal estable, dotada con recursos tecnológicos adecuados a las tareas que desarrollan y ubicada en un espacio de trabajo apropiado».
Así consta en el informe de fiscalización del salario social correspondiente a 2021, que tenía por objetivo de comprobar si el salario social garantiza unos ingresos mínimos a las personas que carecen de los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y si los instrumentos de incorporación vinculados al salario social favorecen la inserción laboral de sus beneficiarios.
Otra conclusión del informe es que la administración no disponía, en el ejercicio fiscalizado, de estudios o indicadores relacionados con la evaluación y el seguimiento de la eficacia de los instrumentos de incorporación vinculados al salario social básico que determinasen el grado en el que las medidas favorecieron la inserción social y laboral de sus beneficiarios.
Según la Sindicatura, si bien los esfuerzos se centran en la actualidad en reforzar las medidas de inclusión social y su seguimiento, por la naturaleza dual de la prestación, «el control se torna fundamental para poder evaluar su efectividad».
Entre las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Cuentas se incluyen la implantación de un servicio especializado de atención presencial al ciudadano, la culminación de la digitalización de la documentación que integra los expedientes, o la mejora del control de los tiempos de tramitación «revisando o implementado, en su caso, sistemas específicos para ello».
En materia de personal, el órgano fiscalizador considera que la administración debería adoptar, dentro de los márgenes que le posibilita la normativa sobre función pública, «las medidas necesarias para contribuir a la continuidad de la plantilla de personal que gestiona el salario social básico en función de sus necesidades estructurales», y «abordar con urgencia el problema del espacio físico en el que desarrollan los trabajos los gestores de la prestación».
En 2021, el Principado de Asturias destinó casi 104 millones de euros a pagos en nóminas del salario social y el total de personas beneficiarias ascendió a 37.328, lo que supone una tasa de cobertura del 18 por ciento de las que en ese ejercicio estaba en riesgo de pobreza.
La Sindicatura precisa que existen limitaciones para conocer los potenciales beneficiarios de la prestación, como la existencia de personas que, a pesar de cumplir los requisitos, no solicitan la prestación o aquellos a los que se les ha concedido el ingreso mínimo vital.
Además, apunta que entre las personas titulares de salario social básico, 18.542, hay un desequilibrio de género ya que el 65 por ciento son mujeres.
El ámbito de fiscalización del informe se centró principalmente en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y en una muestra de ocho ayuntamientos coincidentes con las áreas sanitarias a partir del criterio de mayor población: Valdés (área I), Cangas del Narcea (área II), Avilés (área III), Oviedo (área IV), Gijón/Xixón (área V), Llanes (área VI), Mieres (área VII) y Langreo (área VIII), informa Efe.