Ecologistas en Acción denuncia que el mapa realizado por el Observatorio Ibérico de la Minería, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, recoge más de un centenar de minas «ilegales» por vulnerar derechos sociales y/o ambientales
13 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), iniciativa de ciudadanía ambiental que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, ha elaborado un mapa en el que documenta que en España existen más de un centenar de minas que vulneran los derechos sociales y/o ambientales, una cifra que podría representar sólo la punta del iceberg en tanto que este organismo aún tiene pendiente de examinar otras 400 explotaciones.
De esas cien minas «ilegales», según las califica Ecologistas en Acción, organización que forma parte del Observatorio Ibérico de la Minería, el mapa presentado registra, por el momento, seis en Asturias, minas que se consideran como tal por atribuírseles infracciones ambientales como contaminación de las aguas costeras o manantiales, contaminación de suelos, impactos en la zona para las especies y hábitats protegidos, mala gestión de residuos, impactos en la salud humana, impactos en la Red Natura 2000 o también en el patrimonio cultural. De las más de cien minas catalogadas como «ilegales» por el MINOB, las seis explotaciones asturianas recogidas son las siguientes:
Mina La Viesca
El Observatorio Ibérico de la Minería indica en la ficha de la Mina La Viesca que se trata de una explotación que formó parte de un conjunto de minas subterráneas explotadas hasta 1986. A causa de la actividad de la mina se produjeron hundimientos y socavones, así como afección a las viviendas. Según se indica, la explotación permanece en suspensión temporal a la espera de ampliar la mina subterránea después de una campaña de sondeos para expandirla. Entre las infracciones ambientales que se atribuyen a esta explotación está la contaminación de cauces, la contaminación por ruido y vibración, el consumo de agua o el impacto en una zona con especies o hábitats protegidos. La comunidad local también denunció en su momento la afectación a manantiales por el descenso del nivel freático y un intenso tráfico de camiones que provoca riesgos en las carreteras locales. El temor es que un proyecto de mayor envergadura pueda tener impactos sobre la disponibilidad de agua en la zona.
Mina de Carlés
Lo primero que se apunta en la ficha de la mina de Carlés para catalogarla como «ilegal» es que se encuentra a 200 metros del Río Narcea, espacio de la Red Natura 2000, a lo que se añade que los minerales extraídos se llevan por carretera hasta la planta de tratamiento de El Valle, la cual ha causado una contaminación continuada por metales pesados en el río contiguo, siendo objeto de diligencias penales. Se trata en este caso de una mina subterránea y mina a cielo abierto en suspensión cuyas concesiones fueron otorgadas entre 1935 y 1940 y se mantuvieron vigentes a pesar de la ausencia de actividad durante décadas. La mina ha operado intermitentemente en función de los precios del oro entre 2000-2006, 2011-2015 y desde 2016. Las infracciones ambientales que le achaca el MINOB son: contaminación de cauces, drenaje ácido de minas, mala gestión de residuos, impactos en zonas de especies y hábitats protegidos e impactos en la Red Natura 2000.
Proyecto minero de Salave
Respecto al proyecto minero de Salave, lo que recoge el Observatorio Ibérico de la Minería es que desde el año 2002 se han presentado tres proyectos diferentes para extraer 10 toneladas de oro. Se apunta que los dos primeros fueron desestimados por deficiencias técnicas y medioambientales, mientras que un tercero de 2021 está en trámite. Aunque desde 1967 solo se han realizado sondeos, las concesiones se han mantenido en vigor. En concreto, la ficha de esta mina señala que Las concesiones se otorgaron entre 1941 y 1981 y la investigación comenzó en 1967. En 2005 se presentó un proyecto minero a cielo abierto, recibiendo una DIA negativa. Otro proyecto de 2011 para una mina mixta a cielo abierto/subterránea volvió a recibir una DIA negativa. En 2021 se presentó un tercer proyecto. En este caso, las infracciones ambientales que se denuncian son: contaminación de las aguas costeras, contaminación de suelos, impactos en la zona para las especies y hábitats protegidos, impactos en la Red Natura 2000 y también en el patrimonio cultural.
Mina de El Valle-Boinás
El Observatorio Ibérico de la Minería recoge que se trata de una mina de oro, plata y cobre que inició su actividad a cielo abierto en 1996-1997, explotándose posteriormente de forma subterránea y procesando in situ material procedente de otras minas. Según se indica en la ficha por la que se considera «ilegal» esta explotación, la actividad ha causado contaminación continuada con metales pesados al río contiguo y almacena grandes cantidades de residuos con cianuro. La mina de El Valle-Boinás se explotó exclusivamente a cielo abierto hasta 2004, cuando pasa a explotarse por minería subterránea. Durante varios años la planta trata material procedente de esta mina como de la de Carlés y Nalunaq, en roenlandia. Actualmente continúa con minería de interior. Las infracciones ambientales que se le achacan son: contaminación de cauces, drenaje ácido de minas, contaminación de suelos, impactos en la agricultura y en la pesca, mala gestión de depósitos de residuos, impactos en las zonas, especies y hábitats protegidos, impactos en la Red Natura 2000, impactos en la salud humana y también en el patrimonio cultural.
Cantera del Naranco
De esta cantera recoge el informe del Observatorio de la Minería que se encuentra en las proximidades de la ciudad de Oviedo, causando un impacto prolongado e irreversible sobre el Monte Naranco, uno de los espacios naturales más importantes de la zona con elementos culturales singulares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ficha del proyecto recoge que se trata de una mina a cielo abierto con cantera en explotación que ha estado activa desde 1964, extendiéndose progresivamente por el Monte Naranco mediante sucesivas ampliaciones. Actualmente ocupa cerca de 400 hectáreas. Las infracciones ambientales que se atribuyen en el informa a esta explotación son: contaminación de cauces, contaminación atmosférica, contaminación por ruido y vibración, consumo de agua, impactos en zonas, especies y hábitats protegidos y también en el patrimonio cultural.
Cantera de Priorio
Sobre la cantera de Priorio, destaca el MINOB que se encuentra próxima a las cuevas de Las Caldas y de La Lluera, declaradas Bienes de Interés Cultural. Asegura el informe que en varias ocasiones «se explotaron ilegalmente zonas más allá de los perímetros autorizados, siendo expedientada recientemente por este motivo». Se trata de una mina a cielo abierto con cantera en activo, aunque recientemente ha sido sancionada por exceder ilegalmente las zonas del perímetro de explotación. Las infracciones por las que el Observatorio de la Minería la cataloga como «ilegal» son la contaminación atmosférica, la contaminación por ruido y vibraciones, la mala gestión de los depósitos de residuos y el perjuicio para el patrimonio cultural.
Un proyecto para controlar a las administraciones públicas
Fue hace un año cuando se creo el Observatorio Ibérico de la Minería para documentar posibles vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva en España y Portugal y hacer públicas las evidencias existentes sobre cada caso. En este organismo participan una treintena de colectivos, entre ellos la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo.
Con estos mecanismos, el proyecto pretende contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas.
Justamente, el Observatorio Ibérico de la Minería y Ecologistas en Acción celebran desde 12 al 15 de octubre en Extremadura, el primer encuentro ibérico sobre los impactos sociales y ambientales de la minería. Se trata de la primera edición de un evento que se ha concebido como «espacio de reflexión, aprendizaje y convivencia» en el participarán medio centenar de representantes de distintos movimientos, plataformas y colectivos implicados en la resistencia a proyectos mineros de España y Portugal. Extremadura ha sido la comunidad escogida para celebrar este primer encuentro por la avalancha de nuevos proyectos mineros que afectan a este territorio, que incluyen las minas de litio de Cáceres y Cañaveral, la mina de níquel de Aguablanca o la mina de cobre y oro de Alconchel. No obstante, el mapa que ha presentado el Observatorio precisa que Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, son las comunidades con más minas «ilegales».