La consejería de Hacienda y Fondos Europeos contará en 2024 con un presupuesto de 154,9 millones
15 dic 2023 . Actualizado a las 18:15 h.La consejería de Hacienda y Fondos Europeos, que esta legislatura asume las competencias de Justicia, contará en 2024 con un presupuesto de 154,9 millones, de los cuales 2 millones servirán para hacer frente a las primeras certificaciones del derribo del antiguo HUCA.
También se consignan 100.000 euros para elaborar el anteproyecto con vistas a la futura unificación de las sedes judiciales de Oviedo, para planificar ya el destino judicial de las nuevas sedes de Llamaquique. Además, hay una partida destinada al alquiler del edificio perteneciente a Telefónica en Oviedo, por importe de un millón, ya que incluye también el importe de las obras de adecuación que se están llevando a cabo para acoger cuatro sedes judiciales en el entorno de Llamaquique.
Durante su intervención en la Junta General para presentar unas cuentas, Guillermo Peláez ha explicado que las cuentas incluyen diversas obras de mejora de la eficiencia energética de los edificios administrativos, entre las que destacan dos partidas: 1.165.000 euros para el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada y de 825.000 para el EASMU y la propia sede de la consejería de Hacienda y Fondos Europeos, todo ello financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Además, hay dotaciones destinadas a la mejora del Hospitalillo de Bustiello y de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Concretamente, para Perlora, con la idea de ampliar el alcance de los servicios actualmente contratados, la partida de 90.000 a 203.400 euros para 2024.
El presupuesto de la Dirección General de Patrimonio incluye un incremento del 24% -al pasar de los 6,1 a los 7,6 millones-, del programa destinado a sufragar los gastos de vigilancia de edificios para garantizar la suficiencia económica en la prestación del servicio y garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y trabajadoras del sector de la vigilancia privada.
En materia de justicia gratuita, destaca el incremento de la partida destinada al pago de las retribuciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores, que pasa de 6 a 8 millones, y la subvención de 125.000 euros destinada a retribuir a los profesionales por aquellas actuaciones realizadas a requerimiento judicial, cuando posteriormente no sea posible reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita del destinatario de los servicios.
Por otro lado, habrá un plan director de infraestructuras a 10 años para determinar las necesidades y abordar ordenadamente el mantenimiento, la mejora y la renovación de las sedes judiciales. Para 2024 están previstas inversiones por importe de 6,6 millones que afectan a los nuevos juzgados de Langreo, la rehabilitación integral de la sede judicial de Cangas del Narcea, la a elaboración del proyecto del futuro juzgado de Pravia y mejoras en las sedes de Siero y Avilés.
Fiscalidad
Respecto a la fiscalidad y con el objetivo de fomentar la natalidad, tendrán la consideración de familias numerosas las unidades familiares con dos descendientes, por lo que pasarán a poder aplicarse una deducción de 1.000 euros. Asimismo, se incrementan los importes de la deducción por el cuidado de hijos de hasta 25 años de edad. En concreto, el importe de la deducción pasa de 300 a 600 euros para el segundo hijo y los siguientes.
Ambas deducciones se aplican con límite de renta para garantizar la progresividad del impuesto. Estos beneficios fiscales, conjuntamente aplicados, suponen que una familia con dos hijos podrá deducir hasta 1.900 euros en cuota al año, según el Principado.
Por otro lado, para atraer talento y favorecer el retorno de jóvenes, la deducción para contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal a Asturias por motivos laborales se amplía a cualquier profesión o actividad con un importe de 1.000 euros. Se mantienen los 2.000 euros que ya aplicables actualmente para profesiones altamente cualificados en I+D+i. Este beneficio fiscal se aplica en el año del traslado y en los tres siguientes.
En materia de acceso a una vivienda digna, fijación de población en el medio rural y favorecer la emancipación, el Principado propone una deducción por inversión en vivienda habitual situada en concejos en riesgo de despoblación o que tenga la consideración de protegida. Hasta la fecha, la deducción se aplicaba exclusivamente por los gastos originados en el año de la compra.
La nueva redacción propuesta permitirá a los contribuyentes aplicarse el beneficio fiscal en todos aquellos ejercicios en que incurran en gastos derivados de la adquisición o rehabilitación y no sólo en aquel en el que se adquirió el inmueble.
Asimismo, se propone una mejora en la deducción por arrendamiento de vivienda habitual para jóvenes de hasta 35 años. El porcentaje de deducción pasa del 10% al 20% y el límite, de 500 a 1.000 euros. Finalmente, se crea una nueva deducción con el fin de neutralizar el impacto en cuota de las ayudas o subvenciones otorgadas por el Principado de Asturias a enfermos de ELA.
En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se introducen nuevos beneficios fiscales que profundizan en la fiscalidad diferenciada en el medio rural. Así, se aplicará el tipo 0 al suelo rústico, a las explotaciones agrarias prioritarias, a la maquinaria agrícola cuando el adquirente sea un ganadero o agricultor y a la construcción de viviendas de protección pública.
También se crea un nuevo tipo reducido del 4% cuando se trate de la adquisición de la vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación, de menores de 35 años, familias numerosas o víctimas de violencia de género, cualquiera que sea la ubicación del inmueble, con el límite de 150.000 euros del valor de la vivienda. Para valores superiores se aplicará también un tipo reducido del 6%.
Como última novedad en materia tributaria, se propone la modificación del impuesto de donaciones con la aplicación de un tipo súper reducido del 2% a los primeros 150.000 euros donados entre familiares directos. Al mismo tiempo, se eleva el tipo para las donaciones que superen los 600.000 euros, de manera que la reforma beneficie especialmente a las clases medias y trabajadoras y no se extienda a los grandes patrimonios.
La reforma incluye, asimismo, una clausula antiabuso para evitar la utilización fraudulenta de la escala mediante una concatenación de donaciones: todas las donaciones efectuadas entre un mismo donante y un mismo donatario en el plazo de 10 años tendrán la consideración de una única donación a efectos fiscales, informa Europa Press.