La frágil estabilidad política del Gobierno central condicionará, aún más, una compleja financiación autonómica que nunca satisface a nadie
02 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La financiación autonómica será uno de los problemas más complejos y acuciantes de la política nacional, y por lo tanto, autonómica, en el año que entra. Además de esa complejidad, por lo que supone del reparto de fondos de una caja común, vuelven a interferir -ahora con más intensidad- factores del equilibrio político. Es decir, los acuerdos que el nuevo Gobierno PSOE-Sumar ha tenido que firmar con los grupos nacionalistas (catalanes y vascos, sobre todo) para recibir su apoyo.
La cámara de los diputados será esta legislatura, más que nunca, una ventanilla de reclamaciones territoriales, cuando se supone que los parlamentarios son nacionales y deben defender intereses comunes. Y esto, a su vez, deja la cámara del Senado como una carísima e irrelevante comparsa del legislativo, y a muchas comunidades, huérfanas de representación en la práctica.
El sistema de financiación está obsoleto, esto es lo único en lo que todos están de acuerdo. Pero el diablo está en los detalles: cómo una reforma puede beneficiar a unos u otros según su capacidad de coaccionar al ejecutivo. El actual modelo de financiación autonómica se aprobó en el año 2009 durante el Gobierno de Zapatero, con una negociación con los partidos independentistas mediante la cual Cataluña se aseguró casi 4.000 millones de euros adicionales.
Las comunidades tienen diferentes capacidades para recaudar impuestos debido a diferencias en sus bases impositivas y niveles de riqueza. Algunas dependen en gran medida de las transferencias del gobierno central para financiar sus servicios públicos, y esto genera tensiones y la percepción de que algunas regiones son subsidiadas en exceso, mientras que otras contribuyen más de lo que reciben. Es la distribución de la riqueza en el Estado del Bienestar.
Pero los acuerdos con los grupos nacionalistas distorsionan las necesidades reales de sus comunidades, exigiendo un mejor trato por parte de la Administración central, lo que produce el «efecto agravio» por parte de los territorios menos poderosos económica y políticamente.
El Principado recibirá para 2024 cerca de 4.100 millones de euros a través de la financiación autonómica, lo que supone el 65% del presupuesto, frente a los 3.800 millones de este año. En cuanto al techo de gasto; es decir, el límite de gasto no financiero, rondará los 5.300 millones, a falta de la incorporación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El informe de las comunidades autónomas sitúa a Cataluña como la región con mayor número de ingresos por el modelo de financiación autonómica en el año 2019, seguidas de Andalucía y Madrid.
Tras ellas se sitúan la Comunidad Valenciana (13.357,54 millones); Galicia (8.650,06 millones); Castilla y León (7.778,41 millones); Canarias (6.140,17 millones); Castilla-La Mancha (5.913,56 millones); Aragón (4.280,93 millones); Murcia (3.926,75 millones); Extremadura (3.461,48 millones); Baleares (3.349,48 millones); Asturias (3.266,26 millones); Cantabria (2.212,64 millones) y La Rioja (1.141,78 millones).