A la hora en que se escribía este artículo, el PSOE negociaba contrarreloj en el Congreso los apoyos necesarios para sacar adelante los reales decretos con los que el Gobierno pretende desplegar buena parte de sus medidas más sociales. Pero Junts ha optado por mostrar desde primera hora que será una piedra en el zapato del Ejecutivo y les hará sudar por cada uno de sus apoyos.
El grupo de Puigdemont ha reclamado que las medidas se tramiten de una en una pero además, en un órdago importante, ha pedido que se ponga sobre la mesa la reversión del decreto que permitió la marcha exprés de varias empresas con sede en Cataluña en los momentos que siguieron a los momentos más crudos del procés y el referendo ilegal de independencia. Junts no sólo a pedido que se reforme esa ley (que en buena medida lo que hizo fue facilitar que la decisión de cambio de domicilio de las compañías pudiera tomarse parte de la junta de accionistas), sino que además de implementar incentivos para su regreso se sancione, con multas, a las empresas que lleven de nuevo su sede a la comunidad en el caso de que la mayoría de su actividad se desarrolle allí.
En los días que siguieron a la proclamación ful de independencia, con unos segundos de duración, fueron varias las compañías (de todo tipo) que ante la debacle de sus acciones y la mala imagen que estaban dando en el resto de España (donde se concentraba la mayoría de sus clientes) optó por trasladar su sede: el Banco Sabadell se fue a Alicante en 4 de octubre, al día siguiente CaixaBank se fue Valencia y Gas Natural Fenosa a Madrid. La capital fue el principal destino de este reguero de empresas que no terminó hasta mediados de noviembre. Y una se vino a Asturias.
Fue el caso de la compañía Volotea, que se instaló en el Principado; en aquel momento en un breve comunicado la empresa afirmó que había tomado la decisión «con objeto de garantizar el desarrollo de su actividad en el marco y bajo la supervisión de las autoridades aeronáuticas europeas». y que por ello, el consejo de administración había acordado trasladar su domicilio social a Asturias.
Con todo, la petición de Junts tiene muy pocos visos de prosperar. Si bien los socialistas se han abierto a negociar que se puedan dar incentivos para el regreso de las empresas a Cataluña, lo cierto es que la posibilidad de establecer sanciones fue rechazada de plano por los miembros del Gobierno. Tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, advirtieron el martes en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Ejecutivo actuará de manera que se garantice la «seguridad jurídica» de las empresas. «La seguridad del marco jurídico es fundamental y ahí es donde nos vamos a encontrar», subrayó Cuerpo.
El caso de la fuga de empresas de Cataluña por un proceso independentista es peculiar pero no única. Un episodio muy similar se dio en los años 90 en Quebec cuando se sucedieron también procesos y votaciones para separase de Canadá. Fue un mal negocio y hasta tiene un nombre: El efecto Montreal. El sector financiero de la región francófona se fue a otros lugares del país, como Toronto, se estima que alrededor del 30% del tejido empresarial quebequés se perdió y nunca volvió y hay estimaciones de que pudo influir en la emigración de alrededor de 400.000 personas, principalmente jóvenes.