El TSJA reconoce el derecho de un paciente a ser indemnizado con 140.000 euros por no ser intervenido de urgencia en el HUCA

E. G. B. REDACCION

ASTURIAS

Vista exterior del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Vista exterior del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) EFE | jl cereijido

La demora fue de un mes tras una primera intervención quirúrgica en la que persistieron graves síntomas que le llevaron a ser ingresado días después | La sentencia establece otros 10.000 euros de indemnización para su pareja

11 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Presentaba un cuadro clínico que requería una intervención quirúrgica de urgencia y tuvo que esperar un mes para ser intervenido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Una reciente sentencia de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) le reconoce ahora a este paciente el derecho a ser indemnizado por la Consejería de Salud y la compañía aseguradora de forma solidaria con 140.000 euros. Su pareja, a título de daño moral, recibirá otros 10.000 euros.

La sentencia estima en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por el paciente, que había reclamado 308.859 euros y otros 90.000 euros por parte de su pareja, como responsabilidad patrimonial por negligencia médica contra la Administración del Principado. En la reclamación, alegaba un «retardo diagnóstico y terapéutico» por parte del personal que le atendió en el servicio de Traumatología del HUCA, argumentando que, tras una intervención quirúrgica realizada en 2020, persistieron graves síntomas que le llevaron a tener que ser de nuevo ingresado, siendo sometido a una segunda intervención quirúrgica al cabo de un mes.

La reclamación se basa en que hubo una demora diagnóstica y de tratamiento de un mes que le produjo como secuela el síndrome de cola de caballo y que una intervención quirúrgica de urgencia hubiera evitado daños irreversibles en la estructura nerviosa. El paciente, que estaba diagnosticado de estenosis severa de canal, fue intervenido quirúrgicamente un 24 de julio. En la demanda se explicaba que, tras recibir el alta el 31 de julio, persistieron «alarmantes» síntomas que provocaron su reingreso hospitalario días después aunque no fue intervenido por segunda vez hasta el 28 de agosto. El 9 de septiembre se identifica una lesión en las raíces nerviosas ubicadas en la región lumbosacra de la columna vertebral.

El demandante sostiene que esa segunda intervención, teniendo en cuenta que en la literatura médica se recomienda que se lleve a cabo antes de 24 o 48 horas, debería haber sido realizada con urgencia para evitar que la compresión mantenida dañase de manera irreversible la estructura nerviosa provocando déficits neurológicos con secuelas permanentes.

Por todo ello, la demanda calificaba el retraso en la intervención de pérdida de oportunidad y reclamó una indemnización por daño secuelar de cola de caballo completo, con afectación de raíces sacras y predominio izquierdo, así como por pérdida temporal de calidad de vida, por intervenciones quirúrgicas y perjuicio psico-físico, orgánico y sensorial y secuelas agravatorias de su estado previo, aparte del perjuicio juicio estético moderado y moral por pérdida de calidad de vida suya y de sus familiares y de otros gastos derivados de esta situación.

Tanto el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) como la aseguradora alegaron que los riesgos estaban contemplados en el consentimiento informado —algo que el tribunal no considera relevante porque no aborda las posibles consecuencias de una demora relevante— y que la situación clínica previa del paciente ya presentaba complicaciones. La aseguradora, en este sentido, expuso que el paciente más de 10 años con problemas lumbares y que un informe previo de Traumatología recogía que el dolor le impedía caminar más de 60 metros.

La demora tuvo «consecuencias reales» en las secuelas

La sentencia del TSJA considera probado que durante el postoperatorio de la primera intervención «fue ofreciéndose un panorama de sintomatología sugestivo de la necesidad urgente de intervención quirúrgica» y que la administración sanitaria, ante los «síntomas claros» del síndrome de cola de caballo que se observaron tras el reingreso del paciente a principios de agosto, la demoró hasta el 28 de agosto. «Hemos de concluir en que ciertamente se ha incumplido la deseable celeridad en la intervención, sin que se hayan justificado razones atendibles de tal demora, ni factores clínicos o realización de pruebas intermedias cuya inexcusabilidad pudieran amparar la dilación temporal», señala el auto al respecto.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA considera válido el criterio general de que era un factor relevante evitar una demora quirúrgica mayor a 48 horas, más cuando había aparecido un cuadro clínico «alarmante» por el que el paciente debería haber sido intervenido «con carácter urgente en el plazo de tiempo más corto posible», antes de 24 horas. Además, se menciona una sentencia previa de perfil similar en la que la sala estableció lo mismo.

También consideran probado que el retraso en la intervención tuvo «consecuencias reales» en las secuelas finales y que, de haberse actuado con otra diligencia y premura, «muy probablemente» el resultado habría sido otro, «al menos en cuanto a evitar o minorar las secuelas o daños y perjuicios finalmente padecidos». Es decir, que «se privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas» ya que «los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de salud, con la garantía de que al menos van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias».

No obstante, en cuanto al montante de la indemnización, tienen en cuenta que el daño se hubiera producido igualmente de haberse actuado diligentemente «pues no puede obviarse que el paciente ya ofrecía un cuadro preocupante que impide descartar que le hubieran podido quedar secuelas en cualquier caso, aunque se se hubiera actuado sin retraso».

De todas formas, también tienen en cuenta en este caso «singular» el «poderoso dato» de que el paciente sufrió el síndrome de cola de caballo durante el postoperatorio como consecuencia de la intervención y, aunque no se alcanza la totalidad del daño reclamado por el afectado, por estos conceptos y otros trastornos asociados valoran la indemnización en 140.000 euros. A ellos se suman otros 10.000 euros de indemnización a la pareja del paciente, que se hace cargo de su cuidado, por la pérdida de calidad de vida a título de daño moral.

Contra la sentencia cabía interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en un plazo de treinta días, para resolver infracciones de legislación estatal, o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJA en caso de infracciones de legislación autonómica.