A juicio el exalcalde de Valdés, una exconcejala y tres trabajadoras sociales, acusados de un delito contra la integridad moral
ASTURIAS
La Fiscalía solicita año y medio de prisión para cada uno por las supuestas trabas que le pusieron a un educador social para realizar sus funciones
15 ene 2024 . Actualizado a las 14:14 h.El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés acogerá el martes 16 de enero el juicio contra el exalcalde de Valdés Simón Guardado, una exconcejala y tres trabajadoras sociales que fueron denunciados por un educador social por las supuestas trabas que le pusieron para realizar sus funciones. La vista oral iba a celebrarse inicialmente en febrero de 2023, pero fue suspendida ante la aportación de más pruebas por parte de la acusación particular.
La Fiscalía solicita una pena individual de un año y medio de cárcel para los acusados, a quienes imputa un delito contra la integridad moral del denunciante.
El Ministerio Fiscal sostiene que el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés, contaba en 2012 con dos Unidades de Trabajo Social (UTS), en Trevías y Luarca, de las que eran responsables dos acusadas, mientras que una tercera se encargaba de los programas de Servicios Sociales municipales y de la ayuda a domicilio.
El educador social trabajaba en este centro en el Programa de Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia, que debía ser desempeñado junto a las trabajadoras sociales de las UTS, así como en el Programa de Incorporación Social, estando bajo su responsabilidad la gestión, tramitación y elaboración de informes relacionados con inmigrantes.
La Fiscalía relata que las trabajadoras sociales se negaban a facilitarle la información necesaria para desempeñar su Programa de Incorporación Social o la relativa a posibles situaciones de desprotección de menores, impidiendo el desempeño de sus funciones en el Programa de Familia, Infancia y Adolescencia. Ante esta situación, el educador presentó varios escritos de queja en el ayuntamiento que concluyeron con una amonestación a las tres trabajadoras sociales.
En octubre de 2013, la entonces concejala delegada en la materia, M.C.R.,estableció un nuevo organigrama de Servicios Sociales y empezó a reunirse con las tres acusadas, sin trasladar la información al educador social para que pudiera desempeñar sus funciones.
El educador presentó nuevos escritos de queja donde afirmaba que esta situación ocasionaba irregularidades tales como la paralización en la tramitación de expedientes, la existencia de solicitudes incompletas, así como su exclusión de las reuniones técnicas, solicitando la adopción de medidas para poner fin a su aislamiento laboral.
Ese mismo mes causó baja laboral y la concejala requirió a la Policía Local de Valdés para acceder al despacho del educador social y sacar del mismo todos los expedientes que no le fueron devueltos cuando se reincorporó a su trabajo en enero de 2014.
La Fiscalía asegura que a partir de entonces, el denunciante no recibió derivación alguna ni citación de usuarios por parte de las trabajadoras sociales y su ordenador fue desconectado del servidor del Centro de Trabajo, de modo que no podía acceder a documentación alguna.
Por este motivo, presentó nuevo escrito dirigido al entonces alcalde quien a pesar de conocer su situación, «no contestó a los requerimientos y no adoptó medida alguna, contribuyendo a incrementar el padecimiento del perjudicado y a su perpetuación en el tiempo», señala la acusación pública.
El educador social fue postergado en su puesto de trabajo y sufrió «un gradual e intencionado vaciamiento» de sus funciones laborales, con el consiguiente aislamiento y grave menoscabo de su dignidad personal y profesional, todo ello ocasionado previo acuerdo entre las trabajadoras y la concejala, señala la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal pide que, además de la pena de prisión, los acusados indemnicen solidariamente al educador con 3.000 euros por los menoscabos psíquicos ocasionados, informa Efe.