Derrota de Mieres en la guerra ganadera con León: la sentencia del contencioso administrativo
ASTURIAS
El ayuntamiento del concejo asturiano recurrira porque «no entendemos cómo siendo una propiedad privada se pretenda la no utilización por parte de su legítimo dueño». Las juntas vecinales de los ayuntamientos afectados en la comunidad vecina celebran el fallo del tribunal
19 feb 2024 . Actualizado a las 17:16 h.Las cuatro juntas vecinales del Ayuntamiento de San Emiliano de Babia (León) han valorado una sentencia del contencioso administrativo que les da la razón en el conflicto del Puerto de Pinos prohibiendo toda práctica ganadera al Ayuntamiento de Mieres (Asturias).
Por esa razón las juntas vecinales de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano han pedido la aplicación inmediata de esta sentencia.
El abogado Carlos González-Antón, que ha llevado la defensa de los pueblos afectados desde 2006, cuando se judicializó el conflicto, ha valorado en León una sentencia que se une a otras ya dictadas por el Juzgado de León, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y por el Tribunal Supremo. Ha informado de que los pueblos afectados han solicitado su aplicación inmediata pese a que ante esta sentencia cabe recurso de apelación.
«La sentencia dice que es ilegal que Mieres siga utilizando esos terrenos y condena al Ayuntamiento a cesar toda actividad de fomento de la ganadería en el Puerto de Pinos y también en otros puertos de la zona», ha afirmado.
Los alcaldes pedáneos de las juntas vecinales afectadas se han mostrado contentos porque es un paso más en la pelea que iniciaron en 2006, pero «tristes» porque las administraciones implicadas por parte de Castilla y león no han sabido dar solución al problema en estos dieciocho años.
Así lo ha señalado el presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, José Luis de la Torre, quien ha confiado en que a partir de ahora estas administraciones, la Diputación de León y la Junta de Castilla y León «cambien su planteamiento».
Los presidentes de las juntas vecinales piden también al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que dé instrucciones a sus consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente para que impidan la subida de 1.500 cabezas de ganado asturianas que cada verano pastan en el Puerto de Pinos «de forma ilegal» y para que cada junta vecinal tenga poder para decidir qué ganaderos pueden subir, de forma a evitar una sobreexplotación de los pastos en una zona que es Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera.
Además, piden la adecuación de la carretera de acceso, de casi ocho kilómetros que comenzó a estudiarse en 1984 y que sigue siendo «un camino de cabras», según la ha descrito Carlos González-Antón.
El conflicto en el Puerto de Pinos se prolonga desde 1926 cuando Mieres compró esos terrenos, ubicados en San Emiliano de Babia, en León, con la condición de que el derecho de pasto seguiría siendo leonés; informó EFE.
Mieres recurrirá la sentencia
El Ayuntamiento de Mieres ha valorado el fallo judicial y ha explicado que era el único concejo que a principios de 1900 «no tenía montes públicos, como el resto de los municipios de la comunidad, y por eso se tomó desde el ayuntamiento la decisión de comprar los puertos hoy denominados Pinos, haciendo un esfuerzo económico y buscando favorecer a la clase ganadera del concejo ya que las zonas verdes del propio concejo eran escasas».
El ayuntamiento recuerda que adquirió los terrenos en «pública subasta», terrenos que pertenecían a la familia Sierra Pambley y luego Fundación Sierra Pambley. En dicha escritura queda recogido «el derecho de los ganaderos adscritos a los cuatro pueblos circundantes a poder llevar a pastar sus ganaderías conjuntamente con los ganaderos de Mieres», señalan desde el consistorio asturiano, que añade que «en ningún momento desde el ayuntamiento se ha puesto en duda ni se ha propuesto revocar estos derechos».
El Ayuntamiento de Mieres afirma que acatará lo que decidan los tribunales, pero avanza que «vamos a recurrir la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, ya que no entendemos como siendo una propiedad privada se pretenda la no utilización por parte de su legítimo dueño».