Juicio al exdirector de sucursal del Banco Pastor acusado de estafar 5 millones

La Voz OVIEDO

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Juzgados de la Audiencia Provincial de Oviedo
Juzgados de la Audiencia Provincial de Oviedo

El acusado no niega que efectuó una «banca paralela», si bien argumenta que lo hizo para «favorecer al banco»

01 mar 2024 . Actualizado a las 17:03 h.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogerá a partir del lunes el juicio contra el exdirector de la sucursal del Banco Pastor en Cangas de Onís, Manuel Mori, por estafar cinco millones de euros a clientes, unos hechos por los que la Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión.

Según el relato del Ministerio Público, durante su etapa al frente de la sucursal, guiado por el ánimo de enriquecimiento propio o de terceros y aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto, movió dinero de las cuentas de algunos clientes sin su autorización y sin conocimiento ni consentimiento de la entidad.

Estas operaciones consistieron en la retirada de sumas de dinero de las cuentas de los clientes bancarios y se apoderó de las mismas entregándoselas a terceros ajenos a la entidad o realizando abonos en otras cuentas bancarias de otros clientes de su interés. Para formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, se sirvió de la relación de confianza, vecindad o amistad con los clientes y del crédito empresarial de la entidad para la que servía, señala la Fiscalía.

En unas ocasiones elaboró diversos impresos con el membrete de la entidad en los que se reflejaban las cuantías dispuestas obteniendo la firma de los clientes afectos mediante la presentación del documento en blanco bajo el pretexto de otras operaciones. Otras veces las autorizaba con su propia firma y, en ocasiones, las materializaba sin rubrica alguna.

El acusado no ha negado que efectuó una «banca paralela», si bien ha argumentado que lo hizo para «favorecer al banco», de cara a evitar que determinadas cuentas entraran en mora y facilitar la concesión de préstamos a terceros.

La Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y el pago de una multa de unos 9.600 euros por un delito continuado de apropiación indebida, informa Efe.