Pedro Sánchez ha protagonizado estos días la vida del país con su retiro temporal y con su vuelta apelando a la necesidad de regenerar la política española.
En eso todos deberíamos estar de acuerdo. En la limpieza en el trato de los políticos entre sí, como pide Sánchez. Y, sobre todo, en el respeto a los ciudadanos y sus derechos.
Todo ello está muy relacionado con el otro asunto que ha alterado la vida asturiana estos días: el informe del procedimiento de infracción de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES de la UE Exp. INFR(2021)4052 (emitido tras una oportuna denuncia del exdiputado de Podemos Daniel Ripa, hace tres años). En ese informe se explica que la prorroga del peaje del Huerna en 2000, prematura y a destiempo, con efectos a partir de 2021, fue ilegal y se hizo con la finalidad de que AUCALSA, la empresa pública concesionaria, valiera más, para venderla en 2003 muy cara y financiar así a su dueña, la SEPI (propietaria también de HUNOSA, RTVE y otras empresas ruinosas). Un pelotazo de libro, similar a los pelotazos urbanísticos que se estilaban en aquella época oscura.
Ahora tenemos dos meses para que el Gobierno de España presente alegaciones a ese expediente de la UE. El Gobierno puede mentir, negarlo todo, tratar de engañar de nuevo a la UE y a la ciudadanía, inventándose una realidad paralela para justificar aquella prórroga y mantener el status quo, como hicieron en su momento los que la pergeñaron. O puede, en la línea marcada por Pedro Sánchez, reconocer la verdad, aceptar el informe de la Comisión Europea y la evidente realidad de los hechos, explicar a los ciudadanos lo que pasó y por qué se hizo, aceptar con responsabilidad las consecuencias de ello, asumir las sanciones que correspondan y buscar soluciones al problema.
Cualquier estudiante de Economía o Administración de Empresas entiende perfectamente lo que ocurrió a principios de siglo. Para la mayoría de la gente la autopista del Huerna es una carretera más, como otras. Pero para nosotros, los economistas, era una empresa, AUCALSA, integrada en la SEPI y con una concesión administrativa y unas deudas equivalentes a los ingresos que iba a tener, lo comido por lo servido. El Gobierno español de entonces, del PP, con Aznar, Cascos de Vicepresidente y Rato de Vicepresidente económico (como se ha visto, aficionado a la ingeniería financiera) se encontró con que la UE prohibía las ayudas a las empresa públicas de la SEPI y tenían muchas con pérdidas. ¿Qué podían hacer? ¿Dejar quebrar a la SEPI, cerrar HUNOSA o RTVE? No, menudo marrón. Decidieron buscar alguna empresa pública que la SEPI pudiera vender cara y con ello financiar a las demás. Como no había muchas, tenían que crearla, dándole valor a alguna, con una decisión administrativa. Vamos, con el típico pelotazo a base de BOE. Y prorrogaron el peaje del Huerna y los de otras autopistas gallegas y navarras de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), al doble de años, consiguiendo así que ENA, una sociedad que no valía un perrón, pasase a poder venderse a SACYR por 1.586 millones de euros. Y cargando a nuestros hijos con una tremenda hipoteca, un impuesto fraudulento y oculto. Nos obligaron a pagar dos veces la autopista.
Eso era ilegal. Pero con mentiras y bien vestido el expediente, coló. Era ilegal en relación con la legislación española de contratos de entonces, porque se rompió el preceptivo equilibrio del contrato entre la administración y la concesionaria, aunque fuera pública, favoreciendo de forma desproporcionada a la empresa, que gracias al BOE adquirió un valor enorme, que no tenía sin hacer trampas. Ilegal porque se incumplió la normativa europea de contratación que impedía esa prorroga sin licitación ni concurrencia. Y seguramente ilegal también porque iba contra las normas europeas de competencia en los mercados, que prohibían dar ayudas no autorizadas a las empresas, ya que se hacía para inyectar fondos a empresa públicas de la SEPI que de esa forma podían competir con otras en situación de ventaja.
El pelotazo se tramitó. Culminó en 2004 con la venta de ENA a SACYR. En ese momento ya estaba Zapatero en el Gobierno. El PSOE fue el que cobró el pelotazo, el que disfrutó de sus jugosos beneficios. Si lo llegan a saber, los del PP, no lo hubieran hecho. Zapatero, con honradez, prometió que iba a corregir el abuso, pero, al final, los del PSOE no hicieron casi nada al respecto, disfrutaron de la millonada que les llovió del cielo en la SEPI. Lo taparon y callaron como ahogados hasta hoy. Su argumentario oficial fue siempre que la prórroga la había aprobado el PP. Y no pasaban de ahí ni un milímetro a la hora de explicar las cosas.
En su momento (2005, 2006 y también en 2021 cuando entró en vigor la prórroga) Los Verdes de Asturias sacamos a la luz pública el pelotazo en todos los diarios de Asturias e incluso en El País, sin éxito en cuanto a que se revisara el asunto. No lo denunciamos a la UE, como hicimos con la falsa «segunda fase» de la ampliación del Musel o el Palacio de Justicia de Oviedo, porque entendimos que los peajes eran necesarios contra el cambio climático. La emergencia climática está por encima de casi todo. Ese trabajo quedó para otros.
Pero ahora con el expediente de la UE, España, debe reconocer los hechos. El Presidente Barbón ha dicho al PP que en su caso, «ya habría pedido perdón a la sociedad asturiana». El PSOE, que al final fue el mayor beneficiario del chamullo del PP, también debería hacerlo, porque aunque puso alguna bonificación al peaje, se quedó con la mayor parte del dinero del pelotazo. Y en todos estos años ha guardado silencio y no ha explicado, ni revisado, el fraude.
¿Y después de ese reconocimiento cual puede ser la solución honrada a este fraude, como pide Pedro Sánchez? En mi opinión, como ecologista favorable a los peajes por la emergencia climática, deberían dilucidar las posibles responsabilidades administrativas o penales, si no hubieran prescrito; aceptar, en su caso, las sanciones europeas que correspondan; y negociar con la UE una solución coherente con la emergencia climática, con la normativa, con los derechos de los ciudadanos estafados durante muchos años y los que faltan, con los derechos de la propiedad de la concesión (que fue cambiando varias veces a lo largo de dos décadas, por especulación, o quizás, porque algunos se olieron que un día pasaría esto), con la responsabilidad económica de la SEPI que fue la que obtuvo los ingresos indebidos y la que por tanto debería financiar las medidas correctoras que se establezcan y con la ejemplaridad en la actuación pública que reclamó Pedro Sánchez, tras el punto y aparte que anunció en su histórico retorno junto a la bandera de la UE.