Aprobado el proyecto de ley para la atracción de grandes inversiones y empresas de más de 100 trabajadores
ASTURIAS
Los empleos deberán ser directos e indefinidos y a jornada completa, pero también deberán mantenerse como mínimo durante tres años desde el inicio de la actividad empresarial para beneficiarse
24 may 2024 . Actualizado a las 13:52 h.El Gobierno asturiano ha aprobado el proyecto de Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), una normativa que iniciará su tramitación parlamentaria el lunes 27 de mayo y con la que se pretende captar empresas de más de 100 trabajadores o que vayan a invertir más de 30 millones, requisitos que se rebajan a la mitad si optan por hacerlo en municipios en riesgo de despoblamiento.
Los empleos deberán ser directos e indefinidos y a jornada completa, pero también deberán mantenerse como mínimo durante tres años desde el inicio de la actividad empresarial para beneficiarse de la PIER, que especifica también que el monto de la inversión debe llevarse a cabo en menos de dos años. Esta ley acortará plazos y suprimirá burocracia en los proyectos que cumplan esos requisitos con el fin fortalecer la competitividad del Principado a la hora de captar iniciativas empresariales que se consideren claves.
El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado. En concreto, el período máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud de iniciativas que deben encuadrarse en alguno de los siguientes criterios: que promuevan el desarrollo económico, social y territorial; generen o mantengan empleo estable y de calidad; produzcan un impulso territorial más sostenible, digital, descarbonizado, competitivo e integrador; o generen o amplíen cadenas de valor añadido.
La implantación de nuevas actividades económicas o refuerzo de las existentes que aporten valor añadido en sectores productivos, con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico o las inversiones en cualificación del capital humano, orientada hacia perfiles profesionales en una industria sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género también serán tenidas en cuenta.
Las nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en transición, las que generen una mejora de la cohesión y vertebración territorial y un desarrollo de las zonas más desfavorecidas en la transición energética, y las que supongan actividades alineadas con las orientaciones estratégicas establecidas por el Principado podrán acogerse también al PIER.
Apoyo a entidades locales
La norma no solo acortará plazos y simplificará procedimientos, sino que permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten. En este sentido, las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.
La elaboración del proyecto de ley ha corrido a cargo, principalmente, de la Consejería de Transición Ecológica y ha contado con la colaboración de la Vicepresidencia, que esta misma semana ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles el contenido de la norma y tratar de buscar el máximo consenso posible de cara a su tramitación en la Junta General.
Herramienta en la «guerra contra la burocracia»
La vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, quien ha resaltado que la nueva ley es «coral» y «coordinada» por la implicación de varias consejerías y que el Ejecutivo buscará ahora «el mayor consenso posible», ha asegurado que la nueva normativa será una «herramienta clave» y una «palanca decisiva» en la «guerra contra la burocracia».
Por su parte, la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ha incidido en el «paso de enorme trascendencia» que supondrá una ley que permitirá al Principado «competir en igual o en mejores condiciones» que otras comunidades autónomas «para animar» la inversión, informa Efe.