PP pide a Barbón que «dé la cara» ante la «gravedad» en servicio de Inspección Educativa
ASTURIAS
Educación reitera que el informe de Riesgos Laborales está basado únicamente en encuestas anónimas
20 feb 2025 . Actualizado a las 16:22 h.La diputada del PP en la Junta General Gloria García ha exigido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que «dé la cara» e intervenga ante la «gravedad» de la situación del servicio de Inspección Educativa, que cuenta con un informe de Prevención en Riesgos Laborales que constata formas de trato «incorrectas, lenguaje verbal agresivo y voces», que la consejera del ramo, Lydia Espina, optó por «callar y tapar».
La parlamentaria popular ha denunciado las «constantes irregularidades y abusos» cometidos por parte de los jefes de servicio hacia los trabajadores sin que la consejera haya tomado ningún tipo de medida al respecto, dando muestra de una actitud «negligente». Una situación que ha apuntado que Espina conocía «perfectamente» después de que representantes de los trabajadores mantuvieran «incluso reuniones con ella» para trasladarle estos hechos. García ha incidido en que la consejera del Gobierno de Barbón, que «se autodenomina feminista», optó por «callar y tapar».
Tras la denuncia de 19 trabajadores del servicio de Inspección Educativa puesta en conocimiento en septiembre del 2024 ante el Servicio de Prevención en Riesgos Laborales del Principado, ha detallado que Prevención de Riesgos Laborales ha emitido un informe en el que recoge que los trabajadores «perciben con frecuencia conflictos interpersonales desencadenados desde la jefatura y ocasionados por formas de trato incorrectas». En este sentido, el documento menciona «lenguaje verbal agresivo, voces, presiones, recriminaciones en público y burlas», que serían «atribuidas a la jefatura», y añade que la percepción de manifestaciones de violencia verbal por sexo es «superior en mujeres que en hombres».
También se percibe discriminación en el trabajo hacia determinadas personas por razón de sexo, formación y perfil profesional y se atribuyen a la jefatura un trato diferencial a través de decisiones, actuaciones o comentarios, ha indicado la diputada del PP. Asimismo, ha añadido que, después de que haya trascendido públicamente esta «escandalosa» situación, Espina »dice que tiene un plan« aunque »resta importancia al informe, «deja caer que es una vendetta de los inspectores» e «intenta ceñirse solamente al jefe de servicio, que se jubila en dos meses, cuando sabe que las denuncias recaen principalmente en la jefatura adjunta, a quien, casualmente, nombró directamente la propia consejera».
Unión Sindical de Inspectores
La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Asturias (USIE) ha expresado su «preocupación por la minimización» o «falta de importancia» que la Consejería de Educación está dando a las situaciones detectadas en el informe del Servicio de Prevención. Esta actitud «contribuye» a que el riesgo por daño psicosocial se alargue en el tiempo, ha apuntado en una nota en la que precisa que la denuncia presentada ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado en el mes de septiembre no fue anónima, sino firmada por 19 inspectores.
La USIE ha agradecido el apoyo recibido por parte de los sindicatos que estuvieron presentes en la mesa de la comisión de salud, que han comprendido la «gravedad del problema».
Educación reitera que el informe de Riesgos Laborales está basado únicamente en encuestas anónimas
La Consejería de Educación rechaza que haya «ninguna tarea o decisión» que afecte a la «dignidad» de los integrantes del servicio de Inspección Educativa, han apuntado fuentes de este departamento.
Estas fuentes apuntan que es cierto que existe un informe cuya conclusiones no son comprobaciones del Servicio de Prevención sino que se basan en entrevistas, con un análisis de situación a partir de encuestas anónimas y que plantea la necesidad de elaborar propuestas de mejora. Del total de la plantilla de inspectores, precisan que solicitaron la evaluación de riesgos 19 y que en torno a ese número son los que han realizado encuestas anónimas, mientras que las conclusiones no son comprobaciones del Servicio de Prevención sino que se basan en entrevistas.
Para la consejería resulta importante señalar que los inspectores habían reclamado el disfrute de 10 días de permiso adicionales que no tenían ningún soporte legal y que les fueron retirados, tema que llevaron a los tribunales y perdieron, al igual que ante el TSJA, asunto que ha creado tensiones en el servicio. Los inspectores también recurrieron en los tribunales las instrucciones dictadas por la Jefatura del Servicio y también los perdieron, han añadido estas fuentes, que subrayan que detrás de esta situación subyace «otro conflicto de distinta naturaleza».
La elección de la jefatura de servicio de inspección educativa no es competencia de la consejera, apuntan estas fuentes que aseguran que la Inspección Educativa ya cuenta con un borrador del plan de acción solicitado en el informe de Prevención de Riesgos Laborales. EFE
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