La investigación que se ha puesto en marcha deberá esclarecer el trágico suceso en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos y dilucidar la actividad de la empresa Blue Solving en el interior de la mina de Zarréu
06 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El accidente que tuvo lugar el pasado lunes en la mina de Cerredo, en el que fallecieron 5 trabajadores y otros 4 resultaron heridos de gravedad, ha generado un sinfín de dudas e incertidumbre sobre la actividad que se desarrollaba en dicha explotación, más allá de las propias circunstancias por las que se produjo, según las primeras hipótesis, una explosión de grisú que provocó tan fatídico suceso, el más grave de este primer cuarto del siglo XXI. Por tanto, la investigación que se ha puesto en marcha no se centra sólo en esclarecer por qué se produjo el accidente y qué falló, que, por supuesto, es un extremo clave que se debe dilucidar, sino también, en qué actividad se ha venido desarrollando en dicha mina desde que se hizo cargo de la misma la empresa Blue Solving.
Una investigación que se ha abierto por dos canales. Por un lado, el Juzgado de Cangas del Narcea, que es el partido judicial que abarca al concejo de Degaña, abría diligencias de investigación tras el suceso, lo cual es habitual cuando tiene lugar un accidente laboral. Para avanzar en esa investigación es necesario que se incorporen a partir de ahora el atestado policial, los informes periciales, las pruebas y las muestras recogidas, así como las declaraciones y testimonios que aporten información, que la Guardia Civil ya ha comenzado a recabar. Además, a partir de la próxima semana empezarán las inspecciones en el lugar del accidente, con la participación de técnicos, la Guardia Civil y la Policía Judicial, según explicaba la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Belarmina Díaz, el pasado jueves al término de la reunión de la Comisión de Seguridad Minera que se ha reunido con carácter de urgencia para analizar la tragedia. La instrucción tiene por objeto esclarecer los hechos, ver si hay indicios de delito y, en su caso, determinar quiénes son los posibles culpables de cara a un posible enjuiciamiento por el órgano competente, indicaba a mitad de semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro.
Por otro lado, la Comisión de Seguridad Minera se reunía el jueves de forma extraordinaria para analizar la tragedia, una reunión en la que el Principado negó una actuación negligente en la mina de Cerredo y en la que se acordó poner en marcha una comisión especial de investigación «que va a poner todos los medios, todos los esfuerzos y todo lo que sea necesario para aclarar» este accidente. Se reunirá el próximo 28 de abril con la participación de los mismos integrantes de la Comisión de Seguridad Minera, de la que forman parte la autoridad minera, sindicatos, empresas del sector y colegios profesionales de minas, para tratar de dilucidar todas las dudas y cuestiones que han surgido a raíz del accidente: ¿Cuál fue la causa del accidente? Si se produjo por una bolsa de grisú, como se ha barajado inicialmente, ¿por qué no funcionaron los detectores y los sistemas de ventilación? ¿Qué labor estaban realizando los trabajadores en el tercer nivel, donde tuvo lugar la explosión? Y, más allá de dar respuesta a todas esas preguntas, clarificar las dudas que se ciernen sobre la actividad que la empresa Blue Solving estaba desarrollando en el interior de la mina de Cerredo.
Lo que se sabe hasta el momento es que la compañía trabajaba en la mina desde el pasado verano con dos licencias: una de investigación para comprobar la presencia de algún mineral de cara a una futura extracción y una segunda para retirar chatarra y material del nivel tres de la antigua mina, donde se produjo el accidente mortal, pero en ningún caso carbón. Además, a Blue Solving se le concedió una subvención por parte del Ministerio de Transición Justa por valor de 1,6 millones de euros para dos proyectos exteriores: la construcción de un lavadero de minerales estratégicos y una planta de briquetas para dar un segundo uso a los finos del carbón. Estos dos proyectos están presupuestados en 7 millones de euros.
Denuncias e inspecciones
El caso es que en estos días se ha conocido que había denuncias del pasado mes de marzo de una empresa minera y de 2023 de un vecino de Degaña de que se estaba sacando carbón de Cerredo, además de haberse hecho público un informe interno de hace dos años que advertía de que había «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada». El informe se emitió a raíz de otro accidente que se produjo en el exterior de esta mina el 25 de agosto de 2022 en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó herido de gravedad al volcar un camión cargado de mineral.
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Belarmina Díaz, trasladaba tras la Comisión de Seguridad Minera extraordinaria del pasado jueves que desde el accidente de 2022 y hasta el 24 de septiembre de 2024 se realizaron en la mina de Cerredo ocho inspecciones sin que en ninguna de ellas se detectara «actividad anormal» ni que hubiese extracción de mineral en el nivel tercero de la mina, en el que tuvo lugar la explosión que, según las primeras hipótesis, se debió a una bolsa de grisú. Teniendo en cuenta esto, Díaz rechazó que hubiera habido negligencia por parte del Principado, subrayando que «estamos trabajando de forma absolutamente proactiva (...) Hay inspecciones, hay trabajo hecho y los permisos estaban en regla» antes de indicar que «lo que no está en regla son actuaciones que hay que dilucidar ahora y ver qué es lo que ha ocurrido con Blue Solving».
En conclusión, el accidente ocurrido el pasado lunes en la mina de Cerredo, en Degaña, se ha enredado de forma exponencial y la previsión en estos estadios iniciales es, según reconocía la propia consejera, que esta va a ser una investigación larga que se prolongará durante meses, aunque se mantendrá el objetivo de «llegar hasta el final y estudiar todo lo que ha pasado». Por lo pronto, teniendo en cuenta lo que se puede dilatar la investigación judicial y de la comisión especial, lo que hará Belarmina Díaz es comparecer a petición propia en el parlamento autonómico para dar explicaciones. Otro paso que ha dado ya es «iniciar los trámites previos para un (expediente) sancionador, que es lo que se puede hacer a día de hoy», ha dicho, al margen de las actuaciones que se lleven a cabo por parte del Juzgado de Cangas del Narcea.
«Cautela» entre los sindicatos, que piden toda la información
Ante toda esta confusión que rodea actualmente a la mina de Cerredo, los sindicatos mantienen la prudencia apostado por «trabajar con rigor» en el seno de la comisión especial de investigación, ha reclamado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, que también ha pedido que se pongan a disposición de dicha comisión todos los informes y la documentación que disponga la Consejería en torno a los permisos y los trabajos que se han desarrollado en esta mina del suroccidente asturiano. Por su parte, el responsable de Salud Laboral de la Federación de Industria de CC OO, Javier Vázquez, ha pedido «cautela, tampoco vamos a criminalizar» hasta que avance la investigación y tener más información. No obstante, el mismo ha sido claro con la posición del sindicato CCOO subrayando que si se detectan irregularidades se deberán «dirimir responsabilidades a quien competa».
Por su parte, el representante del SOMA-FITAG-UGT avanzaba este viernes que su sindicato, al igual que el Gobierno del Principado, se personará como acusación particular en la causa por el accidente por el que el pasado lunes murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos en la mina de Cerredo. CC OO, en cambio, aún no ha determinado si se personará como acusación particular en la causa abierta, aunque ha explicado que la organización sindical se personará «si hubiese irregularidades en concesiones» o «en cualquier tipo de permisos». También indicaba en estos días que si se detectan irregularidades se deberán «dirimir responsabilidades a quien competa». En este sentido, Alperi también ha subrayado que si de todos los informes que hay que analizar se derivan «responsabilidades concretas» tendrán que «depurarse», aunque por ahora desde ambos sindicatos se descarta pedir responsabilidades por la tragedia minera a la espera de que avance la investigación y disponer de más información.