Asturias, entre las comunidades más rápidas en la prestación de la eutanasia

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Acompañar a una persona en la etapa final de su vida es un desafío.
Acompañar a una persona en la etapa final de su vida es un desafío. iStock

Salud gestiona las solicitudes en un plazo de 46 días, 21 por debajo de la media nacional

30 abr 2025 . Actualizado a las 13:34 h.

La Consejería de Salud gestiona en 46 días la prestación de la eutanasia, desde el momento en el que se solicita la ayuda hasta que se aplica, cuyo plazo supone 21 días menos que la media nacional, que se situaba en 67 días en 2023, último año con datos completos para todo el país, lo que sitúa al Principado entre las comunidades que cumple con mayor rapidez este derecho.

Además, los trámites se acortaron en Asturias en tres días en 2024 en comparación con el ejercicio anterior, según el informe anual elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), presentado este miércoles. La comisión asturiana resuelve sus verificaciones en la mitad de tiempo que la media de las comunidades, en concreto, pasan 6 días desde el informe del médico consultor hasta la resolución, frente a los 12,3 a nivel nacional, subraya el Gobierno regional en una nota.

La directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, que ha participado esta mañana en la reunión en la que se ha presentado el informe del año pasado, ha manifestado que las prestaciones en la comunidad se gestionaron de forma ágil, «respetando los derechos de las personas solicitantes y asegurando su voluntad de recibir ayuda para morir en las condiciones elegidas».

El número de solicitudes de prestación de ayuda para morir en el Principado se mantiene estable desde 2022 y oscila entre 30 y 35 por año. También se consolida un perfil mayoritario de las personas solicitantes: hombres de 60 a 79 años, con patologías neurológicas u oncológicas avanzadas en la mayor parte de los casos. Asimismo, destaca el elevado porcentaje de personas que previamente registraron su documento de instrucciones previas (DIP), popularmente conocido como testamento vital, que alcanza un 57%.

El año pasado se registraron en la comunidad 35 peticiones de eutanasia, de las que nueve fueron autorizadas: seis realizadas y tres aplazadas por voluntad de la persona solicitante. De las 26 restantes, nueve fueron denegadas, cuatro revocadas y 13 personas fallecieron durante la tramitación, la mayoría en fases muy avanzadas de su enfermedad, informa Efe.