Transición Ecológica mantendrá la ayuda a Blue Solving en Cerredo al no tener relación con la actividad extractiva

Con el foco de la actualidad puesto en Asturias en el arranque de la comisión de investigación en la Junta General sobre el accidente de la mina de Cerredo, en Degaña, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmó que una de las ayudas que recibe Blue Solving, la empresa propietaria de la explotación, se mantiene vigente al no estar relacionada con actividad extractiva. Parte de la investigación del accidente, en el que fallecieron cinco trabajadores, se refiere a que la empresa estaba extrayendo carbón (el accidente se dio con una explosión de grisú) sin tener licencia para hacerlo.

La ayuda pública del Instituto para la Transición Justa (ITJ) «está condicionada a la ejecución del proyecto concreto para el que fue otorgada, la aportación de las licencias necesarias y verificación del gasto» y de momento lo está porque está destinada al uso en superficie de una nave de valorización, una nave de almacenamiento, y un área de transporte «en ningún caso para la actividad extractiva». Así lo confirmó el Ministerio a preguntas de este diario, que insistió en que «El ITJ no financia la extracción minera». En su respuesta Transición Ecológica cifra en 927.668,72 euros el monto de la subvención.  Casi un millón como respaldo a los tres de inversión para la instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción, con una plantilla inicial de un trabajador y el empleo a crear serían de 17 más, lo que supone que el empleo a mantener es de 18 trabajadores.

En todo caso «la empresa no ha cobrado ninguna cantidad de la subvención, cuyo pago está condicionado a la ejecución del proyecto concreto para el que fue otorgada, la aportación de las licencias necesarias y verificación del gasto».

La respuesta ministerial recalca que los proyectos que opten a las ayudas recogidas en la presente convocatoria deberán cumplir con una serie de requisitos relacionados con la creación y el mantenimiento del empleo. Entre las condiciones establecidas, se exige que las iniciativas generen los puestos de trabajo comprometidos entre la fecha de solicitud y el 31 de marzo de 2026, fecha límite fijada por la administración.

Asimismo, una vez realizada la inversión, esta deberá permanecer productiva y en activo dentro de la empresa al menos hasta el 31 de marzo de 2029, salvo que se establezca un plazo diferente en las bases específicas. Del mismo modo, el empleo generado también deberá mantenerse, como mínimo, hasta esa misma fecha.

La normativa también establece que los beneficiarios estarán obligados a justificar el cumplimiento de las condiciones exigidas y a acreditar la realización efectiva de la actividad que motivó la concesión de la ayuda. Esta justificación deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses tras la finalización del periodo previsto para ejecutar el proyecto. La contestación del ministerio confirma los términos de la resolución con el documento público por el que se concede.

Una respuesta parlamentaria

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha reiterado que el permiso concedido a Blue Solving, la empresa que trabajaba en la mina de Cerredo (Degaña) donde murieron cinco operarios el 31 de marzo, se ajustó a la legalidad.

Así lo señala en una respuesta parlamentaria al secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, en relación con los permisos otorgados a la compañía para labores de investigación en una mina donde anteriormente ya se había producido otro importante accidente laboral.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la concesión del permiso de investigación complementaria se realizó conforme a la legalidad vigente y atribuye a un «problema sobrevenido con la migración de cuentas de correo electrónico» el hecho de que una denuncia ciudadana sobre posibles trabajos irregulares no fuera atendida inicialmente.

Según la información facilitada por el Gobierno asturiano con fecha de 13 de mayo de 2025, Blue Solving S.L. solicitó el permiso de investigación complementaria el 5 de junio de 2024, siéndole concedido el 8 de julio del mismo año. Para ello, la empresa presentó la documentación requerida por la Ley de Minas, el Reglamento General para el Régimen de la Minería y el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

El Ejecutivo explica que «tras la solicitud se analiza la documentación aportada y se emite un informe técnico, previo a la resolución».

Consultado sobre la experiencia previa de Blue Solving S.L. en labores de investigación, el Gobierno señala: «No nos consta, pero desde la Dirección General se valoró la documentación presentada de acuerdo con la norma que la regula».

Además, aclara que los proyectos aprobados bajo normativa minera «no están sujetos a información pública, con la excepción del Proyecto General de Explotación de una nueva unidad productiva».

Respecto a las reuniones mantenidas por la exconsejera y entonces directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, con un representante de Blue Solving, el Principado afirma que no le consta la existencia de órdenes del día en dichas reuniones.

Sobre el accidente mortal ocurrido el 25 de agosto de 2022 en la misma mina, donde falleció un trabajador, el Gobierno justifica su no personación en la causa alegando que «la personación requiere motivar que la Administración del Principado de Asturias haya sufrido un daño directo; por tanto, personarse es la excepción».

En cuanto al correo electrónico enviado por un denunciante el 16 de octubre de 2023 al Servicio de Atención Ciudadana (SAC), alertando sobre posibles trabajos irregulares en la mina y que fue remitido a la entonces Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, el Gobierno asegura que «los funcionarios del Principado de Asturias atienden sus tareas diariamente». Atribuye el problema a la migración de cuentas de correo: «El informe de la Inspección de Servicios probablemente arroje luz sobre el problema sobrevenido con la migración de cuentas de correo electrónico y sobre lo que ocurrió con esa cuenta apoderada».

Medidas en la adminstración

El Ejecutivo niega que haya funcionarios con correos sin revisar desde 2023 y afirma que, tras la nueva distribución competencial, se está redimensionando el número de cuentas apoderadas. Asegura que no le consta ninguna otra denuncia al SAC sin tramitar adecuadamente.

Sobre posibles medidas disciplinarias por este «error», el Gobierno, en la respuesta de Borja Sánchez consultada por Europa Press, indica que «lo conveniente es esperar al informe de la Inspección de Servicios».

Finalmente, ante la pregunta sobre la ausencia de inspecciones durante un periodo de seis meses en una mina con un accidente mortal previo y donde operan empresas sancionadas por extraer carbón sin permiso, el Gobierno se limita a señalar que «las infracciones encontradas dieron, en su día, lugar a los expedientes sancionadores correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente».

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