FADE y el Instituto de Estudio Económicos presentan un estudio que refleja que el tipo máximo agregado del IRPF en Asturias alcanza el 50%, «uno de los más altos de España, y el umbral de aplicación para rentas altas es bajo»
30 may 2025 . Actualizado a las 14:28 h.La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) han subrayado que la «elevada» fiscalidad del Principado resta competitividad a la comunidad y han defendido que una «reducción selectiva y estratégica de la carga fiscal puede traducirse en mayor dinamismo económico, más inversión y empleo». Ambas organizaciones han presentado este viernes el informe 'La competitividad fiscal en el Principado de Asturias. Una propuesta de mejora', elaborado por IEE.
El director general del instituto, Gregorio Izquierdo, ha asegurado que Asturias presenta una de las «presiones fiscales más elevadas de España, lo que puede generar desincentivos a la inversión, fomentar la deslocalización de talento y empresas y lastrar la capacidad de crecimiento del tejido empresarial». En su opinión, a pesar de contar con finanzas públicas saneadas, el actual modelo impositivo «sigue alejando a Asturias de sus comunidades vecinas en materia de competitividad fiscal». La presidente de FADE, María Calvo, ha afirmado que la fiscalidad es una de «las herramientas más poderosas para dinamizar la economía» y «Asturias necesita un entorno más favorable para crecer, generar empleo y retener talento».
El documento refleja que el tipo máximo agregado del IRPF en Asturias alcanza el 50%, «uno de los más altos de España, y el umbral de aplicación para rentas altas es bajo». El informe indica que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es el «más gravoso del país», con tipos máximos del 36,5%, y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados también «se sitúa en los tipos más elevados». El estudio advierte, por otro lado, de que el Principado «sigue mostrando un menor dinamismo económico que la media nacional» y que su PIB per cápita regional en 2022 fue de 23.953 euros, frente a los 27.198 de España y los 32.481 de la eurozona.
En este contexto, propone reducir el tipo máximo del IRPF al entorno del 47% y elevar el umbral de aplicación; reforzar bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, alineándolo con comunidades como Galicia; y rebajar los tipos generales de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados al mínimo legal.
Asimismo, plantea bonificar el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas para empresas en expansión o con pérdidas, disminuir el gravamen del Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones para favorecer nuevas inversiones y fomentar incentivos fiscales ligados a la inversión en tecnología e innovación, informa Efe.