Los tres conflictos laborales que siguen abiertos en Asturias tras el preacuerdo en Educación

Apaciguada, con un preacuerdo luego corroborado por los docentes, la huelga más peligrosa de la legislatura para el Ejecutivo asturiano, lo cierto es que el presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene todavía tres frentes abiertos que amenazan con mantener abierta la conflictividad. La huelga educativa, un paro indefinido que se prolongó durante varios días con una escalada de protestas hasta el comienzo de esta semana logró sus objetivos en buen a medida por lograr cuajar una sólida unión sindical que también consiguió atraer a otros grupos a las protestas. Varios de ellos mantienen sus reivindicaciones.

Dos de estas protestas están vinculadas al sector educativo, aunque de forma paralela al de la huelga principal de la escuela pública. En las últimas jornadas no pocos --y también en el ámbito político-- temieron una extensión general de las protestas en la administración que pudiera poner en jaque al Ejecutivo autonómico. Aunque con desigual suerte.

Les escuelines

De forma inmediata lo ha hecho el colectivo de educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias, que ha convocado una jornada de movilización para este miércoles con el fin de denunciar su situación laboral. Bajo el lema «las primeras en educar y las últimas en derechos», las trabajadoras exigen reconocimiento y mejoras laborales tras años en los que, según afirman, «les han marginado, les han explotado y les están dejando atrás». En una carta pública, aseguran que «no habrá integración sin dignidad» y lamentan que, pese a haber creído en el proyecto del Principado como «la gran apuesta del Gobierno» en educación, la realidad actual dista mucho de esa promesa: «Le pusimos alma, formación y entrega. Pero hoy, la realidad se impone con toda su crudeza».

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han respaldado la protesta con la convocatoria de una huelga y dos concentraciones en Oviedo, a las 12:00 y a las 18:00 horas. Las más de 600 educadoras, la mayoría mujeres, reclaman la apertura de «una mesa de trabajo real» con la Administración. Denuncian que, pese a haber accedido por oposición a sus plazas, el Gobierno del Principado las mantiene en el grupo C del funcionariado, cuando por formación y funciones deberían estar clasificadas en el grupo B. «Nos niega la dignidad profesional. Y lo saben. Pero no lo corrigen», subrayan, criticando especialmente al Ejecutivo regional por proclamarse feminista mientras sostiene condiciones laborales que consideran indignas para un colectivo eminentemente femenino.

Las educadoras insisten en que el primer ciclo de educación infantil no debe verse como un simple servicio asistencial: «El 0 a 3 no es un aparcaniños, es educativo», afirman, recordando que esta etapa sienta las bases del desarrollo emocional, cognitivo y social del menor. Además de los problemas salariales y de reconocimiento profesional, denuncian precariedad generalizada, diferencias entre municipios y la situación incierta de un centenar de trabajadoras de seis ayuntamientos que aún no han sido estabilizadas. Advierten al Gobierno asturiano que con esta gestión no se está construyendo un sistema educativo «público, ni igualitario, ni digno».

La concertada

También en el ámbito educativo, pero fuera de la red pública, los profesores de la concertada vieron en la gran huelga docente un ascua suficientemente cálida para arrimar la sardina de sus reivindicaciones salariales. Los sindicatos de la enseñanza concertada en Asturias reclamaron la semana pasada jueves al Principado la apertura «inmediata» de una mesa de negociación para tratar las demandas que, aseguran, llevan acumulándose desde hace 25 años. En una manifestación celebrada frente al Teatro Campoamor de Oviedo, acusaron al Ejecutivo autonómico de haber «eludido de forma sistemática su responsabilidad», ignorando las reiteradas peticiones para abrir canales de diálogo. Los representantes sindicales han advertido de que «el próximo curso escolar no empezará con normalidad» si no se registran avances significativos.

A través de un manifiesto conjunto, los sindicatos Otecas, Feuso y FSIE denunciaron que la Administración ha aplicado una «política de la dilación» mediante la renovación de acuerdos con mejoras mínimas o, directamente, una actitud de «ninguneo y desprecio», como ocurrió —afirman— con la campaña por la equiparación retributiva iniciada en diciembre de 2022. Critican que «nada esencial ha cambiado» y señalan agravios como la congelación del complemento autonómico desde 2009, plantillas sin renovar desde hace 25 años, la falta de reducción lectiva para mayores de 55 años, la ausencia de jubilaciones parciales, ratios elevadas y la carencia de personal especializado estable.

Los sindicatos subrayan que las condiciones laborales y salariales en la concertada siguen siendo «abismalmente» peores que en la enseñanza pública, a pesar de prestar el mismo servicio educativo. «Pedimos que se nos reconozca nuestro trabajo», reclamó Manuel Cueto, secretario general de Otecas, mientras que Gonzalo Menéndez, de Feuso, aseguró que «la pública es una privilegiada en comparación a la concertada». «Los niños no son públicos ni concertados, son niños. Y merecen los mismos recursos», insistió. Como parte de su estrategia de presión, han anunciado la entrega de una carta al presidente del Principado y no descartan medidas más contundentes como «huelgas, encierros y atrincheramientos». El calendario inmediato incluye una huelga general y concentración el 12 de junio y una manifestación el 19 del mismo mes.

El encierro del ERA

Ya en plena escalada de protestas se encuentran los representantes sindicales de los trabajadores de  Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Los comités de empresa del ERA pero también de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar mantuvieron este martes su segundo día de encierro en la sede de la Consejería de Hacienda. La protesta se debe a la falta de respuesta por parte de la consejera Marta del Arco a sus demandas, según ha explicado Belén Ordiz, presidenta del Comité de Empresa del ERA. El encierro, iniciado el lunes, será indefinido hasta que se ofrezcan soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas por sindicatos y plantillas.

Los trabajadores han rechazado la propuesta de adelantar las reuniones previstas con la gerente del ERA, Nerea Monroy, para los días 17 y 23 de junio, ya que exigen una cita conjunta para ambos comités. «Nos pretenden dividir», ha declarado Ordiz, quien ha asegurado que los empleados están con «ánimos y con fuerza» para continuar. Han convocado una nueva concentración este miércoles a las 10:00 horas frente a la Consejería de Hacienda, lugar del encierro. Además, califican de «irresponsable» la actitud de la consejera Marta del Arco por «no dar la cara», y piden la intervención directa de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

Como parte de las medidas de presión, los trabajadores han anunciado tres concentraciones simultáneas para el 20 de junio, con el objetivo de bloquear los principales accesos a Oviedo entre las 13:30 y las 14:30 horas, coincidiendo con la huelga de Renfe. Si no se logra avanzar en las negociaciones, los sindicatos han advertido que convocarán una acampada frente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar el próximo 25 de junio.

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