La UTE de la ampliación de Cabueñes intentó subir el presupuesto 31 millones «para mejorar sus condiciones económicas»
ASTURIAS
La empresa solo ejecutó el 25% de la obra en 28 meses y acumuló retrasos de hasta 381 días en trabajos clave para la estructura del hospital
23 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha respaldado la decisión de la Consejería de Salud de resolver el contrato de las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes debido al «incumplimiento culpable» de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria, integrada por el Grupo FCC y la compañía Los Álamos . El órgano consultivo critica con dureza la gestión de la UTE y advierte que su actuación estuvo marcada por reiterados retrasos, falta de medios y una estrategia dirigida a modificar sustancialmente el contrato para «mejorar sus propios beneficios económicos».
Uno de los aspectos más destacados del informe, al que ha tenido acceso este periódico, es el intento de la adjudicataria de aumentar en hasta un 39,28% el presupuesto de la obra, lo que equivaldría a añadir más de 31 millones de euros al contrato inicial, cifrado en 79.067.450 euros (sin IVA). El Consejo Consultivo no solo considera injustificado ese incremento, sino que afirma que su motivación era exclusivamente económica. De forma literal, señalan que el objeto de las sucesivas solicitudes de modificación contractual formuladas por la UTE «no consistía en una aportación en la innovación, en la gestión, en las instalaciones o de las unidades de obra a ejecutar, sino en la mejora de sus condiciones económicas».
Además, advierte que «los cambios en las unidades de obra del proyecto son con peores especificaciones y mayor precio», por lo que «el sobrescoste no estaba justificado». En lugar de introducir mejoras técnicas o constructivas, las modificaciones planteadas por la UTE encarecían el contrato sin justificar por tanto el aumento del gasto desde el punto de vista de la calidad de la obra o del interés público. De hecho, el informe recoge que la UTE llegó a ejecutar una solución no prevista «sin autorización previa la dirección facultativa», lo que además «incide negativamente en el plazo».
Sobrecoste y demoras por la guerra de Ucrania
La empresa adjudicataria argumentó que había circunstancias sobrevenidas que justificaban ese sobrecoste y las demoras, como el encarecimiento de materiales tras la guerra de Ucrania, errores en el proyecto original que debían ir «subsanándose sobre la marcha» o la falta de disponibilidad de terrenos, entre otros. En este sentido, la UTE solicitó una compensación adicional de más de 13,31 millones de euros por «la grave económica de la economía mundial y europea» desde la elaboración del proyecto de obra y «el marco geopolítico en el que se desarrolla la ejecución del contrato».
Sin embargo, el Consejo Consultivo rechaza tajantemente esas justificaciones. En primer lugar, considera que no puede hablarse de «riesgo imprevisible», ya que esas fluctuaciones económicas eran conocidas en el momento de presentar la oferta. Además, recuerda que fue la propia UTE quien ofertó un precio un 7,92% inferior al presupuesto base de licitación, lo que le permitió ganar el concurso frente a otras propuestas más altas. «Nada le hubiera impedido presentar una oferta con un precio más alto, como hicieron todas las demás empresas», argumenta el Consejo Consultivo, quien considera que parte de los sobrecostes alegados ya habían sido abordados por el Principado mediante la aprobación de una ampliación del plazo de ejecución en 125 días en agosto de 2023 y mediante la validación de un nuevo programa de trabajo.
A pesar de ello, el ritmo de la obra no mejoró tal y como demuestran los datos de ejecución de la obra. A 30 de diciembre de 2024 solo se había ejecutado el 25,01% del contrato, después de 28 meses de obra, cuando el plazo total previsto era de 29 meses. El informe técnico anexo al expediente documenta retrasos de hasta 381 días en algunos hitos clave como la losa de galería, 376 en muros o 355 en la losa cubierta de galería, entre otros aspectos estructurales de gran importancia para la estructura general de la obra. Además, se señala que la empresa «no dotó la obra de medios personales ni materiales suficientes», y que «desobedeció o ignoró sistemáticamente las instrucciones de la dirección facultativa».
En este contexto, el Consejo Consultivo concluye que existió una «evidente intención de la UTE de demorar la ejecución, manifestar deficiencias en el proyecto, no obedecer e, incluso, desobedecer las instrucciones de la Dirección Facultativa, impidiendo la ejecución del contrato a un ritmo adecuado e, incluso, tratar de obstaculizar los trabajos de los servicios administrativos afectados, con abundantes y poco justificadas peticiones y requerimientos difícilmente comprensibles». Por ello, se avala la decisión del Principado de rescindir el contrato, declarando también procedente la apertura de una vía para que se determine el importe de los daños y perjuicios causados.