La asociación ha presentado un recurso de casación en defensa del uso del glotónimo legal «gallego-asturiano»
05 jul 2025 . Actualizado a las 12:44 h.La asociación Axuntar ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en defensa del uso del glotónimo legal —nombre que se da a una lengua— «gallego-asturiano» frente a la denominación «eonaviego».
El colectivo subraya que el nombre «eonaviego», impulsado por el Gobierno del Principado con el respaldo de la Academia de la Llingua Asturiana, «carece de validez jurídica» y de «fundamento científico». Axuntar advierte de que su objetivo no es añadir un nombre alternativo, sino «erradicar una invención», un «anti-glotónimo» que asegura que no tiene aceptación social ni reconocimiento lingüístico.
La entidad, que pide «respeto» a la lengua «gallego-asturiana» y a los hablantes que la utilizan, argumenta que el término eonaviego «no figura» en la legislación autonómica vigente, en concretamente en la Ley de Promoción y uso del asturiano y del gallego-asturiano. Además, señala que según un estudio sociolingüístico de los profesores Alberte Facal y Henrique Costas, únicamente un 2,5 por ciento de la población prefiere esa denominación. La organización denuncia que se trata de una estrategia institucional para desvincular la lengua hablada en el occidente asturiano del tronco lingüístico galaico-portugués.
El recurso se dirige contra el decreto que establecía la estructura orgánica de la Consejería en el que se utilizaba oficialmente el término «eonaviego», precisa Axuntar, que indica que, aunque un decreto posterior introdujo también la mención «gallego-asturiano», esto «no repara el daño», pues el nombre previsto en la ley «pasa a ser secundario».
La asociación considera que el TSJA «no entró» en el fondo del asunto, ya que resolvió el caso basándose en un «cambio normativo posterior sin analizar la legitimidad» del uso institucional de «eonaviego», por lo que espera que el Supremo restituya la «legalidad y la jerarquía normativa» en lo que respecta a la denominación de la lengua.