El borrador presentado por Ovidio Zapico garantiza que toda vivienda protegida mantendrá su calificación de forma permanente y solo podrá destinarse al alquiler asequible
31 jul 2025 . Actualizado a las 15:00 h.El Gobierno del Principado de Asturias presentó el pasado martes el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, una norma que busca garantizar el acceso estructural, estable y permanente a una vivienda «digna, adecuada y asequible» para la ciudadanía asturiana.
El texto, elaborado por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, fue presentado por su titular, Ovidio Zapico, junto con el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el redactor del documento, José María González Gancedo. Zapico destacó que la norma «pone a las personas en el centro» y que no responde a intereses económicos: «No está supeditada a ningún otro tipo de intereses económicos», aseguró. La nueva ley garantizará que en Asturias «no se venda ninguna vivienda pública más», y blinda la protección permanente para las viviendas de protección oficial (VPO), tanto las promovidas por la administración como por iniciativa privada.
Una de las claves de esta nueva regulación es que, con su entrada en vigor, se impedirá que las VPO de promoción privada puedan ser vendidas en el mercado libre una vez haya caducado el plazo establecido para su protección, como ocurre actualmente. Esta calificación pasará a ser permanente, lo que supone un cambio estructural en el régimen de vivienda protegida en el Principado.
Además, la ley recoge que la vivienda pública únicamente podrá destinarse al alquiler asequible, eliminando definitivamente la posibilidad de venta y protegiendo de forma indefinida el parque público residencial.
El consejero de Vivienda también denunció la «descapitalización» sufrida por el parque público de viviendas del Principado en las últimas décadas. En los años 80, Asturias contaba con unas 30.000 viviendas públicas; actualmente, la cifra se ha reducido a 9.700. Para revertir esta tendencia, el Ejecutivo autonómico se ha marcado el objetivo de construir al menos otras mil viviendas durante esta legislatura: 600 de ellas ya están en marcha y otras 400 se encuentran en fase de tramitación administrativa.
El anteproyecto se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), abriendo un plazo de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones dentro del proceso de información pública. Una vez finalizado ese trámite, el Gobierno analizará las propuestas recibidas y espera poder aprobar el proyecto de ley en Consejo de Gobierno este mismo otoño, para iniciar después su tramitación parlamentaria en la Junta General.
Zapico ha expresado su confianza en que la ley reciba un «amplio respaldo» en la cámara. Según explicó, ya se han mantenido contactos con los grupos de izquierda y con la derecha democrática para informarles del contenido del borrador. Además, reiteró su ofrecimiento de diálogo a todas las fuerzas políticas para lograr sacar adelante la norma.
Sistema Asturiano de la Vivienda Protegida (SAVP)
Entre las novedades más destacadas se encuentra la creación del Sistema Asturiano de la Vivienda Protegida (SAVP), que agrupará todas las actuaciones públicas relacionadas con la vivienda protegida. El SAVP está concebido como una herramienta estructural para garantizar el acceso a la vivienda a las personas con mayores dificultades económicas o sociales. Su alcance es amplio: abarca la promoción, clasificación, calificación, adjudicación, régimen económico, inspección, conservación y control de las viviendas protegidas, así como la gestión del suelo público donde se desarrollen.
Según explicó el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, este sistema no implicará ningún coste extraordinario para las arcas autonómicas. Incluirá también nuevas herramientas de seguimiento y control como el Observatorio Asturiano de la Vivienda, el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y el Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas, lo que permitirá una gestión basada en la transparencia, la objetividad y la eficiencia.
Otro de los aspectos relevantes de la ley es el fortalecimiento del régimen de inspección. Los responsables de esta actividad serán considerados agentes de autoridad, y se establecerán sanciones económicas para prevenir el fraude en el uso de las viviendas protegidas. Las multas podrán alcanzar hasta el 25?% del precio de la vivienda afectada.
«Hoy la vivienda es la mayor de las preocupaciones para la ciudadanía asturiana y española», ha subrayado Zapico. «En estos primeros dos años de legislatura nos hemos centrado en la gestión. Con esta ley, fruto del aprendizaje y la experiencia, es el momento de dar orden jurídico a estas cuestiones», añadió. El consejero también recordó que el derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, y que los poderes públicos están obligados a adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo.