Justicia reclama a la empresa de vigilancia del centro de menores de Sograndio que garantice la seguridad

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

Centro de menores de Sograndio
Centro de menores de Sograndio tpa

Los sindicatos alertan del deterioro de la seguridad en el centro

30 jul 2025 . Actualizado a las 12:58 h.

La Viceconsejería de Justicia ha enviado un requerimiento a la empresa Alcor, responsable del servicio de vigilancia en el Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio, que cumpla con el contrato vigente y garantice la seguridad de sus trabajadores y del personal educativo, así como de los menores internos.

Justicia reclama que se extremen las precauciones en situaciones como los traslados y las salidas autorizadas de los menores del centro, ha informado este miércoles el Gobierno del Principado. 

La demanda que plantea la administración responde a un incidente que se produjo el pasado fin de semana y que derivó en la fuga de un interno durante una salida autorizada. Durante el trayecto, el joven sujetó al vigilante desde la parte trasera del vehículo, de tal modo que puso en peligro su integridad física y el normal desarrollo del servicio, han apuntado desde el Ejecutivo, que ha recordado que hace pocos meses ya ocurrió un incidente similar.

La viceconsejería tomará «todas las medidas legales oportunas» para que la empresa, propietaria del vehículo en el que el personal se desplaza durante las salidas autorizadas de los menores, cumpla con las condiciones del contrato adjudicado en 2021 y prorrogado hasta la adjudicación del nuevo, prevista para finales de octubre.

En virtud del contrato vigente, Alcor está obligada a cumplir con las obligaciones aplicables en materia de seguridad y salud laboral e higiene en el trabajo, por lo que desde Justicia ya se ha enviado un requerimiento a la empresa.

El Gobierno de Asturias expresa «su solidaridad con la plantilla de trabajadores, apoya sus reivindicaciones y trabaja para que los problemas de seguridad se solventen cuanto antes». 

Quejas sindicales

Los sindicatos alertan del deterioro de la seguridad en el Centro de Menores de Sograndio

El requerimiento del Principado llega después de que el comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos denunciase el «grave deterioro de las condiciones de seguridad y trabajo» en el Centro de Menores de Sograndio.

En un comunicado conjunto, el comité de empresa, del que forman parte los sindicatos CSIF, CCOO, USIPA y UGT, advirtió de que el centro se encuentra «en una situación límite, fruto del abandono institucional y la falta de voluntad política para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en el desempeño del trabajo».

Los sindicatos denunciaron que el pasado sábado, 26 de julio, «volvió a producirse un nuevo y grave incidente» durante una salida programada con menores de la que formaban parte un auxiliar de seguridad, una educadora y dos internos del centro. Según el relato sindical, durante el trayecto de regreso uno de los internos atacó por sorpresa al conductor del vehículo, con categoría de auxiliar de seguridad, aplicándole una maniobra de estrangulamiento conocida como 'mataleón' para forzarle a detener el vehículo y poder fugarse, unos hechos por los que la persona atacada necesitó asistencia médica. Los sindicatos han remarcado que no se trata de uno hecho aislado porque en los últimos meses se han producido «incidentes similares tanto dentro como fuera del centro».

Entre otras cuestiones, las organizaciones sindicales denuncian «la alarmante falta de personal educativo», especialmente en los meses de verano, la «ausencia total de personal sanitario (ATS) los fines de semana y festivos», y «el incremento sostenido del número de internos/as sin un aumento proporcional de plantilla fija, lo que genera una carga de trabajo desbordante e insostenible».

Además, han puesto de manifiesto «la precariedad de los vehículos con los que se realizan las salidas» y «el deterioro de la infraestructura del propio del centro, con espacios inadecuados, falta de mantenimiento y necesidades estructurales urgentes que afectan directamente a la convivencia y a la calidad del trabajo educativo y de seguridad».

Los sindicatos exigen «una solución ya, antes de que llegue el mes de agosto» porque es «prácticamente inhábil en la administración», informa Efe.