La pena prevista para este tipo de delitos es de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4
01 ago 2025 . Actualizado a las 13:18 h.La Guardia Civil ha investigado a once personas por un delito de tráfico de especies silvestres en peligro de extinción, con daños a la fauna silvestre valorados entre 225.000 y 2.250.000 euros, en una operación que se ha desarrollado en una docena de ciudades españolas. El operativo ha sido ejecutado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Valladolid, y las investigaciones se han llevado a cabo en Barcelona, Sitges, Begur, Girona, Burgos, Marbella, Villaviciosa de Odón (Madrid), Madrid capital, Palma de Mallorca y Oviedo, ha informado el instituto armado.
La investigación se inició en abril de 2024 con el Ciberpatrullaje de redes y la recepción de información de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura de Protección de la Naturaleza de Madrid. En la operación se aprehendieron, cautelarmente para su peritaje y valoración por parte de la Autoridad Administrativa y Científica CITES en España, obras de arte (esculturas con motivos chinos y japoneses) y objetos de joyería elaborados en marfil y oro (collares) y pelo de elefante y plata (pulseras), además de objetos decorativos, como una almeja gigante.
En todos los casos, especímenes protegidos de fauna silvestres, y tras analizar las pruebas, tratadas con técnicas de espectroscopia DXR Raman, se determinó que estaban elaboradas en marfil de colmillo de elefante, especie que se encuentra en peligro de extinción. La valoración de todos los efectos intervenidos asciende a 6.390 euros, con la valoración económica del daño a la fauna silvestre en el ámbito internacional que estaría entre 225.000 y 2.250.000 euros.
La Guardia Civil ha recordado que la pena prevista para este tipo de delitos, según el artículo 334 del Código Penal, es de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4.
En la Operación MARFISE han colaborado miembros del Seprona de Barcelona, Girona, Burgos, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia, Oviedo, Tres Cantos (Madrid), así como la Unidad Técnica del Ucoma de la Jefatura del Seprona en Madrid. Las diligencias las instruyen varios juzgados de Valladolid y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, informa Efe.