El anteproyecto presentado por el Gobierno regional hace especial hincapié en las nuevas condiciones de la protección pública, que será permanente y luchará contra la especulación
03 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Principado de Asturias prepara una Ley de Vivienda que quiere dar un giro a la actual situación del mercado inmobiliario y a un acceso a la vivienda que se está poniendo cada vez más complicado. La idea es consolidar un parque público suficiente, asegurar la habitabilidad y la sostenibilidad y hacer que las viviendas sean más asequibles. Todo ello con instrumentos de planificación, gestión y control.
Entre otras cosas, en la nueva norma presentada por el Gobierno regional se promueven mecanismos para aumentar la oferta y garantizar que las medidas tengan resultados beneficiosos en la práctica. Para ello, se combina la intervención directa del Principado —que construirá, comprará y rehabilitará inmuebles— con fórmulas de colaboración con el sector privado.
Uno de los pilares del anteproyecto es la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, en el que se aglutinan todas las actuaciones relacionadas con la promoción, adjudicación, conservación y control del parque protegido, así como la gestión del suelo destinado a vivienda.
Para desarrollarlo, el Principado se apoyará en un nuevo organismo, el Observatorio Asturiano de la Vivienda, que se ocupará del seguimiento, análisis y evaluación de las políticas en torno a la vivienda. Su objetivo es disponer de datos actualizados del sector para optimizar la gestión de las políticas residenciales.
Además, desarrollará un nuevo Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, que sustituirá al actual Registro de Demandantes de Vivienda Protegida para llevar a cabo una gestión más eficiente de las adjudicaciones y garantizar la transparencia en los procesos.
Otro de esos instrumentos clave será el Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas, una nueva herramienta para detectar inmuebles sin uso y mejorar así el aprovechamiento de todo el parque de viviendas. En una situación de escasez de vivienda, el objetivo tiene que ser que no haya edificios sin habitar. De este, modo, las viviendas que permanezcan desocupadas en períodos prolongados podrán ser objeto de medidas para su uso.
El Gobierno asturiano ha impulsando la construcción propia, con 600 viviendas actualmente en marcha y otras 400 en trámite, la mayoría en Oviedo, y también acuerdos con ayuntamientos como el de Aller para comprar viviendas ya existentes para el parque público. El objetivo es adquirir 2.000 viviendas y superar las 10.000 gestionadas directamente por la comunidad.
La ley también refuerza el sistema de inspección y control, con inspectores que actúan como agentes de la autoridad. En caso de infracción grave, las sanciones pueden alcanzar el 25?% del valor de la vivienda. Se pretende así evitar usos indebidos, transmisiones no autorizadas o cualquier acto que atente contra los fines sociales de la normativa.
Cambios sustanciales en la vivienda protegida
Uno de los puntos fuertes de la nueva ley es el relativo a la vivienda protegida, que da un cambio radical en su concepción para adecuarla más a su propósito. Son varios los cambios importantes:
En primer lugar, en la actual normativa, la duración de la protección de las viviendas depende de la calificación otorgada en cada caso, y lo más habitual es un periodo de treinta años. Transcurrido ese tiempo, la vivienda puede descalificarse y salir al mercado libre, lo que puede facilitar la especulación. Con la nueva ley, las viviendas permanecerán siempre bajo el régimen de protección.
Por otra parte, el régimen actual permite que la vivienda protegida, una vez pasado el periodo mínimo y cumplidas ciertas condiciones, pueda liberalizarse. Esto desaparece en la nueva ley: las viviendas protegidas mantendrán su naturaleza sin límite temporal. Esto significa que el derecho a acceder a ellas se mantiene vinculado a requisitos sociales. No podrá hacerlo bajo ninguna circunstancia quien no cumpla estos requisitos.
Asimismo, hay un cambio importante en la tipología. En la ley actual, las viviendas se dividen en dos tipos con reglas muy flexibles: las de promoción pública destinadas a alquiler (con casos en los que se permite su venta), y las de promoción privada, que pueden venderse o arrendarse.
En la nueva ley, esta diferencia se hace mayor: las viviendas de promoción pública quedarán reservadas en exclusiva para el arrendamiento, y no se permitirá venderlas en ninguna circunstancia. Y las de protección privada podrán venderse o alquilarse, pero siempre manteniendo la condición de protegidas de manera indefinida.
Además, con la nueva ley, todas las viviendas de titularidad autonómica quedarán automáticamente recalificadas para someterse a protección permanente, con uso exclusivo para el alquiler. Esta previsión alcanza tanto a las viviendas existentes como a las que se califiquen en el futuro, cerrando la puerta a procesos de venta que durante décadas contribuyeron a la descapitalización del parque público.
Por otra parte, en el actual sistema, el acceso a la vivienda protegida está condicionado por límites de ingresos, pero esa exigencia se aplica solo mientras dure el régimen de protección. Con el nuevo marco, la limitación se mantiene con carácter permanente, de modo que las viviendas protegidas solo podrán destinarse a personas que cumplan los requisitos de acceso en todo momento, reforzando la orientación social del parque.
En definitiva, la reforma convierte un modelo que era temporal y flexible en un sistema permanente y cerrado a la liberalización. Las viviendas hasta ahora podían salir al mercado libre y perder así su función social. Tras la nueva ley, su protección estará blindada y se cerrará definitivamente la puerta a la especulación.