En ocasiones bares, tiendas o negocios no aceptan que los clientes abonen sus compras con datáfono, o lo hacen a partir de una cantidad mínima. Asimismo, las administraciones cada vez imponen más el pago con tarjeta. El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, explica hasta qué punto son legales estas prácticas
25 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Cada vez es más habitual, especialmente desde la pandemia, que las personas hagamos todas nuestras compras y pagos echando mano del dinero «de plástico». Por comodidad, fundamentalmente, las tarjetas han ido arrinconando poco a poco a las monedas y billetes.
En este sentido, de acuerdo con los datos de PaynoPain en su encuesta 'Métodos de pago: La decisión definitiva', correspondiente a 2025, sólo el 23% de los españoles prefieren el efectivo. De acuerdo con este estudio, el protagonismo del metálico como método de pago es mayor en Castilla y León (42%), Extremadura (41%), Asturias (39%) y Cantabria (33%). Es decir, casi cuatro de cada diez asturianos prefieren sacar dinero contante y sonante de sus bolsillos a la hora de abonar su consumición en el bar, pagar la compra en el supermercado o la cuenta en el restaurante.
En este sentido, cabe preguntarse si existe alguna normativa que impida que en los comercios acepten el efectivo como método de pago. O, por el contrario, si hay alguna ley que permita a las administraciones no admitir como opción principal los pagos con dinero 'físico'.
Obligación legal de informar al consumidor
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, explica a La Voz que «no hay ninguna ley en este momento, ni ninguna regulación legal de aplicación en España y tampoco a nivel comunitario, que obligue a los establecimientos a tener o disponer como fórmulas de pago de un datáfono para poder pagar con tarjeta».
En este sentido, afirma que «hay una cierta cultura cada vez mayor, especialmente tras el COVID-19, que fue imponiendo el pago con tarjeta, una de las opciones mayoritarias actualmente». Esta preponderancia por el pago digital se aprecia «sobre todo en el ámbito de hostelería y el pequeño comercio, que se resisten a disponer de varias fórmulas de pago para ofertar al cliente».
No obstante, Dacio Alonso matiza que «si no se admite abonar mediante tarjeta, el comercio tiene la obligación legal, desde el punto de vista del derecho a la información del consumidor, de avisar en un sitio muy visible del establecimiento».
Es decir, el restaurante, tienda o cafetería no tiene que disponer necesariamente de pago telemático, pero «lo que sí tiene es la obligación legal de informarlo». El presidente de la UCE añade que también está la «picaresca añadida de aquellos que dicen que tienen el datáfono estropeado», algo que en ocasiones podría esconder una «falta de transparencia en el sentido de control y fiscalidad de pagos menores».
Dacio Alonso también apunta que «es posible que el comercio diga que no se acepta el pago con tarjeta a partir de una cantidad mínima». En este caso, explica que «a los pequeños comercios que les dan esta opción, les cobran una comisión y entonces establecen o condicionan que el uso de la tarjeta sea siempre a partir de una cantidad mínima ¿Esto es legal? Bueno, si lo es, siempre y cuando se indique».
Pago con pulsera en festivales musicales
También es habitual ver cómo, en sus relaciones pecuniarias con la administración local, autonómica o central, el ciudadano se ve obligado a recurrir al pago con tarjeta con cada vez más frecuencia. «En el caso de administración ya estamos hablando de otra historia», remarca Alonso. En esta línea, recuerda que «legalmente en España y en la Unión Europea el pago en efectivo es perfectamente legal y es una opción de las que tiene el consumidor cuando contrata un servicio o adquiere un bien».
Dacio Alonso también se refiere a una práctica que «está muy de moda en los conciertos y los macroconciertos que inundan las fiestas estivales», como son, por ejemplo, «el Tsunami y el Metrópoli en Gijón, que son una excepción y están generando una ilegalidad», ya que están «imponiendo como fórmula de pago una pulsera que hay que rellenar económicamente para llevar a cabo todos los pagos que vayas a hacer dentro del concierto».
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias insiste en que «eso es manifiestamente ilegal», porque la organización «tiene que garantizar otras vías alternativas de pago y el efectivo es una de ellas». Añade que, en estos eventos, «además te cobran una comisión» y la modalidad de pago elegida se convierte en un «negocio muy rentable para quienes lo imponen, pero que es manifiestamente ilegal».