Un nuevo horizonte tecnológico en la administración asturiana: estos son los usos que le podrán dar los funcionarios a la inteligencia artificial

El Principado de Asturias acaba de aprobar y publicar el decreto 98/2025, que está llamado a marcar un antes y un después en la administración pública, porque regula el uso de la Inteligencia Artificial (IA), las posibilidades y los límites que tendrán los funcionarios a la hora de utilizar esta herramienta, que bien usada puede suponer un salto de calidad en el servicio.

Son varias las áreas en las que el funcionariado podrá hacer uso de la IA, según las directrices del decreto: Mejora de la eficiencia en servicios públicos: ese es el objetivo principal y el más obvio. Prestar mejores servicios, tanto en calidad como en tiempo.

Optimización de procedimientos administrativos: uso de herramientas de IA para agilizar y mejorar la tramitación, reducir cargas burocráticas y automatizar tareas repetitivas, lo que ayudará a ahorrar mucho tiempo. Una aplicación concreta es el desarrollo de sistemas inteligentes para la digitalización automatizada de expedientes. Por ejemplo, un ciudadano presenta una solicitud en PDF y la IA extrae los datos esenciales, los clasifica y los incorpora automáticamente a los sistemas de tramitación administrativa.

Diseño y aplicación de políticas públicas: se emplearán sistemas inteligentes para el análisis de datos con los que se podrán tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, para datos sociosanitarios y demográficos como el envejecimiento, la movilidad geográfica o la pobreza.

Una gestión pública más personalizada, que se adapte a las necesidades de cada ciudadano. El Principado tiene en marcha para ello la plataforma digital miPrincipado, con que utilizará la IA para que la relación entre la Administración y los ciudadanos o las empresas sea más fluida, con notificaciones, alertas y soluciones adaptadas a cada usuario.

De este modo, además de mejorar el servicio directo a los ciudadanos, la IA, al agilizar y automatizar los procesos, permitirá que los funcionarios asturianos dediquen más tiempo a tareas complejas y de mayor valor añadido.

Principios operativos

El decreto establece un total de nueve principios fundamentales para operar eficazmente con el sistema. El primero, la explicabilidad: los funcionarios deben poder entender y explicar los resultados que proporciona la IA; además, debe respetar la autonomía humana y no limitar la toma de decisiones de las personas; también debe regirse por el principio de proactividad y adaptación, para ofrecer servicios ajustados a las necesidades de los ciudadanos.

Otros principios importantes son: la equidad, que el uso de IA no genere sesgos que lleven a injusticia o discriminación; la prevención de daño: evitar perjuicios derivados del uso de los sistemas inteligentes; la protección de datos: cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos en todas las fases del uso de IA; transparencia: que se documenten y registren todas las decisiones tomadas por los sistemas; supervisión humana: debe mantenerse la capacidad de revisar y anular decisiones automatizadas, y trazabilidad: todos los conjuntos de datos y procesos deben dejar una huella a la que se pueda volver.

Limitaciones y prohibiciones

Por otra parte, el decreto establece limitaciones a la hora de utilizar los sistemas inteligentes. Se prohiben, entre otros, los usos que manipulen el comportamiento humano de manera subliminal, que exploten vulnerabilidades de grupos específicos o que usen identificación biométrica (salvo excepciones muy específicas).

Asimismo, se establecen tres requisitos básicos para el uso de la IA: respetar toda la normativa aplicable; garantizar la robustez técnica y la sostenibilidad económica y social, y cumplir con las finalidades establecidas en el decreto.

Procedimiento

Antes de utilizar el sistema inteligente, hay que seguir un proceso estructurado muy riguroso. En primer lugar, se requiere una autorización previa de la Consejería competente, con un informe previo de la Dirección General correspondiente.

A continuación, hay un proceso de verificación: los sistemas deben pasar por un entorno controlado de pruebas de dos fases, verificación previa y monitorización posterior.

El siguiente paso, es aportar la documentación técnica completa sobre el funcionamiento, los datos de entrenamiento y sistemas de gestión del riesgo. También hay una evaluación interdisciplinaria que llevará a cabo un equipo con perfiles técnicos, éticos, legales y sociales. Una vez autorizados, los funcionarios trabajarán con la IA bajo supervisión permanente.

Finalmente, habrá una monitorización técnica, una evaluación a posteriori del impacto y rendimiento de los sistemas, y se establecerá la capacidad de retirada, es decir, los sistemas pueden ser suspendidos temporalmente si presentan errores, sesgos o alucinaciones artificiales.

El trabajo abarcará numerosas áreas, que se verán favorecidas por una mayor agilidad y eficacia de los servicios: la sanidad, los servicios sociales, gestión administrativa, gestión energética, apoyo a entidades sociales o asistencia técnica y jurídica.

El decreto, según sus promotores, representa un marco pionero que permite a los funcionarios asturianos utilizar la inteligencia artificial de forma segura, ética y eficiente, siempre bajo supervisión humana y con estrictos controles de calidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales. Está previsto que entre en vigor el 31 de octubre de 2025.

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