Arranca el curso político con la investigación del accidente de Cerredo como protagonista
ASTURIAS
El lunes dará comienza el nuevo año con la mirada puesta en la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente del pasado 31 de marzo en la mina, donde perdieron la vida cinco trabajadores
02 sep 2025 . Actualizado a las 14:18 h.El curso político arranca en Asturias este lunes, 1 de septiembre, con la mirada puesta en la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores ya que, tras el parón de agosto, retomará los trabajos para recabar el testimonio de más de medio centenar de comparecientes.
La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
Las comparecencias se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.
Los alcaldes de Degaña, Óscar Ancares; de Ibias, Gemma Álvarez; y de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella también han sido llamados a comparecer, al igual que los responsables de la empresa Blue Solving, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas. No lo harán los supervivientes de la explosión, que declinaron dar testimonio ante esta comisión, ni el presidente del Principado, Adrián Barbón o la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como había reclamado Vox.
Primera ronda
En total, son más de sesenta los que están llamados a testificar en esta nueva ronda de comparecencias, después de que en la primera, celebrada durante la última semana de julio testificasen doce agentes medioambientales y cargos del servicio de Gestión Forestal el Principado. Sus testimonios se consideraron relevantes para la investigación porque, tras la explosión mortal registrada en el interior de la mina se hicieron públicas denuncias que con anterioridad habían hecho un particular, una empresa minera y agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón del interior de la explotación.
La forma en la que se formulan las actas, los cauces que siguen, la jerarquía existente o la forma de comunicarse con otras áreas de la administración, como la Dirección General de Minas, centraron estas primeras comparecencias. Como primera conclusión, sus testimonios denotan un «desorden» y «número excesivo de intermediarios en algunos procesos», con pérdida de información por el camino, así como que no hay una «relación fluida» entre diferentes secciones que «permita un mejor desempeño del trabajo», según la presidenta de la Comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.
Investigaciones abiertas
A partir del lunes, y hasta el jueves, seguirán compareciendo en el parlamento más agentes de Medio Natural de, responsables de los servicios de Montes, Prevención de Incendios o Infraestructuras Rurales, y personal de las dirección general de Minería y Gestión Forestal, además de inspectores de la Sección de Seguridad Minera.
La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses. También para depurar posibles responsabilidades, al margen de que la entonces consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ya presentó el 14 de abril su dimisión irrevocable ante los ataques recibidos desde la oposición y con el objetivo de no ser un obstáculo para la investigación.
Además de la esta comisión, sigue abierta la vía judicial, en manos del Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico, informa Efe.