Además ha negado conocer que estas empresas pertenecían al mismo entramado empresarial o que tuvieran un «vínculo familiar», así como haber tenido nunca contacto con ningún responsable de ellas
12 sep 2025 . Actualizado a las 12:31 h.La jefa del Servicio de Control Ambiental y exjefa del servicio de Ordenación Minera hasta 2023, Verónica Fabián Álvarez, ha explicado que, durante una visita a la mina de Cerredo en mayo de ese año, no vio indicios de que se estuviera extrayendo carbón de la mina.
Según ha afirmado en la comisión de investigación constituida en la Junta General, en la visita que realizó junto a otro compañero inspector el 23 de mayo de 2023, casi un año después el accidente de 2022 en el que murió un trabajador y otro resultó gravemente herido, no vieron nada que no se ajustara a los trabajos de desimpactación que estaba autorizados en la mina.
Asimismo, ha defendido que no requirieron documentación relacionada con la cualificación y certificación de los trabajadores ya que entendió que, si se había autorizado previamente la reanudación de la actividad tras la paralización a resultas del siniestro fue porque se habían cumplido las condiciones requeridas por el Servicio de Minas, ya que ella no tramitó el expediente del accidente.
Por otro lado, ha explicado que la existencia de actividad extractiva ligada a un proyecto de investigación en una explotación sujeta a un plan de cierre, como es el caso de la mina Cerredo, estaría justificada si el propietario considera necesario investigar la existencia de otro recurso distinto al que se estaba explotando, entre otros casos.
Además, según ha afirmado, la existencia de un plan de cierre en una explotación minera no tiene por qué ser incompatible con un proyecto que autorice la extracción de 60.000 toneladas de carbón, ya que puede que «se trate de otra unidad en otro lugar», o de otro recurso, al tiempo que ha afirmado desconocer si se trata de una cantidad excesiva para un permiso de investigación.
Transmisión de derechos mineros
Sobre la transmisión de derechos mineros de la compañía que explotaba la mina antes de Combayl hacia esta empresa, ha indicado que su participación se limitó a recibir la solicitud, comprobar que cumplía los requisitos de trámite y que los derechos mineros figuraban en el catastro a nombre de quienes los presentaban, tras lo cual la remitió al servicio de asesoramiento jurídico de la consejería.
A este respecto, ha negado conocer que estas empresas pertenecían al mismo entramado empresarial o que tuvieran un «vínculo familiar», así como haber tenido nunca contacto con ningún responsable de ellas más allá de los directores facultativos de obras o que alguien en la Consejería le pidiera un tratamiento favorable para las mismas.
Reducción de la plantilla
Preguntada por si el cierre de las explotaciones mineras de carbón a partir de 2018 habría justificado la reducción de la plantilla destinada a Seguridad Minera en Asturias, ha explicado que el hecho de que una actividad deje de funcionar no quiere decir que «deje de tener carga de trabajo».
«A continuación, después de la extracción, vienen tanto las labores de restauración, como se están llevando a cabo en la actualidad, y los planes de cierre», ha argumentado; informó EFE.