Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncian que se ha disparado en Canarias, Madrid, Baleares y Cataluña
09 oct 2025 . Actualizado a las 15:25 h.Canarias, Madrid, Baleares y Cataluña son las comunidades autónomas que lideran el proceso de privatización de la sanidad en España, según se desprende del 11.º Informe sobre la Privatización Sanitaria de las CCAA, publicado este jueves por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Asturias, por el contrario, figura entre las regiones con menor nivel de privatización, con 18 puntos sobre 34 posibles, situándose en el grupo de comunidades con mayor resistencia al avance del modelo privado.
«En estos 11 años hemos podido constatar una realidad bastante preocupante: la privatización no ha dejado de crecer, tanto en la provisión como en la financiación de los servicios sanitarios, y esto obviamente afecta de manera directa a la equidad, la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud», ha señalado el secretario de Organización de la FADSP, Sergio Fernández, durante la presentación del informe, elaborado de forma anual desde 2014.
El estudio, basado en una decena de indicadores, analiza la evolución de la privatización sanitaria en cada comunidad autónoma y revela que este proceso se ha incrementado un 31 %, pasando de un indicador global (la media de las CCAA) de 16 puntos en 2014 a 21,3 en 2025, sobre un máximo de 34.
Aunque el documento muestra diferencias entre comunidades —con algunas que presentan índices más moderados—, Fernández ha destacado que «ninguna, absolutamente ninguna, se libra del problema», al observarse en todas una «tendencia común» de desvío creciente de recursos públicos hacia el sector privado.
De este modo, Canarias (con 28 puntos), Madrid (28), Baleares (27) y Cataluña (26) lideran la clasificación más reciente, seguidas por la Comunidad Valenciana (26), Aragón (24), Andalucía (23), Extremadura (20), Galicia (19), La Rioja (19), Castilla y León (18), Murcia (18) y País Vasco (18), que se sitúan en la parte media de la tabla, con una velocidad intermedia de privatización.
A la cola, entre las comunidades con menor nivel de privatización, se encuentran Castilla-La Mancha (18), Navarra (18), Asturias (18) y Cantabria (14).
Madrid, Cataluña y Baleares repiten
El secretario de Organización de la FADSP ha lamentado que Madrid «se mantiene a la cabeza» desde que comenzó a elaborarse el informe, algo que también ha sucedido con Cataluña y Baleares, con ligeros cambios de posición entre ellas.
«Madrid representa el ejemplo más extremo y persistente de las políticas privatizadoras en España, con consecuencias, por desgracia, visibles: incremento de las desigualdades, más gasto de bolsillo para la ciudadanía y una accesibilidad más difícil a la atención sanitaria pública», ha detallado Fernández.
Teniendo en cuenta las diferencias entre comunidades, el portavoz ha insistido en que la privatización «no es un fenómeno inevitable», sino «el resultado de políticas concretas que condicionan el derecho a la salud y generan desigualdades entre territorios y personas».
Incremento «muy llamativo» en algunas CCAA
El autor del informe, José Manuel Aranda, ha profundizado en las diferencias territoriales para destacar que se está produciendo un incremento «muy llamativo» en algunas comunidades que antes no presentaban niveles tan altos de privatización, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Canarias.
El documento precisa que Andalucía ha experimentado un aumento de más del 32 % desde 2019, mientras que en Canarias el dato es del 32,3 % y en la Comunidad Valenciana del 29,4 %. También señala el caso de Extremadura (32,3 %), que en informes anteriores figuraba entre las regiones con menor grado de privatización y que en los últimos tres años ha acelerado este proceso.
«La justificación que dan los políticos que privatizan es que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para atender las demandas de la población (...). Pero nosotros pensamos que esta no es la causa, porque los servicios públicos podrían ser perfectamente suficientes si estuviesen adecuadamente financiados», ha afirmado Aranda.
Además, ha criticado la «falta de transparencia» de las administraciones sanitarias, que dificulta la obtención de datos para el estudio. En concreto, el informe se basa en información publicada por el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, el Barómetro Sanitario y la Fundación IDIS.
«La privatización es un proceso que destruye el sistema sanitario público, no solo por la falta de recursos, sino por el abandono de las estructuras de gestión», ha concluido Aranda, subrayando que tiene «consecuencias conocidas, como un incremento de la mortalidad general y un aumento de las desigualdades en salud»; informó Europa Press.