Barbón, tajante con la prórroga del peaje del Huerna: «Seguiremos por la vía judicial si no hay acuerdo»
ASTURIAS
El presidente del Principado asegura que en su gobierno «tienen todas las de ganar» tras analizar un dictamen de la Comisión Europea que ha definido como «demoledor» en favor de la supresión
18 oct 2025 . Actualizado a las 13:24 h.El presidente de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha señalado este sábado que desde su gobierno autonómico seguirán trabajando en el ámbito judicial si no se alcanzan acuerdos para la eliminación del peaje del Huerna (A-66), entre León y el Principado.
Durante una visita a Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), para recoger el Premio Benedicta Rodríguez Álvarez que le han entregado las Juventudes Socialistas de Castilla y León, ha manifestado que en su gobierno «tienen todas las de ganar» tras analizar un dictamen de la Comisión Europea que ha definido como «demoledor» en favor de la supresión.
Un día después de asistir en Oviedo a la manifestación contra el mantenimiento del peaje, Barbón ha recordado que las negociaciones siempre están abiertas y que dialogan de forma continua con el Gobierno de España porque es un asunto en el que hay discrepancias y en su partido no son «una secta», por lo que hay posturas diferentes y se defienden los intereses de cada territorio, ha remachado.
Ha defendido su presencia en la manifestación de Oviedo por el compromiso de su «palabra con Asturias», aunque ha reiterado que hay y habrá vías de diálogo, y que en cualquier caso, si no existe entendimiento, seguirán el trabajo en el ámbito judicial.
Barbón ha pronosticado un triunfo de la administración autonómica asturiana al estimar, tras leerse el dictamen de la Comisión Europea, que es un «caso demoledor» desde el punto de vista jurídico, por lo el Principado “tiene todas las de ganar” si el asunto termina en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este sentido, según recoge Efe, el presidente de Asturias ha puesto el foco en la responsabilidad histórica del PP en esta situación, con una prórroga ilegal llevada a cabo en 2000 por el Gobierno de Aznar y Cascos, y ha declarado nadie en la derecha asturiana se atreve a reconocerlo.