Un miembro de la comisión regional minera afea la «inadmisible» falta de control en Cerredo
ASTURIAS
Luis Javier Vázquez asegura que los incumplimientos se veían desde 2022 y califica al empresario de «terrorista laboral», mientras critica que la última revisión de la mina fuera ocho meses antes del siniestro
23 oct 2025 . Actualizado a las 13:19 h.Luis Javier Vázquez, miembro de la Comisión de Seguridad Minera por la Federación de Industria de CCOO, ha denunciado este jueves que la «falta de control» y de «vigilancia» de la Administración respecto a los «incumplimientos» en la mina de Cerredo, que ya «se veían» desde 2022, es «totalmente inadmisible».
En su comparecencia en la comisión constituida en la Junta General para investigar el accidente en el que el pasado marzo murieron cinco trabajadores, Vázquez, que también es miembro de la comisión de investigación minera sobre dicho siniestro, ha denunciado «incumpliminetos de tal magnitud y gravedad» que «asustan».
Con toda una vida de experiencia trabajando, como minero primero y posteriormente como ingeniero de minas, el compareciente ha dejado claro en varias ocasiones que la responsabilidad, en primer lugar, es del empresario, que según ha denunciado todavía les debe a algunos de los trabajadores dos meses de sueldo, junio y julio, lo que es «totalmente inaceptable» y denota la «catalogación moral» de esta persona, al que ha definido como «terrorista laboral».
Una vez hecha esta aclaración, ha considerado que no es «moral» ni «legalmente» admisible, ni «normal», que la última revisión de la tercera planta de la mina fuera ocho meses antes del accidente. Además, según él mismo pudo comprobar porque estuvo presente en la mina el día del siniestro como miembro de la comisión, simplemente por «el tipo de madera» que había en el exterior de la bocamina se podía saber que se estaba extrayendo carbón, ya que había «tablones de sostenimiento».
«Tenían tablones, tenían bastidores, tenían mampostas, que es lo que vale para el sostenimiento de una explotación, con lo cual solo viendo eso ya verificabas que allí se estaba extrayendo carbón, no hacía falta ni que vieras camiones ni que vieras absolutamente nada», ha subrayado.
Accidente de 2022
Pero mucho antes ya había «pistas» que deberían haber llevado a Minas a ser «más vigilante», en concreto los incumplimientos de Combayl descubiertos en el accidente de agosto de 2022, en el que los trabajadores estaban fuera del horario de trabajo y trabajan para otra empresa, que no estaba «ni registrada» y era propiedad del facultativo de Combayl.
«Nosotros en la comisión lo denunciamos, es decir, ¿cómo se pueden consentir estas cosas? ¿cómo no se pueden ver?», ha cuestionado Vázquez, quien ha incidido en que Minas debería haber estado «mucho más vigilante» con esta explotación tras un accidente en el que quedó probado que el empresario «intentó engañar» a la Administración.
«Es parte de la función de la propia administración controlar y vigilar los procesos, a parte de dar permisos, y si en un momento dado por cualquier circunstancia no tengo los medios para poder llegar, en vez de controlar las instalaciones una vez al mes, lo hago cada dos meses, pero nunca dejo de controlar y vigilar porque es mi función», ha añadido.
Inspecciones de minas
Con respecto a las inspecciones, aunque ha reconocido que el empresario «lo tiene muy fácil» para ocultar una eventual actividad ilegal, también ha dicho que el inspector puede modificar el itinerario a discreción para cumplir con su labor de vigilancia, como a él mismo le ha sucedido cuando ha desempeñado responsabilidades en la dirección de alguna explotación.
«Los actuarios llegaban y había veces que algún actuario te modificaba, (que le decías) ‘hoy vamos a ver esto’ y te decía ‘no, no, vamos a ver esto otro’. Es decir al final el control y vigilancia de los centros de trabajo y de las circunstancias especiales depende mucho de la decisión de los actuarios, entonces eximir las responsabilidades que te competen yo creo que no es una buena solución en ese aspecto», ha asegurado.
Inspecciones sorpresa
En esta línea, ha dicho que no es necesario que las inspecciones se hagan sin avisar, ya que en uno o dos días «no da tiempo» a ocultar una explotación de tal calibre, siempre y cuando el inspector haga uso de la «libertad para ir por donde quiera».
«Al final la decisión de inspección es mía porque yo soy el responsable de la inspección», ha indicado Vázquez, que también ha apuntado que no es «condición necesaria» que el director facultativo acompañe al actuario, sino solo un responsable de seguridad, que suele ser el delegado minero de seguridad.
A este respecto ha rechazado los testimonios que previamente han defendido este procedimiento en la comisión y que hablaban de que «prácticamente tenía que entrar la plana mayor de la empresa», según los ha calificado.
Prueba industrial
También ha dicho que la Administración lo tiene «muy fácil» para comprobar la trazabilidad del carbón que se extrae en el marco de un permiso de investigación y que en el caso de Cerredo no estaba justificada la cantidad, de 123 toneladas diarias, para un proyecto relacionado con carbón grafitable.
Como ejemplo, se ha referido a que la cantidad de carbón que se extrae en la mina de TYC Narcea, en Cangas del Narcea, sí que está justificada, porque es para una prueba para carbón siderúrgico que se lleva a cabo con Arcelormittal, algo fácilmente comprobable.
Asimismo, ha señalado que la empresa titular de Cerredo ya hizo un «gran engaño» del que la administración no se dio cuenta, ya que las muestras para certificar la calidad del material enviadas al Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR) eran de las capas María e Inesperada, mientras que la aprobación de la explotación se realizó para las capas «Rosario, Paquita e Inesperada», donde el carbón «no tiene esas características para grafito de calidad», informa Efe.