Izquierda Unida inquiere sobre la demora del Principado para elaborar el registro de objetores de conciencia
05 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno de Principado, mano a mano entre el PSOE e Izquierda Unida, ha tenido sus roces aunque en general ha sido un ejecutivo de coalición bien engrasado que no ha chirriado más de lo debido. Y aún así compartir gobierno puede llevar a que se produzcan situaciones parlamentarias inusuales, como que uno de los partidos del gobierno registre una pregunta en la cámara dirigida al propio gobierno y con un tono inquisitivo.
Es así que a finales de octubre el diputado de Convocatoria por Asturias (en la que está IU), Xabel Vegas, pudo obtener cumplida respuesta a una pregunta que había dirigido por escrito a la Consejería de Salud para conocer «¿Cuál es la razón por la que aún no se ha creado en Asturias el Registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo a pesar de que el protocolo que regula el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue aprobado hace casi diez meses? ¿Cuándo se tiene previsto poner en marcha dicho Registro?»
Y no es del todo extraño que se lo pregunte porque, al fin y al cabo, el Ejecutivo Central lanzó de forma reciente un requerimiento a varias comunidades por no contar con tal registro y la única que no era estaba gobernada por el Partido Popular era Asturias. Y no es asunto menor que fue, al menos durante unos días, objeto de la virulenta 'guerra cultural' que de forma periódica mantiene el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital con el Ejecutivo central.
¿Por qué Asturias no tiene ya ese registro vigente? En la contestación a Vegas, la consejera Concepción Saavedra señala que la demora en la creación efectiva del registro autonómico se justifica por la complejidad técnica y jurídica que entraña; que requiere estudios legales y organizativos, análisis de impacto, consulta pública, informes y procedimientos para asegurar la seguridad jurídica, el respeto a derechos fundamentales y la protección de datos personales.
«La precipitación en la elaboración y posterior aprobación de una norma sin las debidas garantías podría comprometer su validez y generar inseguridad jurídica» indica la contestación en la que se añade que «las razones por las que aún no se ha creado en Asturias el Registro de personas objetoras de conciencia, se encuentran jurídicamente justificadas en que la creación de un registro administrativo que afecta al ejercicio de un derecho fundamental, como es la objeción de conciencia».
La propia Saavedra en sede parlamentaria ya informó a mediados del mes pasado que se había iniciado ya el trámite de someter a información pública el decreto y que el objetivo es ir creando ese registro de objetores mientras se tramita el decreto, que ya lo hará «de una manera más definitiva». La consejera dijo entonces que la finalidad del registro es planificar los recursos humanos y saber cuántos profesionales presentan esa objeción dentro del sistema público para poder organizar mejor. «Quiero subrayar que este registro es de carácter confidencial, es voluntario y no tiene efectos sancionadores».
En Asturias, una comunidad que ha tenido gobiernos progresistas la mayor parte de la democracia, la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo un asunto complejo. En la práctica, los hospitales públicos solo realizan abortos en los casos en que existen patologías fetales o riesgos graves para la salud de la mujer.
El sistema distingue entre las interrupciones realizadas antes y después de la semana 14 de gestación. Hasta ese límite, las mujeres pueden acceder al aborto sin necesidad de justificar su decisión. En este tramo, más del 90% de los procedimientos se llevan a cabo en clínicas privadas acreditadas, como Belladona (en Gijón y Avilés) y Buenavista (en Oviedo). Aunque son centros privados, las intervenciones están concertadas con el sistema público de salud y no suponen coste alguno para las pacientes.
A partir de la semana 14, la práctica se complica desde el punto de vista médico y requiere hospitalización. Es en ese momento del embarazo cuando, tras las pruebas diagnósticas y ecografías, pueden detectarse malformaciones fetales, enfermedades graves o incompatibilidades con la vida, lo que hace que los procedimientos se trasladen a hospitales públicos bajo criterios clínicos específicos.