La medida se aprobará en la sesión plenaria que el parlamento asturiano celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre
12 nov 2025 . Actualizado a las 16:46 h.La reforma fiscal acordada por los socios del gobierno asturiano y negociada con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quedará aprobada en la sesión plenaria que el parlamento asturiano celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre. Aunque la junta de portavoces del parlamento asturiano no ha incluido su votación en el orden del día del pleno de la próxima semana, previsiblemente el penúltimo del actual periodo de sesiones antes de iniciarse la tramitación de los presupuestos autonómicos del próximo año, PSOE e IU ya han anunciado que el martes pedirán su inclusión.
La aprobación de este proyecto de ley está garantizada tras el acuerdo cerrado el pasado lunes entre el Gobierno y la diputada del Grupo Mixto que suman mayoría frente a la oposición manifestada a la reforma por el PP, Vox y Foro. Aunque el acuerdo no contempla cambios a los propuestos por el Gobierno en el IRPF, Tomé sí consiguió que se aceptara su propuesta para que el gravamen a los grandes tenedores de vivienda pase del 15 por ciento que proponía inicialmente el Ejecutivo al 20 por ciento.
El proyecto de ley que reforma la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) permitirá, según el Gobierno, que el 80 por ciento de las personas contribuyentes ahorren, como mínimo, 119 euros año. En concreto, incluye la rebaja de un punto en el tipo que se aplica al primer tramo del impuesto, que pasa del 10 al 9 por ciento, e incrementa el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015.
Por otro lado, se neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros, que no pagarán ni más ni menos tras la reforma e incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros, que pasa del 25,5 al 26 por ciento.
Ley Simplifica
En el próximo pleno también se procederá a la aprobación de la Ley Simplifica, con la que el Gobierno asturiano pretende facilitar y agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia. La ley introduce modificaciones en más de 50 artículos de 9 leyes vigentes y entre las medidas más destacadas se encuentra la posibilidad de tramitar ayudas durante todo el año, simplificar licencias para obras menores o actuaciones forestales mediante declaración responsable. También permitirá reducir las esperas administrativas y en el caso de la gestión forestal se ganarán más de dos meses por expediente.
Bebidas energéticas
La que no está claro que pueda aprobarse antes de que finalice el año es la ley de regulación de la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas para la protección de menores de 16 años. La norma establece acciones de prevención, sensibilización y control dirigidas a menores, familias, entidades públicas y privadas, establecimientos comerciales y otros agentes implicados, con el fin de informar sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas y fomentar hábitos saludables. Aunque el Gobierno ha pedido la tramitación urgente de este proyecto de ley, la portavoz socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, duda que haya posibilidades de que pueda ser aprobada antes de que finalice el año, por lo que su tramitación podría continuar en enero.
Comisión Cerredo
La junta de portavoces del parlamento asturiano ha acordado este miércoles habilitar el mes de enero para que puedan continuar celebrándose las comparecencias de la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores. Esta comisión especial se constituyó el pasado 17 de julio con el objetivo de elaborar un informe sobre las causas y responsabilidades en el siniestro y de servir de complemento a la comisión parlamentaria constituida en la Junta General y a las indagaciones que lleva a cabo el Servicio de Minas.
Entre otros, aún están pendientes de comparecer la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.
Los alcaldes de Degaña, Óscar Ancares; de Ibias, Gemma Álvarez; y de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella también han sido llamados a comparecer, al igual que los responsables de la empresa Blue Solving, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas, informa Efe.