El pleno de la Junta General del Principado da el visto bueno a la Ley Simplifica, una normativa que incluye medidas para agilizar y simplificar los trámites administrativos
19 nov 2025 . Actualizado a las 14:35 h.El pleno de la Junta General del Principado ha dado el visto bueno a la Ley Simplifica, una normativa que incluye medidas para agilizar y simplificar los trámites administrativos mediante cambios estructurales y el uso de la tecnología digital que se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno asturiano dentro de su estrategia de «guerra a la burocracia».
El dictamen elevado por la Comisión de Presidencia del parlamento autonómico contó con el apoyo de los grupos que sustentan al gobierno —PSOE e IU-Convocatoria por Asturies— y de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, mientras que la bancada de la derecha —PP, Vox y Foro— votó en contra.
La reforma, que afecta por novena vez a la Ley de Régimen Jurídico y de Medidas de Simplificación Administrativa de 1995, entre otras medidas extiende el plazo de solicitud de ayudas públicas a todo el año, para que lleguen de forma más rápida a las personas destinatarias, lo que permitirá a cada persona pedir la ayuda cuando surja la necesidad.
Según el socialista Ricardo Fernández, esta reforma «pone al día la administración» y supone un paso más para disponer de una administración «más ágil, moderna y eficiente, sin merma de garantías para la ciudadanía ni desvanecimiento de la función de control del poder público».
En su opinión, no es una norma más, tendrá un efecto inmediato en la reducción de trámites administrativos dentro de las competencias autonómicas y abrirá la puerta a los servicios personalizados con pleno respeto al régimen jurídico, a la implantación del principio general de simplificación administrativa en todo el sector público y a la regulación de la sede electrónica.
Desde Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha incidido en que la simplificación administrativa es una de las grandes demandas actuales y que con esta ley se dan «pasos decididos» hacia la modernización sin que se vea afectada la seguridad jurídica y el espíritu garantista, especialmente en materia de medio ambiente y de derechos de los trabajadores.
Se conseguirá, ha añadido, reforzando la digitalización, simplificando trámites, reduciendo tiempos, creando nuevos registros electrónicos, regulando los protocolos de actuación y consolidando un marco de transparencia y eficiencia en los procedimientos mediante la digitalización y nuevas herramientas como la inteligencia artificial.
La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, también mostró su apoyo al dictamen porque «es evidente que la administración asturiana precisaba de una actualización jurídica y simplificar trámites con garantía» y porque esta norma puede resultar «realmente útil» para acortar los plazos en ayuda a la dependencia, discapacidad, vivienda, becas o ayudas a la conciliación.
Oportunidad perdida
Para el popular José Agustín Cuervas-Mons, sin embargo, hubiese sido mejor derogar la ley reformada y hacer una nueva porque esta reforma «no simplifica nada o simplifica muy poco» y es una «oportunidad perdida» para Asturias porque «no va a resolver situaciones ni de ciudadanos, ni de autónomos, empresarios en su relación con la administración».
Tras señalar que de las 33 enmiendas planteadas por su grupo, 24 han sido rechazadas, ha afirmado que si esta ley es el resultado de la guerra contra la burocracia de la que habla el presidente, Adrián Barbón, hay que decir que «no es ni una escaramuza, es un brindis al sol».
Para Vox, según Gonzalo Centeno, no puede haber seguridad jurídica cuando cada tres años se ha modificado esta ley que, aunque da pasos hacia la simplificación, no está a la altura de lo que necesitan los asturianos porque este proyecto «es chatarra y no da solución real a los problemas burocráticos»
En su opinión, son sólo parches que no solucionan los auténticos cuellos de botella que hay porque «aborda lo fácil y se deja intacta la mayor parte de la mochila burocrática que sufren los asturianos» con lo que esta ley «no cambia nada» y supone una oportunidad perdida.
El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha reconocido que hace falta una simplificación de trámites administrativos, pero que esta reforma «no va a modernizar ni agilizar la administración del Principado porque es cosmética y superficial» y supone una oportunidad perdida porque «no afronta los problemas reales que lastran la eficacia de la administración ya que ni simplifica, ni elimina tramites, ni reduce cargas, ni mejora la seguridad jurídica».
Menos carga burocrática
Con esta reforma, algunas pequeñas obras en márgenes de carreteras o las talas forestales podrán realizarse sin esperar a la concesión de un permiso, mediante una declaración responsable; se reducirá el papeleo al reforzar la administración digital y el principio «una única vez», en virtud del cual las personas no tendrán que presentar la misma documentación en varias ocasiones, aunque el trámite pase por diferentes consejerías.
También redistribuye competencias para evitar atascos, crea un registro único de contratos, con el fin de facilitar el seguimiento de toda la información relacionada con la contratación pública, desde el momento en que se firma un contrato hasta si se modifica o se prorroga, y regula la figura de los agentes habilitados, profesionales como gestores o trabajadores sociales que podrán realizar trámites en nombre de otras personas.
Este cambio forma parte de una batería de iniciativas legislativas iniciada ya la legislatura pasada para agilizar el funcionamiento de la Administración, y que incluye la Ley de Medidas Administrativas Urgentes (2021), la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural (2021), la Ley de Calidad Ambiental (2023), la Ley de Empleo Público (2023) y, ya en este mandato, la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (2024) para agilizar inversiones, informa Efe.