El Gobierno asturiano ha comenzado los trámites para declarar nulo el decreto que prorrogó la concesión de la autopista del Huerna
24 nov 2025 . Actualizado a las 13:20 h.El Gobierno asturiano ha acordado este lunes iniciar una acción de nulidad contra la Administración General del Estado. Esta acción tiene el objetivo de declarar nulo de pleno derecho el real decreto que prorrogó hasta el año 2050, 29 más de los previstos inicialmente, la concesión de la autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta.
Esta acción directa de nulidad para impugnar la disposición del Gobierno que hizo posible la prórroga tiene carácter de acto administrativo. La nulidad supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales.
El Gobierno del Principado considera que lo lógico hubiese sido que el Ejecutivo central «hubiese promovido de manera unilateral una revisión de oficio». Como no lo ha hecho insta ahora a que se haga y se revise administrativamente antes de la posible entrada del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ha señalado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.
Tras señalar que aún hay margen para el trabajo político, Calvo ha explicado que a partir de ahora lo normal es que el Estado recabe información, que la revisión se traslade al Consejo Consultivo y que éste emita una conclusión favorable o la devolución del expediente. Aunque también puede darse el caso de que se resuelva por silencio administrativo.
En ese caso, el plazo es de unos cinco meses para que el asunto acabe en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Un periodo en el que, según el consejero, el Gobierno asturiano no se va a quedar parado y va a seguir trabajando «para acabar con un hecho injusto e ilegal».
Respaldo jurídico
La decisión ha sido adoptada este lunes por el Gobierno de Asturias, y acordada en el seno de la Alianza por las Infraestructuras para lograr la eliminación del peaje. La acción está apoyada en un análisis elaborado por la secretaría general técnica de la Consejería de Movilidad y los servicios jurídicos del Principado, que ha sido ratificado íntegramente por el Consejo Consultivo del Principado.
Estos informes concluyen que la prórroga aprobada en 2000 por un gobierno del Partido Popular incurrió en causas de nulidad de pleno derecho. Entre ellas, haber «alterado de manera sustancial el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975»; haber generado una «nueva concesión encubierta, que debió someterse a licitación pública», y haber vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública.
También mantienen que la prórroga no se ajustó a la legalidad. Además de ser aprobada «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido», otorgó «beneficios económicos indebidos» al concesionario y produjo un «perjuicio sostenido» para el interés general de Asturias.
Dictamen de la CE
El acuerdo del Consejo de Gobierno se basa también en una resolución de la Comisión Europea del pasado 17 de julio. En ella se concluye que las prórrogas de la autopista del Huerna y de la AP-9 en Galicia fueron contrarias al derecho de la Unión Europea.
Dicho dictamen mantiene que las prórrogas se concedieron sin licitación ni publicidad y que se vulneraron los principios de igualdad y transparencia. Sostiene además que su finalidad real fue revalorizar la empresa pública Enausa de cara a su privatización.
El Gobierno del Principado ha remitido ya a la Dirección General de Mercado Interior de la Unión Europea toda la documentación jurídica y técnica que sustenta esta acción.
Entre esa documentación, están una fundamentación jurídica completa, análisis económicos, estudios independientes, antecedentes histórico- administrativos y el propio dictamen del Consejo Consultivo de Asturias.
Asimismo, se ha incorporado el estudio jurídico elaborado por la Universidad de A Coruña a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé. El estudio ha sido de utilidad para reforzar la posición del Principado.
Perjuicios durante dos décadas
Según Calvo, la acción de nulidad constituye un instrumento decisivo para lograr la eliminación del peaje de la AP-66. Así, se tratará de corregir una situación que ha perjudicado al tejido productivo, a la competitividad autonómica y a miles de usuarios durante más de dos décadas.
Ahora se ha hecho un «trabajo intenso de fundamentación jurídicamente sólido». El Gobierno va a seguir avanzando «para acabar con un hecho injusto e ilegal que se produjo hace más de veinte años por un gobierno del PP y que debe revisar ahora un gobierno de otro signo».
Calvo ha recordado en declaraciones recogidas por EFE que la reunión con el Ministerio de Transportes solicitada conjuntamente por Asturias, Castilla y León y Galicia aún no ha tenido respuesta. La reunión fue solicitada para revisar el expediente concreto de la prórroga de la concesión del peaje, al que aún no han tenido acceso.