El peso de la externalización por conciertos está por debajo del promedio
05 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El peso que la sanidad privada tiene en la oferta asistencial de cada comunidad varía de forma muy intensa en función del territorio; hay un gran desequilibrio en la proporción de hospitales y plantillas sanitarias que públicas o concertadas en cada región. En el caso de Asturias la comunidad presenta un balance intermedio, es mucho mayor el número de médicos ocupados en el sector público y el porcentaje de seguros privados es de los más bajos del país, y la externalización por conciertos se encuentra algo por debajo del promedio estatal.
Según el Undécimo Informe sobre la Privatización Sanitaria de las CCAA 2025, publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) el gasto sanitario del Principado dedicado a la concertación con centros privados se sitúa en un 6,2% del total; se trata de una cifra en la media de las comunidades (compartiendo porcentaje con Baleares y País Vasco) y muy lejos de las enormes cifras de Madrid y Cataluña. En la capital, el peso de la concertación supone 11,8%, el doble que en Asturias, pero es que en Cataluña asciende hasta el 21,7%
El informe de FADSP elabora su propia puntuación de privatización sanitaria y Asturias aparece como una de las comunidades que más apuesta por el sector público algo que destaca especialmente el estudio señalando la normativa autonómica sobre dedicación exclusiva para cargos sanitarios. La Ley de Salud establece la exclusividad obligatoria para los puestos directivos y mandos intermedios, mientras que el resto de profesionales que desean compaginar su labor en el Sespa con una actividad privada pierden actualmente una media de 1.000 euros mensuales.
El gasto en seguros privados en Asturias asciende a 153 euros por habitante al año, una de las cuantías más bajas del país. También el peso del sector privado en la capacidad hospitalaria es reducido, con un 11,47 % de camas privadas sobre el total. En cuanto a la actividad asistencial, se registran 33,8 consultas privadas por cada 1.000 habitantes, uno de los valores más bajos entre las comunidades autónomas. Además, el 23 % de la población acudió a un médico privado en el último año, un porcentaje considerado bajo-medio según el estudio.
El informe añade que más del 90% del empleo en la sanidad privada asturiana es a tiempo parcial, un volumen muy elevado que, según el análisis, también se observa en el País Vasco. Esta situación se concentra especialmente en áreas como cirugía o anestesia y supone que la mayoría de los profesionales compaginan su actividad entre el sistema público y el privado, lo que limita el crecimiento de la sanidad privada a gran escala.
Más médicos en la pública
Asturias se sitúa entre las comunidades en las que una mayor proporción de médicos trabaja en la sanidad pública y registra una menor afiliación a la Seguridad Social en el sector privado. En el Principado, el porcentaje de facultativos afiliados en el ámbito privado alcanza el 10,5%, es decir, uno de cada diez médicos, mientras que la mayoría desempeña su actividad profesional en la sanidad pública. No obstante, esta proporción difiere de forma significativa entre territorios.
Las comunidades con mayor presencia de médicos ocupados en el sector privado son Cataluña, con un 29 %, Madrid, con un 23 %, y Navarra, con un 21 %. De este modo, en Cataluña casi un tercio de los facultativos ejerce en el ámbito privado y en Madrid se aproxima a una cuarta parte del total. También Baleares (18 %), Comunidad Valenciana (13 %) y Andalucía (13 %) presentan porcentajes relevantes de empleo médico en el sector privado. La media estatal se sitúa en el 15 %. En el resto de comunidades la situación se asemeja a la asturiana, con porcentajes próximos al 10 %. Castilla-La Mancha y Extremadura, ambas con un 5 %, son los territorios con mayor concentración de médicos dedicados a la sanidad pública.
El documento también señala que Asturias registra un gasto sanitario de bolsillo (es decir, consultas a especialistas, medicinas no financiadas y copagos) de 575 euros anuales, ligeramente superior a la media nacional. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública matiza que esta diferencia está relacionada con el nivel de renta y no implica un aumento real del peso del sector privado en la región.