La UCO investiga una mordida de 400.000 euros en la demolición de las baterías de coque de Avilés
ASTURIAS
La Guardia Civil analiza el contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) para la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones
14 dic 2025 . Actualizado a las 17:23 h.La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en Asturias una de las piezas clave de la presunta trama de comisiones bajo sospecha. En concreto, los agentes investigan la adjudicación de un contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) por valor de 2,8 millones de euros para la demolición y el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés, concedido a finales de 2021 a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente.
Según la investigación judicial, este contrato habría generado una comisión de 400.000 euros que, presuntamente, habría acabado en manos del grupo integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. El juez sostiene que el grupo tuvo capacidad de influir en el proceso de adjudicación a través de la mesa de contratación y que, como contraprestación, la empresa beneficiada habría abonado esa cantidad mediante distintas operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero.
Este contrato en Asturias es una de las cinco operaciones que analiza la UCO dentro de una causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y que permanece bajo secreto sumarial. En conjunto, los investigadores tratan de determinar si los tres implicados se repartieron hasta 750.000 euros en comisiones entre 2021 y 2023 a cambio de mediar en contratos y ayudas vinculadas a empresas relacionadas con la SEPI.
Entre las operaciones investigadas figura también el rescate de la empresa Tubos Reunidos, por importe de 112,8 millones de euros, del que la presunta trama habría obtenido cerca de 115.000 euros, así como una ayuda de 17,32 millones concedida por la Sociedad Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial (Sepides) a la empresa Arapellet, dependiente de Forestalia, con una supuesta comisión de 200.000 euros. A ello se suman otras dos actuaciones de menor cuantía.
Una de estas últimas es la adjudicación supuestamente irregular de un contrato de algo más de 18.000 euros por parte de la empresa pública Mercasa a Servinabar, administrada por Antxon Alonso y en la que, según los investigadores, habría participado el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, extremo que este último niega al asegurar que el contrato al que se alude no tiene validez jurídica.
El pasado miércoles la UCO detuvo a Díez, Fernández y Alonso. Tras comparecer ante el juez Antonio Piña, los tres quedaron en libertad provisional con medidas cautelares: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Leire Díez y Antxon Alonso optaron por no declarar al encontrarse la causa bajo secreto, mientras que Vicente Fernández negó cualquier participación en irregularidades relacionadas con contratos públicos, según fuentes jurídicas. En el marco de la investigación, la Guardia Civil ha recabado documentación en la SEPI, Correos y otras dependencias públicas, además de registrar la sede de Enusa.