El Ministerio de Consumo sanciona a Airbnb por más de 2.000 anuncios ilícitos en la comunidad y el Principado superó las 2.600 inspecciones
17 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Hasta que se conocieron los datos del tercer trimestre del año, Asturias encadenaba seis meses de 2025 en alzas constantes de precio de la vivienda (un 19% registrado en el primer trimestre y del 4,4% en el segundo, según los datos del el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), todo en una comunidad que en los últimos ejercicios tuvo a sus principales ciudades, tanto Oviedo como a Gijón, a la cabeza del crecimiento de registro de pisos turísticos de todo el país ¿cuántos de ellos registrados legalmente? Según el INE, con cifras de 2024, hay 8.755 viviendas de uso turístico debidamente registradas. El problema es cómo medir las indebidas.
Es un cálculo en la oscuridad pero que se barrunta que puede ser de enorme magnitud. Esta semana el Ministerio de Consumo sancionó a Airbnb con 64 millones de euros por albergar un gran número de viviendas ilegales anunciadas en su plataforma. Las cifras para Asturias son de 2.198 anuncios ilegales de pisos turísticos, 2.136 de ellos por no incluir número de registro y 62 por incluir uno falso. En el conjunto del país, el número de anuncios identificados como ilícitos por parte del Ministerio asciende a 65.122.
El Principado de Asturias hizo balance el pasado mes de noviembre del refuerzo de la vigilancia sobre la actividad turística y, en particular, sobre las viviendas de uso turístico. Según explicó entonces el Gobierno autonómico, en apenas dos años se ha producido un incremento muy significativo de las actuaciones de control, con un aumento de las inspecciones y de los expedientes sancionadores en un ámbito que concentra buena parte de las preocupaciones en materia de convivencia y ordenación del territorio.
En concreto y según la información traslada por el Ejecutivo asturiano al parlamento, las inspecciones pasaron de 1.230 en 2023 a 3.366 en 2024, hasta situarse en 4.957 en lo que iba de año este 2025. El crecimiento es especialmente acusado en el caso de las viviendas de uso turístico, con 248 inspecciones en 2023, 1.825 en 2024 y 2.622 en el ejercicio actual. En paralelo, los expedientes sancionadores también aumentaron, al pasar de 552 en 2023 a 646 este año, con un repunte destacado en los vinculados a viviendas de uso turístico y viviendas vacacionales, que pasaron de 62 a 253.
El Gobierno asturiano destacó un refuerzo del Servicio de Inspección y Disciplina Turística, con el aumento de las actuaciones de oficio y a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. En ese contexto, se informó además de que, por primera vez, la Administración autonómica había actuado contra la publicidad ilegal de alojamientos en plataformas digitales, solicitando la retirada de 151 anuncios irregulares en Airbnb y Booking, de los que 89 ya habían sido eliminados a fecha de noviembre.
La nueva normativa
El Gobierno del Principado ha presentado al Consejo Asesor de Turismo el borrador del decreto que regulará las viviendas vacacionales y las de uso turístico, una norma que actualizará la regulación vigente desde 2016. El texto adapta la normativa a la evolución del mercado y al aumento de los alojamientos comercializados a través de plataformas digitales, con el objetivo de reforzar la convivencia, proteger la vivienda residencial y garantizar la calidad del destino. El decreto desarrolla la reforma de la Ley de Turismo ya aprobada y ha recibido 227 alegaciones, incluidas aportaciones procedentes de otras comunidades autónomas.
El borrador introduce nuevos requisitos de calidad y seguridad y fija plazos de adaptación de entre seis y doce meses. Entre las exigencias se incluyen un baño por cada cuatro plazas, sistemas de control de ruido, planos de evacuación y señalización de salidas, conexión a internet o teléfono cuando exista cobertura, extintores y botiquín, así como límites de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas. Además, por primera vez se establece la obligación de recepción presencial en las 24 horas siguientes a la entrada, la oferta de determinados servicios turísticos y la inclusión del número de registro y la localización exacta en toda la publicidad y plataformas de comercialización.
La norma refuerza de forma expresa el papel de los ayuntamientos mediante un informe municipal preceptivo y vinculante que deberá determinar el carácter residencial de la vivienda, su adecuación al planeamiento urbanístico, la ocupación máxima y las condiciones medioambientales. El texto también regula los supuestos de suspensión de la actividad, con plazos que van de seis meses a cuatro años en caso de incumplimiento, y fija los tiempos de adaptación para las viviendas ya inscritas.
Tras conocer estos detalles, la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia anunció que recurrirá ante los tribunales, si no se modifica, la normativa que pretende aplicar el Gobierno asturiano para regular los pisos turísticos, que incluye requisitos «que nunca antes se han exigido en España».
Según esta asociación, el Ejecutivo asturiano «continúa avanzando en sentido contrario a la mayoría del país» con un borrador que también «genera una gravísima inseguridad jurídica» ya que no distingue entre zona urbana y rural. Además, «impone criterios uniformes para realidades completamente distintas» y modifica de forma retroactiva normas y licencias otorgadas por la propia administración.