Asturias carga contra Óscar Puente: «Distorsiona la realidad jurídica del peaje del Huerna»
ASTURIAS
El Ejecutivo autonómico recuerda que existe margen para la acción política y reite su petición de que se adopte la bonificación del cien por cien del peaje mientras se resuelve el fondo de la cuestión
22 dic 2025 . Actualizado a las 15:48 h.El Gobierno de Asturias ha destacado la «solidez jurídica, el rigor y el amplio respaldo» que tiene la solicitud de supresión del peaje del Huerna (AP-66) y ha considerado que las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, «suponen una distorsión grave de la realidad jurídica del caso y trasladan a la opinión pública una interpretación incorrecta de los hechos».
Así se ha expresado el Ejecutivo autonómico un día después de que Puente asegurase, en una entrevista con los diarios de Prensa Ibérica, que aplicar bonificaciones en la AP-66 y en la AP-9, en Galicia, es «lo máximo» que el Gobierno puede hacer, puesto «rescatar la concesión» de un peaje es un «asunto complejísimo».
Sobre la resolución de la Comisión Europea del pasado 17 de julio que concluye que las prórrogas de ambas vías fueron contrarias al derecho de la Unión Europea, Puente subrayó que «hay un error de concepto y es considerar que la Comisión hace declaraciones de ilegalidad». Según insistió, esa cuestión correspondería al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y «por lo tanto, hasta que eso no se pronuncie, la Comisión ha expresado una opinión» con «valor muy importante», pero que «no tiene valor jurídico».
Consenso en Asturias
El Ejecutivo asturiano ha subrayado que la solicitud de supresión del peaje ha logrado «un consenso ampliamente compartido a nivel social, institucional y económico» en la comunidad, que se ha materializado en una solicitud, por parte del Consejo de Gobierno, de la revisión de oficio del real decreto por el que se amplió la concesión de la autopista hasta 2050.
La prórroga fue acordada en el año 2000 por el Gobierno de España, presidido por José María Aznar, y con Francisco Álvarez-Cascos como ministro competente, una «decisión fue adoptada sin los procedimientos de licitación y concurrencia exigidos por el derecho nacional y europeo vigentes en aquel momento», ha apuntado el Gobierno. La solicitud de revisión de oficio activa un procedimiento reglado, que debe resolverse mediante actos administrativos motivados y de acuerdo con la legalidad vigente, ha incidido.
Dictamen «contundente»
La iniciativa del Gobierno de Asturias cuenta con un «respaldo jurídico sólido», basado en el dictamen emitido por la CE, que concluye que las prórrogas en las autopistas AP-66 y AP-9 fueron contrarias al derecho de la Unión Europea, al haberse aprobado sin licitación pública y vulnerar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. Este pronunciamiento, ha detallado el Principado, se circunscribe exclusivamente a estas dos concesiones concretas y no afecta al resto del sistema concesional del Estado.
Por su parte, el Consejo Consultivo del Principado ha aprobado por unanimidad un dictamen que «confirma que la ampliación de la concesión acordada en el año 2000 constituye un acto administrativo singular plenamente revisable, que supuso una modificación sustancial equiparable a una nueva adjudicación y en el que concurren causas de nulidad conforme a la legislación administrativa y al derecho europeo vigente en aquel momento».
El Gobierno asturiano ha asegurado que el dictamen de la CE es «contundente y de extraordinaria gravedad, al constatar incumplimientos del derecho que obligan a restituir la legalidad vulnerada». «El Principado no plantea rescates discrecionales ni decisiones políticas arbitrarias, sino la restitución de la legalidad, que además de ser jurídicamente exigible es la opción más eficiente y rentable para el interés general», ha apuntado al respecto.
El Ejecutivo autonómico ha insistido en que la situación de las concesiones de la AP-66 y la AP-9 es «singular y excepcional, y cualquier intento de extrapolarla al resto de peajes del Estado carece de base jurídica y constituye una distorsión grave, que genera confusión en la ciudadanía y desvía el debate del fondo del asunto».
El Gobierno de Asturias considera que, ante esta situación, «solo cabe una respuesta administrativa y jurídica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, conforme al procedimiento de revisión de oficio formalmente iniciado y con pleno respeto al ordenamiento jurídico nacional y europeo».
Sin perjuicio de dicho procedimiento, según recoge Efe, el Ejecutivo autonómico ha recordado que existe margen para la acción política y ha reiterado su petición de que se adopte la bonificación del cien por cien del peaje, desde el primer viaje y para todos los usuarios, mientras se resuelve el fondo de la cuestión.