La mayoría de las personas que iniciaron el procedimiento tenían más de 60 años. Además, las patologías neurológicas y oncológicas concentraron cerca de dos tercios de los casos
30 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Asturias cerró el año 2024 con 34 procesos de solicitud de la prestación de ayuda para morir, de los cuales solo seis culminaron finalmente con la aplicación de la eutanasia. Así lo recoge el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir publicado por el Ministerio de Sanidad, que sitúa a la comunidad entre las regiones con menor volumen de solicitudes y, al mismo tiempo, con una de las tasas de aprobación más bajas del país, en torno al 17,6%.
La cifra contrasta con la evolución registrada en el conjunto de España, donde durante el pasado año se finalizaron 929 procesos, de los que 426 derivaron en prestaciones efectivas, lo que supone casi el 46% del total y un incremento del 27,5% respecto a 2023. Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 hasta el cierre de 2024, se han contabilizado en todo el país 2.432 solicitudes, con un crecimiento sostenido año tras año que confirma la progresiva implantación de este derecho en el sistema sanitario.
En el contexto autonómico, Asturias se sitúa en un grupo medio-bajo por número de solicitudes, empatada con Galicia, que también registró 34 procesos, aunque con un mayor número de aprobaciones. Por delante se encuentran comunidades como Cataluña, con 303 solicitudes, Madrid, con 129, o el País Vasco, con 75. En el extremo opuesto figuran territorios como Cantabria o La Rioja, con cifras aún más reducidas. Este posicionamiento refleja tanto el tamaño poblacional de la región como la aplicación estricta de los requisitos legales establecidos por la normativa.
El informe detalla además el destino de los procesos que no culminaron en una prestación. A nivel nacional, un tercio de las solicitudes finalizadas en 2024 terminó con el fallecimiento del paciente durante la tramitación, antes de que se resolviera el procedimiento. A ello se suman las denegaciones por incumplimiento de los requisitos legales, que representaron algo más del 15% de los casos, y las revocaciones voluntarias, que aunque se duplicaron respecto al año anterior, apenas superaron el 5% del total. Estos datos ilustran la complejidad de un proceso en el que intervienen factores clínicos, administrativos y personales.
El perfil del solicitante mantiene una pauta clara. La mayoría de las personas que solicitaron la eutanasia tenían más de 60 años, con un peso especialmente elevado de los mayores de 70 y 80. Las patologías neurológicas y oncológicas concentraron cerca de dos tercios de los casos, confirmando que se trata, mayoritariamente, de pacientes con enfermedades graves y avanzadas. En cuanto al ámbito asistencial, más de la mitad de las prestaciones se realizaron en hospitales públicos, seguidas de los domicilios, mientras que el sector privado tuvo un papel residual.
Un aspecto que vuelve a destacar es el de la donación de órganos. En 2024, 63 personas donaron tras recibir la prestación de ayuda para morir, una cifra que consolida esta posibilidad dentro del sistema sanitario. Desde 2021, estas donaciones han permitido la realización de 459 trasplantes, beneficiando a más de 440 personas, lo que el Ministerio considera una muestra de la normalización de este procedimiento.
En relación con los plazos, el informe constata un aumento del tiempo medio desde la solicitud hasta la prestación, que se situó en algo más de 82 días, superando tanto los registros de años anteriores como los plazos máximos previstos en la ley. No obstante, los datos regionales apuntan a que Asturias ha mantenido una gestión relativamente ágil en ejercicios anteriores, pese al rigor en la aplicación de las garantías legales. En ese equilibrio entre rapidez y control se explica, en buena medida, el reducido número de prestaciones finalmente aprobadas en la comunidad.