Las administraciones regional y nacional comenzarán (tarde) a tomar medidas contra la mayor crisis social de los próximos años
31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La crisis de la vivienda en Asturias no puede entenderse sin mirar al espejo de lo que ocurre en el conjunto de España: los precios se han disparado, la oferta no da abasto y muchas familias se sienten acorraladas. No hay salida para los jóvenes en busca de su primera vivienda incluso con trabajo, al menos no para aquellos que tienen un salario medio.
En Asturias, en 2025, el coste del alquiler ha vuelto a subir imparablemente: en noviembre, la renta media alcanzaba los 10,62 €/m², una subida del 7,8 % respecto al año anterior. Si hablamos de una vivienda de unos 80 m², el esfuerzo económico es ya muy alto: muchas familias destinan (con suerte) un porcentaje equivalente al 37% de su sueldo bruto al pago del alquiler, lo que supera ampliamente lo que se considera sostenible, cuando lo recomendable es no pasar del 30%.
La subida no es algo nuevo. Después del parón que supuso el estallido de la burbuja en la primera década de este siglo, en la última década la renta media en alquiler en Asturias se ha incrementado un 80 %. En paralelo, los precios de compra también se han encarecido considerablemente. Según un informe reciente, el precio medio por metro cuadrado en vivienda de segunda mano alcanzó en julio de 2025 los 1.681 €/m², lo que supone un aumento interanual del 12,35 %. Esto sitúa al Principado como una de las regiones del norte donde la presión sobre la vivienda está siendo más intensa en 2025.
Este fenómeno tiene explicación más allá de lo coyuntural, ya que en todo el ámbito nacional existe un desajuste estructural entre la demanda de vivienda y la oferta disponible. Según los últimos estudios sobre el mercado residencial español, el número de viviendas terminadas se ha mantenido por debajo del ritmo de formación de nuevos hogares, lo que ha generado un déficit acumulado de decenas de miles de viviendas.
Este desequilibrio explica en buena parte por qué, incluso en zonas menos tensionadas como algunas de Asturias, los precios siguen subiendo.
La consecuencia social de este desequilibrio es evidente. Muchas familias jóvenes, trabajadores con sueldos modestos, personas que acaban de incorporarse al mercado laboral, sienten que la vivienda decente se les escapa. No sorprende, entonces, que aumenten los desalojos: en los primeros tres meses de 2025, en Asturias se registraron 182 lanzamientos (desahucios), un repunte del 1,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, y la mayoría —147— por impago del alquiler. El alquiler ha pasado de ser una opción transitoria para muchos a una carga estructural, a veces insostenible.
¿Y para el futuro?
Frente a esta situación, todas las administraciones llegan tarde. Demasiado tarde. En el plano nacional, el Gobierno ha lanzado propuestas ambiciosas que podrían cambiar las reglas del juego. Una de las más relevantes es la creación de Casa 47, una nueva entidad pública de vivienda que asumirá la gestión integral de vivienda protegida: desde la adquisición de suelo hasta la oferta de alquiler asequible.
La idea es que con Casa 47 se logre recuperar parte del parque de vivienda pública y ofrecer alquileres ajustados a la renta de la población, con el objetivo de que el coste no supere un porcentaje razonable de los ingresos. Esos contratos se harían por periodos muy largos, hasta 75 años, para garantizar la estabilidad.
Si bien no hay garantías absolutas —el éxito dependerá de la capacidad real de la administración para generar vivienda nueva, sostener su mantenimiento y asegurar un acceso equitativo—, esta iniciativa representa una primera respuesta a la crisis, pero sus efectos tardarán en apreciarse.
En el contexto asturiano, donde el incremento de precios ha sido menos abrupto que en regiones más tensas, una apuesta seria por vivienda protegida podría ayudar a mitigar la presión sobre alquiler y compra. También aquí el Gobierno regional ha estado arrastrando los pies en esta y la legislatura pasada: la oferta pública sigue siendo irrisoria en comparación con la demanda.
Vivienda o piso vacacional
Sin embargo, la solución pasa también por políticas complementarias: incrementar sustancialmente la construcción de vivienda nueva, incentivar el alquiler asequible, promover la rehabilitación de viviendas vacías, y favorecer el acceso a la vivienda para quienes no pueden asumir los costes del mercado libre.
Otra cuestión de más largo alcance parece ser el efecto negativo y positivo que el boom de los alquileres vacacionales ha tenido en la economía española.
En mayo de 2025, según un informe del laboratorio de la Universidad de Oviedo (REGIOlab), Asturias contaba con 7.697 viviendas turísticas con un total de 38.366 plazas. Esta cifra representa un crecimiento del 58 % respecto a agosto de 2020, cuando se registraban 4.891 viviendas turísticas, según publicó este periódico.
Sin embargo, no todo ha sido crecimiento continuo: un reportaje de 2025 explica que recientemente se han retirado del mercado unas 1.054 viviendas turísticas en Asturias —reduciendo así plazas disponibles—, un reflejo del endurecimiento de controles y regulaciones sobre los alojamientos turísticos.
El efecto obvio es un aumento del turismo que llega a la región; las estimaciones menos optimistas apuntan que durante este año hayan pasado de visita por el Principado en torno a tres millones de turistas, una cifra récord. Y, naturalmente, con la elevada rentabilidad que ello supone para un piso en alquiler vacacional, ese auge expulsa a los inquilinos de larga duración y también eleva el precio de compraventa.
Existe un plan regional de vivienda que supondrá, si se ejecuta en lo que queda de legislatura, un tímido avance. El Principado ha aprobado una inversión de 219,7 millones de euros para políticas de vivienda e 2026. En ese marco se espera que arranque la construcción de unos 1.000 pisos de alquiler asequible entre finales de 2026 y principios de 2027.
Una de las medidas clave se llama «Alquilámoste» —un programa para movilizar viviendas vacías del parque privado y destinarlas al alquiler asequible. Bajo ese plan, propietarios que tengan pisos vacíos pueden cederlos a la Administración por un periodo de hasta 7 años y 4 meses, recibiendo un canon fijo y sin tener que gestionar directamente los contratos.
Además, el Ejecutivo asturiano ha impulsado una reforma normativa ambiciosa con la futura Ley de Vivienda del Principado de Asturias, que pretende blindar el parque público. Esa norma establece que nunca más se venderán viviendas públicas en Asturias, y que las viviendas de protección oficial (VPO), tanto públicas como privadas, mantendrán su carácter de «públicas/protegidas» indefinidamente, lo que impedirá su salida al mercado libre una vez caducado su régimen.