Las ciudades asturianas de más de 50.000 habitantes comenzarán a implantar las Zonas de Bajas Emisiones como la que ya hay en otras capitales
06 feb 2026 . Actualizado a las 12:47 h.Varias de las ciudades asturianas más pobladas se han visto, hasta cierto punto, obligadas a adoptar el ambicioso proyecto de implantar zonas de bajas emisiones (ZBE) para restringir la circulación de vehículos más contaminantes, una medida que ya se aplica en otras capitales españolas desde hace años. El objetivo de fondo es mejorar la calidad del aire, reducir ruidos, y promover modos de movilidad más sostenibles. Pero «echar» los coches fuera del centro urbano hacia los barrios tiene sus costes; políticos en primera instancia y también económicos.
Las localidades afectadas son, en principio, Oviedo, Gijón, Avilés y Siero, es decir, aquellas con más de 50.000 habitantes que, por normativa estatal, están obligadas a implantar una ZBE. La legislación que marca el camino es la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que exigía a estos municipios contar con una zona de bajas emisiones para 2024. Por tanto, ya estamos fuera de plazo legal.
Además, el despliegue de ZBE en Asturias se enmarca en un plan estatal apoyado por fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que está destinado a financiar la implementación de zonas bajas emisiones, transformación de flotas, y movilidad sostenible.
Vamos tarde
En la práctica, la implantación ha sufrido retrasos por distintos motivos (electorales, presupuestarios, políticos…). En Oviedo, por ejemplo, el municipio aprobó de forma inicial en septiembre de 2025 el proyecto técnico para su ZBE y la ordenanza que la regulará. La propuesta contempla un área definida mediante dos anillos concéntricos, para evitar un «efecto frontera».
El pleno local aprobó recientemente, en este mes de diciembre tanto el Plan de Movilidad Urbana Sostenible como la ZBE, estableciendo su entrada en vigor para el 1 de enero de 2026. Para facilitar la transición, el ayuntamiento ha abierto una oficina de información en la calle Quintana, y prevé un periodo de «uno o dos meses» sin sanciones.
En la capital ya se han empezado a instalar contadores de matrículas y paneles de señalización (unos 450 dispositivos) en ocho zonas de la ciudad para monitorizar accesos. El acceso también prevé excepciones: residentes, trabajadores en la ciudad, comercios, movilidad reducida, pueden tener autorizaciones temporales.
En Gijón, la zona prevista es la del barrio La Calzada. El proyecto técnico ya fue aprobado definitivamente en 2025 tras recibir alegaciones. El consistorio calcula sacar adelante la ordenanza a finales de año, con idea de activar la ZBE en 2026. Pero el ritmo es otro. En el mismo documento se advierte que las sanciones no llegarán, como muy pronto, en 2028.
Sobre Avilés y Siero, la actividad es más escasa. Desde 2022 se hablaba de incorporar distintivo ambiental similar al de Gijón, pero no hay confirmación de fecha definitiva en ambas localidades.
Excepciones
La ZBE implica restringir el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según su nivel de emisiones. El criterio que se emplea es el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), que clasifica los coches —por ejemplo— en categorías como ECO, Cero emisiones, C, B y, por último, los más contaminantes, sin etiqueta, quedarán fuera del acceso. Son coches antiguos o con un nivel de emisiones elevado.
Por tanto, para quienes viven en ciudades como Oviedo o Gijón, la ZBE supondrá un cambio tangible: menor presencia de vehículos antiguos y contaminantes, menos ruido, quizá un aire más limpio, y un empujón hacia el transporte público, bicicleta o movilidad sostenible. También es polémico, por otra parte, el hecho cuestionable de que se expulsa los coches del centro para mandarlos a los barrios, lo que ciertamente les afectará negativamente.
El periodo transitorio (información, autorizaciones, ausencia inicial de sanciones) ofrece margen para adaptarse sin prisa, aunque los vehículos sin distintivo acabarán siendo vetados. Estos proyectos suponen una llamada de atención sobre la necesidad de modernizar el parque móvil, optar por emisiones bajas o nulas, y repensar la movilidad urbana, un cambio que, de implementarse bien, puede mejorar la calidad de vida. Todo se andará.