El conflicto educativo, que se saldó este año con la dimisión de una consejera, probablemente obligará al Principado a volver a sacar la chequera en 2026
05 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto educativo en Asturias ha marcado buena parte del curso 2024-2025 y las perspectivas de cara a 2026 siguen cargadas de tensión, demandas no resueltas y un calendario de movilizaciones y negociaciones que condicionará el próximo año escolar.
Tras semanas de protestas y de una huelga indefinida convocada por los principales sindicatos docentes —ANPE, CCOO, UGT, Suatea y CSIF— que sacó a miles de profesores y familias a las calles de Oviedo y otras localidades, la lucha por las condiciones del personal de la educación pública ha evidenciado problemas estructurales a largo plazo en el modelo educativo asturiano que van más allá de una disputa salarial concreta.
Los orígenes del conflicto se remontan a quejas históricas del profesorado sobre salarios por debajo de la media nacional, una elevada tasa de interinidad, insuficiencia de plantillas, ratios altas y sobrecarga burocrática, además de carencias en recursos para atención a la diversidad y en personal de apoyo, según los sindicatos.
A medida que avanzaba la primavera de 2025, la situación se intensificó con manifestaciones multitudinarias y jornadas de huelga, y en algunos casos incluso la dimisión de decenas de directores de centros como gesto de protesta contra lo que consideraban un bloqueo de las negociaciones por parte de la consejería de Educación.
La entonces consejera de Educación del Principado de Asturias, Lydia Espina, presentó su dimisión irrevocable en junio, en pleno conflicto con el profesorado y coincidiendo con el inicio de una huelga indefinida de enseñanza pública, en un momento de máxima tensión entre los sindicatos y el Gobierno regional.
Su decisión se produjo apenas unos días después de una multitudinaria manifestación en Oviedo, a la que acudieron miles de docentes que exigían mejoras salariales y laborales, y en vísperas de que comenzaran las protestas más duraderas y participadas del sector educativo asturiano.
Espina justificó su renuncia alegando el «enorme desgaste emocional y personal» que habían supuesto para ella las últimas semanas de conflicto, en las que las movilizaciones, críticas públicas y presión social hicieron que, en sus palabras, «el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal».
Sus declaraciones reflejaron que la constante crítica y la tensión acumulada dificultaron su labor como interlocutora en las negociaciones, generando un contexto en el que consideró que ya no podía contribuir eficazmente a buscar soluciones dentro del Gobierno regional.
La dimisión de Espina se produjo en un momento delicado de las conversaciones entre el Principado y los sindicatos (ANPE, CCOO, UGT, SUATEA y CSIF), que tenían sobre la mesa demandas históricas de mejoras salariales, reducción de cargas burocráticas y mayor estabilidad laboral, y que habían terminado sin un acuerdo claro antes de la huelga indefinida.
Su salida se interpretó no solo como una respuesta personal al desgaste de la situación, sino también como un reflejo de la crisis de interlocución entre la consejería y los docentes, en un conflicto que había escalado en intensidad y visibilidad pública.
La dimisión de la consejera alimentó además un debate político sobre la gestión del conflicto educativo por parte del Ejecutivo asturiano, generando reproches entre la comunidad educativa y la clase política, y obligando al presidente del Principado a redistribuir temporalmente las competencias de la cartera de Educación y a nombrar a un nuevo responsable del departamento en un intento por recomponer la normalidad institucional y reforzar las negociaciones en curso.
Tras semanas de pulso, Gobierno del Principado y sindicatos alcanzaron en ese mismo mes un preacuerdo para desconvocar la huelga que incluía una subida salarial significativa, mejoras en ratios, incremento de plantilla y reducción de cargas administrativas, así como refuerzos en aulas específicas que comenzarán a implementarse en 2026.
Sin embargo, la firma del acuerdo no cerró del todo las heridas: sectores sindicales, especialmente CSIF, denunciaron que el pacto dejaba sin resolver muchas demandas estructurales, y una parte del profesorado votó en contra del documento por considerar que no responde a las verdaderas necesidades del sistema.
Además, la educación concertada mantiene sus propias tensiones, ya que los sindicatos de ese sector han rechazado propuestas de mejora salarial consideradas insuficientes, y alertan de que las diferencias con el profesorado público podrían agravarse en 2026 si no se revisan las condiciones de manera más ambiciosa.
De cara a 2026, los principales focos de conflicto y negociación estarán en la implementación real de los compromisos pactados, el seguimiento de la Oferta de Empleo Público (OEP) y la reducción de la interinidad docente, que sigue siendo una reclamación clave en las mesas de negociación.
Los sindicatos han solicitado que la OEP de 2025 se amplíe para cubrir todas las vacantes y así avanzar en la estabilidad laboral, pero se mantiene el rechazo a propuestas que consideran insuficientes y que no abordan el problema de raíz.
Las perspectivas para este año apuntan a que, si bien el conflicto principal de 2025 quedó formalmente desconvocado, las tensiones subyacentes persistirán y desembocarán en nuevas rondas de negociaciones, revisiones de plantillas e incluso posibles movilizaciones si la ejecución de los acuerdos no cumple las expectativas del profesorado y de la comunidad educativa.
La capacidad del Principado de Asturias para consolidar los avances logrados, integrar a todos los sectores del profesorado —público y concertado— y articular políticas a largo plazo será determinante para la estabilidad educativa en el próximo curso, y los actores sociales observan con cautela si las promesas se traducen en realidades tangibles en las aulas.