Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Llanes ha dado la razón a una mujer demandada por su progenitora, quien reclamaba que la prenda era suya. La abogada de la hija, Alejandra Gutiérrez Sustacha, apunta que el fallo establece que ser el legítimo propietario de algo «no equivale solamente a que tú te sientas el dueño» o dispongas de ello materialmente
09 ene 2026 . Actualizado a las 07:23 h.En ocasiones, las herencias, la transmisión de tierras y propiedades de padres a hijos y, en general, las cuestiones en las que el dinero o lo material están en el centro de la discusión pueden acabar enfrentando a familiares. Lo raro es que ese tipo de rencillas se abran por cuestiones tan aparentemente nimias como un vestido. Recientemente se ha conocido en Asturias un caso en el que el motivo de este pleito familiar es, efectivamente, material, pero con un componente, en principio, mucho más sentimental que económico.
El objeto de la trifulca se encuentra en un traje de llanisca o, en concreto, en la posesión del mismo. Esto es lo que ha enfrentado en los tribunales a la madre y a la hija de una familia del concejo emigrada a Bélgica. Y es que una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Llanes ha dado la razón a una mujer demandada por su propia madre, quien reclamaba que el vestido tradicional que le había regalado cuando estaba casada con su padre muchos años atrás, en la década de los ochenta, era suyo. La mujer sustentaba su reclamación en que, pese a ser un regalo para la hija, ella lo había custodiado y guardado durante todos esos años.
No obstante, la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Oviedo hasta el 2 de febrero. Los hechos se remontan al final del verano de 2024, cuando la nieta de la demandante e hija de la demandada se puso la vestimenta en las fiestas de la Blanca de Nueva de Llanes para, posteriormente, llevar el traje de llanisca a Bélgica.
La sorpresa llegó cuando agentes de la Guardia Civil se pusieron en contacto con ella para advertirle de que su madre había denunciado la sustracción de la prenda tradicional, cuyo valor económico la demandante cifraba en el entorno de los 6.000 euros. Ya el pasado mes de abril la mujer llevaba a los tribunales a su hija. Esta aducía que a ella no solo le correspondía la custodia y cuidado (ejercido durante más de cuatro décadas) de los dos trajes de llanisca que la pareja había adquirido para sus dos hijas, sino también su titularidad.
La abogada de la demandada, Alejandra Gutiérrez Sustacha, explica en conversación con La Voz de Asturias que a su defendida, «cuando era adolescente, la madre les había comprado un traje de aldeana de segunda mano en una tienda en Llanes, las Panesas». «Esta gente vivía en Bélgica; la madre es de Nueva y el padre belga; ella siempre vivió allí, se casó y tuvo hijos allí, pero mantuvieron la tradición de venir a vestirse a Nueva», abunda.
En este sentido, la letrada comenta que el traje estaba en casa de la abuela, «es decir, de la madre de la madre», hasta que hace 12 años la demandante «se viene a vivir a España, a Galicia, y como empezó a coser trajes de aldeana, con la excusa de que iba a hacer unos juegos nuevos y que los iba a mantener, se los lleva».
Considera que, durante todo el proceso, «nunca se puso en duda que el traje de Nathalie era el de Nathalie». Con el paso de los años, «ahora ya se vestían las nietas, especialmente una de ellas, Lena, que es a la que al principio denunció la abuela y es la que más mantiene la tradición».
Esta joven «se viste normalmente en San Juan, que es el 28 de agosto, y en La Blanca que es el 8 de septiembre». Lo que sucedía habitualmente es que «la abuela le traía los trajes, se los preparaba y nunca hubo ningún problema». Pero en 2024 no ocurrió así. Y es que, para ese San Juan, Lena contaba con vestirse, pero su abuela no le trajo la prenda como era costumbre, por lo que tuvo que alquilar un traje de un día para otro.
Dadas las circunstancias y con vistas a la celebración de la Blanca, el 7 y el 8 de septiembre, «lo que hizo fue quedarse con el traje, pero le mandaron un WhatsApp a la abuela para avisarla», agradeciéndole, además, que lo hubiera cuidado durante todos estos años.
«Esta chica se iba para Bélgica, pero cuando estaba embarcando en el avión la llaman por teléfono desde el cuartel de la Guardia Civil porque la abuela, en vez de llamarlas o decirles 'el traje lo quiero tener yo' o lo que sea, cogió y fue a denunciar a la nieta», afirma la abogada. La Guardia Civil determinó entonces que se trataba de una discusión de tipo civil sobre la propiedad del vestido en la que «no hay delito ninguno», finalizando ahí su competencia, visto lo cual la abuela optó por acudir a la vía judicial.
Alejandra Gutiérrez Sustacha y su defendida intentaron llegar «a un acuerdo» de manera extrajudicial, algo que finalmente no se consiguió. En este caso «el valor sentimental» de la prenda es la clave, ya que la demandada argumentaba que «este traje era suyo, porque se lo regalaron su madre y su padre, que ya murió, y para ella era su último regalo».
No en vano, la mujer estaba «dispuesta es a darle una compensación económica por el traje» a su madre que, por cierto, «tiene cuatro y cinco nietas, a una de las cuales ya le dio uno». Gutiérrez Sustacha remarca que «al traje negro y azul turquesa siempre lo llamaron el de Nathalie», tanto en el seno familiar como en el ambiente social de la fiesta, «porque de chavalina se vestía ella y luego slo hicieron sus hijas».
La demandante llegó a argumentar durante el proceso judicial «que toda su vida su ilusión había sido que sus hijas tuvieran un traje cada una». En este sentido, la abogada apunta que «la posesión está claro que la tenía ella en los últimos 12 años, eso no se le discute». No obstante, «tenerlo algo en concepto de dueño no equivale solamente a que tú te sientas el dueño o que dispongas de ello materialmente».
Es por eso que, «después de evaluar las pruebas, la jueza llega a la conclusión de que era el traje de Nathalie y que la demandante lo que estaba haciendo era custodiarlo y guardarlo». La letrada explica que la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Oviedo hasta el 2 de febrero, si bien apunta que «está muy bien fundamentada y las pruebas están muy bien analizadas».