El Ejecutivo asturiano carga contra la adopción del principio de ordinalidad que supone «un límite a la solidaridad»
10 ene 2026 . Actualizado a las 07:43 h.Apenas unas horas después de que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, destacara que la reforma de financiación autonómica propuesta por el Ejecutivo central suponía una ventaja de fondos para la comunidad, el Principado rechazaba de plano el nuevo modelo poniendo el foco en que no haya acordado entre el conjunto de comunidades (es fruto de un acuerdo con ERC en Cataluña) y también por incluir el concepto de ordinalidad, es decir, que ninguna comunidad autónoma reciba menos por habitante que otras comunidades que hayan aportado menos. La ordinalidad ha sido siempre un concepto rechazado por los gobiernos de Asturias y en su valoración de este viernes el Principado la calificó de «una línea roja».
La primera valoración de la reforma llegó de mano del portavoz del ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien recordó que «está expresamente rechazado en el acuerdo de los grupos parlamentarios de la Junta General como en la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades autónomas, los dos documentos de referencia del Principado en este asunto». No es extraño, en su nota el Principado recuerda que el principio de ordinalidad supone que cada comunidad reciba fondos en función de su aportación al sistema. «Así, si una autonomía es la que más recursos inyecta, ha de ser también la que más obtenga. Como consecuencia, el orden es el mismo, tanto en las aportaciones como en la recepción de fondos. En la práctica, este principio supone un límite a la redistribución y, por consiguiente, a la nivelación y la solidaridad».
En este sentido, Peláez recalcó que el gobierno asturiano esperará a adoptar una posición definitiva hasta que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para el próximo miércoles; y, en todo caso, apuntó que la reforma «no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una negociación bilateral», sino fruto de «un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas de régimen común».
En la presentación del modelo en Madrid, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, indicó que para Asturias supondría un incremento de 248 millones de euros en 2027 respecto a lo que percibiría si se mantuviera el sistema vigente. En Oviedo, Adriana Lastra, remarcó ese incremento y también que el modelo promueve la corresponsabilidad fiscal y combate el «dumping fiscal».
Pero desde el Principado no han visto como argumentos convincentes. Así, Peláez ha defendido que el modelo debe garantizar la financiación de los servicios públicos, «poniendo el foco en las personas, no en los territorios», y atendiendo al coste efectivo de esos servicios, especialmente en comunidades con particularidades como Asturias, marcada por la demografía y el envejecimiento. Asimismo, ha reiterado que la solidaridad interterritorial debe ser el principio rector y ha rechazado «de todo punto» el criterio de ordinalidad, que considera una línea roja.
El consejero ha reconocido que la propuesta inicial supondría 248 millones adicionales para Asturias y que incorpora avances como el reconocimiento de costes fijos en el cálculo de la población ajustada. No obstante, ha advertido que quedan aspectos por aclarar, como la distribución del fondo de nivelación horizontal y las competencias no homogéneas. «Queremos ver la foto completa cuando se nos facilite la letra pequeña», ha afirmado.
Por su parte, el Partido Popular de Asturias ha advertido este viernes de que el nuevo modelo de la financiación autonómica supone «un ataque» al conjunto de las comunidades y ha asegurado que el Gobierno del Principado debe «alzar la voz» contra el mismo, dado que «solo es beneficioso para los independentistas y para la continuidad de Sánchez en La Moncloa».
«Supone un ataque al conjunto de las autonomías del régimen común, entre ellas a Asturias, porque nace de la bilateralidad. Nosotros siempre hemos defendido que la renovación de este sistema debe venir con un acuerdo previo entre todas las comunidades, que Sánchez es ahora mismo incapaz de conseguir y que los independentistas nunca aceptarían», ha dicho el diputado popular Andrés Ruiz.
El parlamentario ha asegurado que «los principios defendidos» en el acuerdo de la Mesa de Financiación de Asturias y firmados por el Gobierno del Principado en la Declaración de Santiago, junto a otras siete comunidades, «no se cumplen en ningún caso».
«Para tratar de buscar la ayuda de los independentistas en este proceso, Sánchez se olvida, entre otras cosas, de la simplificación del sistema, haciendo pasar por criterios técnicos los cálculos que hacen que los independentistas reciban los 4.700 que se quieren llevar», ha manifestado Ruiz.
En su opinión, Cataluña es «la única autonomía que tiene asegurado estar igual antes del reparto que después del reparto» y que, además, «tiene asegurados sumar esos 4.700 millones cerrados ayer entre Sánchez y el condenado por malversación y sedición Oriol Junqueras como líder de Esquerra Republicana».
El PP «sigue reclamando» lo firmado en la Mesa de Financiación y en la Declaración de Santiago, esto es, un sistema que «nazca del acuerdo multilateral», que «respete los principios de suficiencia financiera» e «igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales» y atienda las «singularidades de un territorio como Asturias que está castigado por la despoblación y el envejecimiento»; informó Efe.
«En definitiva, Sánchez y Montero no atienden a las necesidades de la mayoría de las autonomías. No atienden a las necesidades reales de los españoles ni de los asturianos», ha resumido Ruiz, quien ha señalado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, «no puede esconderse» y tiene que emitir una posición.