Asturias rechaza el modelo de financiación y exige que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos
ASTURIAS
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, considera la propuesta del Ministerio un punto de partida y no un acuerdo cerrado
14 ene 2026 . Actualizado a las 17:40 h.El gobierno asturiano no se mostró satisfecho con el modelo de financiación autonómico pactado por el Ejecutivo central con ERC y reclamó tener en cuenta el «coste real de los servicios públicos» en el reparto de fondos a los territorios toda que vez que en lugares como el Principado, con una población muy envejecida, la atención sanitaria, por ejemplo, supone un gasto mucho mayor. Además la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, pidió que se tuvieran en cuenta los criterios recogidos en el pacto que Asturias firmó con otras siete comunidades en el llamado Pacto de Santiago.
Tampoco sentó bien en Asturias que los planes del Ministerio se presentaran a la comunidad después de un acuerdo cerrado con los nacionalistas catalanes y antes de la cita, Llamedo volvió a calificarlo de «plato precocinado». A la salida, en la valoración del Principado se remarcó que «el ministerio ha dicho que esta propuesta es un punto de partida, que es lo que pedíamos desde Asturias, que se va a abrir un proceso de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo más amplio en el que Asturias participará para defender sus intereses», lo consideraron que era una puerta abierta a que el diálogo siguieran avanzando en el futuro. Llamedo anunció además que la próxima semana se convocará a los grupos parlamentarios para compartir la información disponible sobre la propuesta de Hacienda.
En su comunicado, el ejecutivo asturiano insistió en que pretende ceñirse a los criterios fijados en dos documentos: el acuerdo suscrito por todos los grupos de la Junta General, a excepción de Vox, y la Declaración de Santiago, firmada junto con los gobiernos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón. Llamedo ha vuelto a reivindicar la vigencia y la validez de ambos textos. «Hemos venido a escuchar las propuestas que se nos hagan, pero con una posición marcada por los acuerdos que tenemos suscritos, considerando que este es un punto de partida para que se abra una negociación», remarcó la vicepresidenta.
¿En qué consisten los documentos que cita el gobierno asturiano? El acuerdo suscrito en el parlamento autonómico fija como eje central que el nuevo modelo de financiación debe basarse en el coste real de la prestación de los servicios públicos. Aunque el texto dejó fuera la mención a una armonización fiscal entre comunidades, ante la oposición de los partidos conservadores, sí incorpora la necesidad de tener en cuenta factores estructurales que encarecen la provisión de servicios en determinados territorios. Entre ellos figuran la orografía, el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica o el peso del gasto sanitario. El documento también apuesta por mejorar la coordinación entre las agencias tributarias para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Estos planteamientos coinciden en buena medida con los recogidos en la Declaración de Santiago, que defiende un sistema de financiación en el que los criterios demográficos tengan un mayor peso. El objetivo es garantizar una respuesta «eficaz y equitativa» a las necesidades de la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia. El texto pone el foco en los territorios más envejecidos y afectados por la pérdida de población joven, y plantea elevar la cuestión demográfica a una prioridad institucional, además de reclamar la puesta en marcha de un fondo estatal que compense las desventajas asociadas a estos factores.
La declaración subraya, además, que todas las comunidades autónomas deben poder prestar «servicios similares», al margen de su capacidad para generar ingresos propios. Para ello, propone la creación de un catálogo común de servicios básicos con mecanismos de financiación garantizada y de nivelación. La definición y ponderación de estos criterios constituye uno de los principales puntos de debate en la reforma del sistema de financiación autonómica.
En el comunicado posterior a la cita con el Ministerio, el Principado insistió en que para un territorio como el asturiano resultan cruciales criterios como el envejecimiento o la orografía por el coste que implican para el sistema sanitario, los servicios sociales o la educación; y que el futuro sistema debe tener en cuenta el coste real de los servicios públicos por ser «el verdadero corazón de las políticas de los gobiernos autonómicos».
Respecto al fondo vinculado al cambio climático, que favorece principalmente a comunidades de la cuenca mediterránea, el Principado apuntó que «debería tener en cuenta los daños causados por los incendios forestales del pasado verano», y ha considerado positivo «el refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial anunciado por la ministra», María José Montero.