El exconsejero Enrique Fernández justifica la supresión del Servicio de Seguridad Minera por costes y actividad
ASTURIAS
Se creó un único Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Minera «para racionalizar recursos ante la caída drástica de la actividad en el sector»
22 ene 2026 . Actualizado a las 19:42 h.El exconsejero de Industria, Empleo y Promoción Económica de Asturias y actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández, ha afirmado que la decisión de suprimir el servicio de Seguridad Minera en 2019 se adoptó para ahorrar costes, pero también porque ese año la extracción de carbón fue de cero toneladas. Fernández, que estuvo al frente de la consejería entre 2019 y 2023, ha comparecido este jueves ante la comisión que investiga en el seno del parlamento asturiano el accidente que costó la vida a cinco trabajadores el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Degaña.
Tras su nombramiento, se acordó fusionar departamentos y crear un único Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Minera «para racionalizar recursos ante la caída drástica de la actividad en el sector», una decisión que contó entonces con la oposición sindical y que ha sido cuestionada tras los accidentes que se cobraron la vida de seis trabajadores en Cerredo en 2022 y 2025. Fernández ha señalado que hay que tener en cuenta que en 2019 la actividad se había reducido drásticamente, que seguía habiendo más inspectores en Minas por volumen de actividad de los que había diez años antes y que la fusión de servicios se debió a que en ese momento el criterio de Hacienda que prevalecía era el de ahorrar costes. La fusión, ha añadido, no conllevó eliminación de funciones o competencias en seguridad minera, ni ocasionó quejas por la merma de inspecciones, como tampoco provocó disfunciones, «aunque sí enfados», ha reconocido el exconsejero que ha incidido en que se trató de una «decisión colegiada» a la que no le dio más importancia.
Belarmina Díaz
El exconsejero, que ha afirmado que ese acuerdo no fue tomado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido que esas decisiones «nunca son fáciles», pero que no lo recuerda como una discrepancia con la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz, que en el momento del último accidente de Cerredo era consejera de Industria, cargo del que dimitió días después. Asimismo, ha señalado que en esa etapa la restauración medioambiental era lo que centraba el interés de la explotación de Cerredo y que no fue hasta el accidente de agosto de 2022, cuando un trabajador falleció y otro resultó herido al volcar un camión cargado de carbón, cuando se puso en marcha un protocolo de investigación.
«Recuerdo recibir información verbal de Belarmina de que había carbón en el camión del que había que investigar su procedencia, qué información se iba a llevar al juzgado y que se estaban abriendo expedientes de sanción», ha afirmado el presidente de Hunosa, antes de asegurar que hasta entonces no había tenido noticias o sospechas de actividades ilegales en Cerredo. Ante el posible conflicto de intereses de Belarmina por proyectos que la empresa de su marido había suscrito con Hunosa, Fernández ha afirmado que ese caso «se puso sobre la mesa y no era tal» por lo que mantuvo su confianza en la directora general de Minas «sin ningún tipo de suspicacia».
Autorizaciones y contratos
En cuanto a la autorización que Minas dio a Blue Solving para desarrollar un proyecto de investigación complementario en Cerredo que permitía la extracción de 60.000 toneladas de carbón para usos alternativos al térmico, ha afirmado que «todo lo que se tramitaba en la consejería tenía que pasar escrupulosamente el filtro jurídico». Para él, ha añadido, también es razonable que en una explotación clausurada desde el año 2018 «podría merecer la pena investigar si puede haber otros productos que puedan tener aplicación dentro del paradigma de materias primas críticas »pero sin vicios o conductas aprovechadas para hacer lo que no tenían que hacer«.
Ante la denuncia del diputado de Vox Gonzalo Centeno de que Hunosa ha trasladado a la comisión de investigación información »muy incompleta, «Fernández ha advertido de que la compañía estatal minera no tiene obligación de investigar la trazabilidad o el origen del mineral que se trata en el lavadero de Batán y que no hay forma de saber si por ahí pasó carbón extraído ilegalmente de Cerredo. Según el presidente de Hunosa, solo constan contratos de lavado con Carbones La Vega, empresa que forma parte del mismo entramado empresarial que Blue Solving y Combayl, que es quien entrega y recibe el mineral. Fernández ha afirmado que no conoce a los responsables de esas empresas ni se reunió con ellos, que no intervino para agilizar los proyectos presentados por las empresas que tenían los derechos de explotación, que nunca tuvo conocimiento de que estuviesen sacando carbón de forma ilegal y que durante su etapa en Industria las competencias en materia de minería estaban delegadas en cuatro direcciones generales y que la mayoría de las decisiones que adoptaban no requerían su firma, informa Efe.