Siete años de fraudes en Asturias para quedarse con fincas ajenas: condenado a dos años de prisión
ASTURIAS
La Audiencia Provincial condena al acusado por falsedad documental y estafa y anula las inscripciones en el Catastro y el Registro de la Propiedad
09 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Durante años, una sucesión de trámites aparentemente rutinarios fue tejiendo una red de inscripciones que acabó por desplazar a los verdaderos propietarios de sus tierras. Escrituras, contratos privados y visitas a oficinas públicas sirvieron para construir una apariencia de legalidad que ahora la justicia ha desmantelado. El fraude le cuesta al condenado una pena de dos años de cárcel.
La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un acusado por un delito continuado de falsedad en documento oficial con otro continuado de estafa a la pena de dos años de prisión y multa de 2.400 euros. La sentencia también le impone el abono de 2.114,56 euros en concepto de responsabilidad civil y declara la nulidad de las inscripciones realizadas tanto en el Catastro como en el Registro de la Propiedad, ordenando que las fincas sean nuevamente intituladas a nombre de los perjudicados.
La resolución, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia y de conformidad entre las partes, considera probado que entre los años 2007 y 2014 el acusado actuó en connivencia con sus progenitores —el padre, ya fallecido, y la madre, respecto de la cual se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa mediante auto de 7 de diciembre de 2023— con el propósito de intitular a su nombre fincas de propiedad ajena.
Según recoge la sentencia, el acusado acudió en numerosas ocasiones a las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro de Oviedo y, en algunos casos, al Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea, aportando diversa documentación elaborada con el único objetivo de lograr la inscripción de los inmuebles. Entre esos documentos figuraban contratos privados de compraventa simulados, que aparentaban la firma y la intervención de los legítimos propietarios, así como escrituras de donación por las que se le transmitían fincas cuyos donantes no eran en realidad sus titulares legítimos.
Estos documentos, que no se correspondían con la realidad, fueron incorporados al tráfico jurídico «creando así una apariencia de legitimidad respecto a su propiedad para procurarse la perseguida inscripción», señala la resolución judicial. En varios casos, las inscripciones llegaron a practicarse, si bien algunas de ellas fueron posteriormente canceladas tras las alegaciones de los verdaderos propietarios.
La sentencia detalla de forma exhaustiva la relación de fincas afectadas, situadas en distintos polígonos y parcelas, y pertenecientes a numerosos titulares, algunas de las cuales llegaron a inscribirse también en el Registro de la Propiedad. En determinados supuestos, se aportaron además impresos de autoliquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como certificados de defunción, para reforzar la apariencia de legalidad de las operaciones simuladas. En el marco de estos hechos, la resolución recoge que por algunas de las parcelas inscritas de forma fraudulenta se solicitaron indemnizaciones por expropiación ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, llegándose a percibir cantidades económicas.
El acusado había sido ya condenado anteriormente, junto con sus progenitores, en noviembre de 2017 por un delito de falsificación de documentos privados y estafa agravada, a la pena de cuatro años de prisión y multa, y nuevamente en julio de 2019 por un delito de frustración en la ejecución, con una condena de dos años de prisión y multa. En esta ocasión, el tribunal aprecia la concurrencia de las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. De hecho, la sentencia indica que el acusado ingresó en la cuenta bancaria designada las cuantías fijadas como responsabilidad civil, 2.114,56 euros, con el fin de paliar los perjuicios ocasionados.
Además de la pena de prisión y la multa, la Audiencia Provincial declara expresamente la nulidad de las inscripciones practicadas en el Catastro y en el Registro de la Propiedad a nombre del acusado, ordenando que las fincas sean inscritas de nuevo a nombre de los perjudicados correspondientes.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.