La actualización del salario mínimo y la incorporación de nuevas cotizaciones han elevado notablemente el coste mensual que asumen los hogares
15 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Asturias cuenta actualmente con 7.623 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social, una cifra que refleja el descenso sostenido del sector en la última década. Desde 2016, la afiliación ha caído en 1.355 personas, lo que supone una reducción del 15%, según las estadísticas más recientes del Ministerio de Seguridad Social.
Se trata de una actividad en la que la presencia femenina es abrumadora: más de 7.300 mujeres frente a menos de 300 hombres. No obstante, los registros oficiales no reflejan toda la dimensión del sector. Las estimaciones disponibles apuntan a que alrededor de una de cada cinco trabajadoras desarrolla su labor sin estar afiliada, lo que equivale a unas 1.465 personas en Asturias, una proporción todavía significativa aunque muy inferior a la existente hace unos años.
Uno de los elementos clave para entender esta evolución es el encarecimiento progresivo de la contratación. La actualización del salario mínimo y la incorporación de nuevas cotizaciones han elevado notablemente el coste mensual que asumen los hogares. En diez años, el gasto total se ha incrementado en más de un 80%, pasando de unos 930 euros a cerca de 1.700. Solo entre 2024 y 2025 el aumento fue de 70 euros al mes, impulsado tanto por la nómina como por las cuotas sociales.
Desde octubre de 2022, además, los empleadores están obligados a cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial, con tipos distintos en función de la duración del contrato. Estas obligaciones se sumaron a un sistema de cotización por tramos que continúa actualizándose de forma periódica, en línea con la evolución de los precios. Como consecuencia, las aportaciones a la Seguridad Social han crecido de forma sostenida: las cuotas a cargo de las familias han pasado de poco más de 170 euros mensuales a superar los 300, mientras que la contribución de las personas trabajadoras también se ha incrementado de manera notable.
El salario mínimo ha sido otro de los factores determinantes en esta etapa de cambios. Desde 2018 se ha elevado más de un 60%, situándose en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, con una nueva subida pactada para este año que lo eleva hasta los 1.221 euros, con efectos retroactivos.
A estas exigencias económicas se han sumado recientemente nuevas obligaciones en materia de salud laboral. Desde mediados de noviembre, las familias empleadoras deben realizar una evaluación de riesgos del puesto de trabajo, en cumplimiento del real decreto aprobado en septiembre de 2024 que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio doméstico. El trámite se realiza a través de una plataforma digital oficial y culmina con la elaboración de un plan de prevención que debe conservarse ante posibles inspecciones, bajo la amenaza de sanciones elevadas en caso de incumplimiento.
El descenso de afiliación no responde únicamente a razones normativas o económicas. También influyen factores sociales y demográficos, como el envejecimiento de muchos hogares empleadores, la desaparición de empleos vinculados al cuidado de personas que fallecen o ingresan en residencias, y la falta de relevo generacional. Cada vez son menos las mujeres jóvenes nacionales que acceden a este tipo de trabajos, que están siendo ocupados mayoritariamente por mujeres migrantes.