El presidente del Principado dice que el levantamiento del secreto del sumario en el juzgado de Cangas del Narcea está constatando que debería hablarse de «caso Blue Solving»
13 feb 2026 . Actualizado a las 13:34 h.El presidente del Principado, Adrían Barbón, ha asegurado este viernes que si dependiera de él ya se dispondría del informe que el informe encargado a la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el siniestro que costó la vida a cinco trabajadores en Cerredo.
En rueda de prensa, Barbón ha incidido en que la Inspección General de Servicios funciona como una especia de Fiscalía dentro de la administración autonómica y, por tanto, desde el Gobierno se debe respetar la absoluta independencia en su funcionamiento y no puede «presionarles» al analizar un informe en el que analizará el funcionamiento de un servicio para determinar dónde ha habido errores y plantear mejoras.
En relación con este asunto, el jefe del Ejecutivo ha considerado que el levantamiento del secreto del sumario en la causa abierto por el siniestro en el juzgado de Cangas del Narcea está constatando que debería hablarse de «caso Blue Solving» al referirse a esta investigación dado que «todo está ligado» a la compañía que contaba con los derechos mineros de la explotación.
Así, se ha mostrado confiado en que, tanto el proceso judicial como los informes que elabore su administración, sirvan «para llegar hasta el final» y depurar las responsabilidades que correspondan de forma que el resultado sirva «para cumplir» con las familias de las víctimas.
El juzgado de Cangas del Narcea mantiene como investigados a cuatro personas por cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros cuatro de lesiones por el accidente de la mina de Cerredo en el que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores a causa de una explosión de gas grisú.
Los cuatro investigados son el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; su mujer Ana María Rodríguez y su hijo Adrián Rodríguez, y el director facultativo y por tanto máximo responsable de la seguridad de la mina en el momento del accidente, José Antonio Fernández Casillas.
El juzgado ha levantado el secreto de sumario unos días después de que finalizara el grueso de las comparecencias programadas en la comisión constituida en el parlamento asturiano para investigar las causas del accidente, en la que los cuatro investigados optaron por no responder a las preguntas de los diputados ante la causa judicial abierta.
El empresario Chus Mirantes era el apoderado de Combayl, empresa que un tiempo antes del accidente había traspasado los derechos mineros de la explotación a la sociedad Blue Solving, que forma parte del mismo entramado empresarial.
Ana María Rodríguez, mujer de Mirantes, figuraba como administradora de Combayl, mientras que su hijo Adrián Rodríguez lo hacía en Blue Solving, aunque el juzgado considera que el empresario era la persona que actuaba como administradora del entramado empresarial.
El cuarto investigado es el director facultativo de la explotación en el momento del accidente, la figura sobre la que recae la seguridad en la mina.
A los cuatro se les investiga por cinco delitos por imprudencia, tal y como interesaba el sindicato SOMA-FITA-UGT, designado por el juzgado para dirigir las acusaciones populares.
ILas pesquisas desarrolladas tras el accidente apuntan a que el siniestro se produjo por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral; informó Efe.